La última indemnización obtenida por un segoviano ya jubilado que trabajó con amianto la mayor parte de su vida laboral, primero como fontanero en la empresa Klein (que le ha tenido que abonar 117.000 euros) y después en el Ayuntamiento de Segovia (143.000), ha devuelto a la actualidad local un problema internacional de salud que sigue avanzando como una epidemia demasiado discreta en proporción con sus consecuencias. No en vano, a este conjunto de minerales tóxicos, causantes de diversos tipos de cáncer y enfermedades respiratorias como la asbestosis, se atribuyen casi 90.000 muertes al año en Europa, según el Comité Económico y Social Europeo; y casi 80.000 en total en España, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que aún prevé más de 50.000 a nivel nacional de aquí a 2050, ya que las patologías asociadas pueden tardar entre 20 y más de 50 años en manifestarse, y el uso industrial del amianto no se prohibió hasta finales de 2002.
A nivel autonómico o provincial no existen registros que precisen las muertes relacionadas por este material, y respecto a indemnizaciones a afectados por algunas de estas enfermedades, enSegovia sólo han trascendido dos: la ya citada que se resolvió con un acuerdo justo antes de que se iniciara el juicio el pasado 21 de diciembre, pero que pasó desapercibida hasta el 9 de febrero, día en que el Ayuntamiento aprobó el importe que había pactado abonar; y otra con sentencia judicial de abril de 2021 que, por sus similitudes (un exempleado de Klein indemnizado con 370.000 euros), influyó en el avance y resolución del segundo litigio. Un caso llama al siguiente, y la espiral puede crecer.
María del Carmen Riesgo, abogada de Valladolid que ha llevado el caso más reciente de Segovia, trabaja habitualmente para la asociación de afectados por amianto que se creó hace años en su provincia, especialmente marcada por la actividad que mantuvo allí una fábrica de la empresa Uralita, donde estimaciones de sindicatos y trabajadores advierten de unas 160 muertes por cáncer, sobre un total de 800 efectivos en plantilla, aproximadamente, y problemas respiratorios en el 95%. Riesgo ya suma así casi una treintena de clientes por exposición al amianto y sólo uno de Segovia, aunque tal vez no sea el último: «Por lo que he podido conocer, no sería extraño que salieran más casos», afirma en declaraciones a El Día, «sobre todo si se da publicidad a esto y empiezan a sentirse identificadas personas con enfermedades que pueden deberse al amianto sin que hayan sido conscientes, porque aún existe mucho desconocimiento». El largo periodo de latencia de enfermedades asociadas explica además que «casi todos» los clientes de Riesgo trabajaran en Uralita en los años 60 y 70, y que ahora prevea que puedan proliferar casos por exposiciones en los 80 y 90.
El Ayuntamiento de Segovia aún usa un edificio con amianto de la zona del Regimiento para material de obra. - Foto: Rosa Blanco.Rubén Pinel, técnico de Salud Laboral de CCOO en Segovia durante años, y actualmente a nivel nacional, tampoco descarta un posible repunte en esta provincia, aunque «si sucede, no sería tan exagerado como en otras que han tenido fábricas de Uralita, por ejemplo, o como está pasando últimamente en Madrid por el Metro», con al menos una decena de muertes en cinco años.
Lo cierto es que nadie puede considerarse completamente a salvo del amianto porque está en casi todas partes, y si está en mal estado desprende fibras sin necesidad de ser manipulado, aunque la mayor amenaza se cierne sobre quienes trabajan o han trabajado con este material, de ahí su seguimiento por parte de las autoridades sanitarias.
En el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (TEAM) que maneja la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en el marco de un plan nacional coordinado por el Ministerio y con competencias de cada Comunidad, se contabilizan 4.737 a nivel regional, de los cuales 230 son de Segovia, según datos actualizados a 30 de junio de 2022. De ellos, 57 están clasificados como 'trabajadores pasivos', por estar ya jubilados, en paro o en empresas sin relación con este material, y su seguimiento se realiza a través del sistema público de salud por especialistas en neumología de referencia para el plan de amianto. Asimismo, los 173 trabajadores restantes de Segovia que figuran enTEAM están 'activos' y se les controla desde los servicios de prevención de riesgos laborales de sus empresas.
El Ayuntamiento de Segovia, sin ir más lejos, cumple con el protocolo de comunicación a la Consejería de Sanidad y contabiliza16 trabajadores municipales que ejercieron de fontaneros pero ya se jubilaron, por lo que se clasifican como 'pasivos'; cinco que también trabajaron en fontanería y siguen activos, pero ya sin exponerse a amianto; y 13 que «de forma puntual» pueden tener contacto con tuberías de fibrocemento (material compuesto parcialmente por amianto) y «están incluidos en el Plan de Amianto para su seguridad y máxima protección».
La Diputación, por su parte, también a preguntas de El Día, asegura que ya no tiene operarios expuestos al amianto desde 2000, y no aporta datos de ningún listado que maneje sobre trabajadores pasivos.
AMIANTO EN CASI TODAS PARTES. El uso masivo del amianto en diversos sectores industriales durante la segunda mitad del siglo XX, y hasta su prohibición en 2002, por sus múltiples propiedades, alta eficiencia y bajo coste, ha provocado que aún hoy esté en casi todas partes. Permanece en la uralita de tejados, canalizaciones de edificios, salas de calderas, tuberías de abastecimiento y saneamiento... pero también puede estar en una tostadora vieja o un secador de pelo comprado en esos tiempos, pasando por coches, trenes o mangueras.
Su toxicidad se debe a la inhalación de fibras de amianto que flotan en el aire cuando se manipula, o cerca de los focos emisores del interior de viviendas y locales construidos o revestidos con materiales que lo contengan, en caso de encontrarse en mal estado. Una vez entra en descomposición, bien por su manipulación o por el deterioro propio del paso del tiempo, es cuando libera esas fibras suficientemente pequeñas para inhalarlas, pero demasiado grandes para exhalarlas, y es por ello que crece cada día la urgencia por 'desamiantar' espacios públicos y privados, dado que a este material se le atribuye una vida útil de entre 30 y 35 años, se estima que más del 65% la ha rebasado y el 100% lo habrá hecho para 2037.
En este contexto, Europa fijó 2032 como año límite para la completa retirada de todo el amianto, y la ley de residuos vigente en España desde abril de 2022 dio un año a los ayuntamientos para elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada, pero el de Segovia ni siquiera ha empezado. Un incumplimiento que, por otra parte, se presume generalizado en toda España por dudas que suscitó aquella ley, si bien el plazo acaba en abril y aún no hay datos al respecto.
En lo que se refiere a edificios municipales con amianto en tejados u otras partes, el Ayuntamiento de Segovia reconoce que todavía usa, como almacén de acopio de material de obra, un antiguo pabellón de la zona del Regimiento, pendiente de derribo el día que se desarrolle el plan urbanístico ya previsto allí. Y respecto a las tuberías, estima que al menos el 15% de la red de abastecimiento que se utiliza en Segovia es de fibrocemento, porcentaje que se va reduciendo cada año a un ritmo de «casi 600.000 euros de inversión» por ejercicio, aunque dejarlo a cero puede llevar al menos una década.
Desde el área de Salud Laboral de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, mientras tanto, se suelen aprobar entre 30 y 40 planes de retirada de amianto cada año. Pero lo que se tarde realmente en hacer desaparecer todo el que queda en espacios públicos y sobre todo en los privados, o en definitiva de la vida de todos, aún es una incógnita.