Los conflictos laborales de las empresas concesionarias de los dos principales servicios municipales de Segovia, transporte urbano (gestionado por Avanza) y limpieza y recogida de residuos (FCC), siguen creciendo en paralelo sobre todo desde octubre. Fue entonces cuando cobraron fuerza pública con sendos comunicados de sus representantes sindicales, aunque discurren por vías distintas que, eso sí, acaban confluyendo en el Ayuntamiento, como último responsable de ambos. El viernes 25 de noviembre, mientras quienes negocian el convenio de transporte registraban la convocatoria de paros parciales para los días 7, 14 y 21 de diciembre (de 6.15 a 9.15 horas), por falta de acuerdo en el capítulo económico (aunque el paro del día 7 se ha decidido dejar sin efecto para seguir negociando), los miembros del comité de empresa de FCC recibían la notificación de la última sentencia judicial relativa a la demanda que interpusieron contra su empresa por no haber aplicado la subida salarial pactada para este año. El Juzgado de lo Social ya les dio la razón en julio, y ahora ha sido el TSJ el que ha desestimado el recurso de la empresa.

Según las tablas que se acordaron, a los empleados de FCCles corresponde un incremento del 7% desde enero de 2022 (un 0,5% más el IPC real de 2021, que ascendió al 6,5%), pero aún hoy siguen cobrando lo mismo que en 2021, después de que la empresa alegara un «cambio de contexto» con respecto al momento en que se aprobó el convenio, que «pone en riesgo la viabilidad del contrato» del servicio si aplica tal subida de nóminas, que conlleva un gasto anual extra en personal de más de 300.000 euros. En el verano de 2021, cuando se cerró aquella negociación, el IPC aún estaba por debajo del 3,5%, pero la Justicia considera que con eso no basta para incumplir lo firmado. 

En este contexto, el concejal de Medio Ambiente, Ángel Galindo, considera que FCC debería ceder: «Antes de esta sentencia ya dijimos que desde IU siempre hemos defendido que los convenios están para cumplirse, pero es que ahora se trata también de cumplir una sentencia judicial», remarca. ¿Y laConcejalía no va a intervenir? «El Ayuntamiento no está por encima de una sentencia y los trabajadores son de la concesionaria, pero desde luego que no somos ajenos al problema. He solicitado a nuestros técnicos jurídicos que estudien las posibles acciones que tenemos ante esta cuestión», responde, sin llegar a citar ninguna en concreto, dado que además la vía judicial sigue abierta. 

La plantilla se mantiene a la expectativa ante un posible recurso de FCC al Supremo, aunque la jurisprudencia que cita el propio TSJ ya le deja poco margen para que prospere y gane algo que no sea más tiempo de demora. Si no hubiera recurso, los empleados tendrán la opción de reclamar el cumplimiento de la sentencia; y en cualquier caso, teniendo a la Justicia de su lado, de momento se abstienen de convocar ningún tipo de movilización, aunque ya dijeron en octubre que no descartaban nada, en función de cómo evolucionara el conflicto.

Además, por la parte administrativa, en el pliego que rige el contrato del Ayuntamiento con FCC se tipifica como «muy grave» el «incumplimiento de deberes sociales, salariales y laborales del adjudicatario respecto del personal contratado», con la imposición de 'penalidades' por valor de 30.000 euros.

AUTOBUSES URBANOS. En el transporte, mientras, el fondo del conflicto también es económico, pero no se trata de exigir el cumplimiento de un convenio firmado, sino de una negociación que no se cierra. Los empleados aceptan subidas por debajo del IPC, y el viernes 25, en la tercera reunión que mantenían con la mediación del Servicio de Relaciones Laborales, llegaron a rebajar su propuesta al 4,5% en 2022 y otro tanto en 2023. Pero la parte patronal no pasó del 3%, y rechaza el plus de 60 euros al mes que piden los conductores por lo que llaman 'toma y deje'. Es decir, el tiempo que dedican, fuera de jornada, antes de salir de cocheras o al volver: aparcamiento, entrega de recaudación, repostaje, comprobación del vehículo... La plantilla no descarta intensificar las movilizaciones, pero por ahora se limitan a los paros convocados, e incluso el primero de ellos, el del 7 de diciembre, se ha decidido dejar sin efecto para dar más margen a la negociación, aunque se mantienen los de los días 14 y 21. 

¿Y cuál es la posición del Ayuntamiento ante los próximos paros? «Aquí hay un conflicto laboral generado entre la empresa y los trabajadores, y nosotros la posición que tenemos que tomar es la de intentar hacer de mediadores, pero también hacer cumplir los términos del contrato público, que es de lo que somos responsables», decía este jueves la alcaldesa,Clara Martín, al ser preguntada en rueda de prensa. 

Respecto a los servicios mínimos, según Martín, «los tiene que acordar la empresa con los sindicatos». ¿Sin mediación del Ayuntamiento? «Es que esto es un conflicto laboral al que tienen derecho los trabajadores, nosotros no podemos condicionar una huelga», añadió. ¿Pero entonces los servicios mínimos los marca la empresa y el Ayuntamiento no interviene? «Nosotros tenemos que decir si esos servicios mínimos nos parecen correctos, pero no podemos decir si pueden ser más o menos. Tenemos que decir si nos parece correcta la propuesta, nos la trasladarán hoy -por el jueves- y así lo haremos». Y las discrepancias con los sindicatos por los servicios mínimos que se marquen, casi aseguradas.