El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, también responsable del órgano colegial de Segovia al pertenecer a la demarcación territorial de Madrid, sostiene en esta entrevista que, durante esta crisis, habrá sectores en Segovia, como el comercio, que «lo van a pasar muy mal», debido a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, mientras augura que el turismo, por el contrario, no atravesará por grandes problemas, «incluso va a ayudar al resto de los sectores a salir adelante».
Desde el observatorio que supone una gestoría, ¿cómo prevé que va a incidir la crisis de precios y energética en Segovia?
Segovia tiene unos antecedentes buenos, primero es una ciudad turística, después es una ciudad madrileña, no me refiero políticamente hablando, que es Castilla y León, pero tiene un grado de influencia de Madrid brutal, es la gran ventaja, un público cercano. Es una Comunidad burbuja, las políticas que se han hecho han sido diferentes y, además, es una ciudad autosuficiente, cuando prohibieron los movimientos entre provincias el favor se lo hicieron a Madrid, porque la gente se quedó [gastando] allí.
El sector del comercio es uno de los que lo va a pasar muy mal porque, si los trabajadores no llegan a fin de mes porque ha habido una inflación del 10% pero los sueldos no han subido más que un 6%, el 4% de diferencia la sustancian dejando de comprar ropa o calzado, por ejemplo, y reduciendo tambén el consumo semanal de carne o pescado. Sin embargo, el sector turístico lo pasará sin grandes problemas, incluso va a ayudar al resto a salir adelante. El problema lo tenemos en quien vive al día y no llega a fin de mes de quien lamentablemente, en general, no se ocupan las autoridades públicas, no hablo de siglas.
¿Quiere decir que no se toman medidas adecuadas?
Si se pasea por cualquiera de las calles de las capitales de Castilla y León se verán carteles de 'negocio cerrado', esto va in crescendo. En España han desaparecido 20.000 empresas, en agosto, [en Segovia 207, entre julio y septiembre],en lo que va de año van 90.000 tenemos cerca de 350.000 en riesgo de extinción los especialistas en concurso acreedores dicen que se ha triplicado el volumen. Con los datos que nos envían las gestorías sabemos que más de 125.000 pymes cerraran en España, a final de año, es una pérdida muy grande de empresas y esto no es una crítica política sino económica.
España es un país donde el 94-96% de las empresas son pymes, y una mayoría son micropymes, autónomos y trabajadores o empresarios con dos tres o cuatro trabajadores, que han visto que el costo de la energía se ha duplicado o triplicado, que el de transporte se han duplicado y que ahora ven que tienen que subir los salarios, como es lógico, porque la vida ha subido, está creciendo como mínimo un 10%, pero claro, no se dice que tenemos un país donde casi 900.000 autónomos son mileuristas, entonces si el propio empresario ya es mi mileurista, si subimos los salarios de los trabajadores, estamos empobreciendo también la parte de los empresarios. No podemos es exprimir a los mismos porque al final llega un momento en que no contratan. El 78% de los gestores administrativos cree que los propietarios de pequeños y medianos negocios no tienen confianza en que los Fondos Europeos les ayuden a salir de la crisis. Este dato lo venimos repitiendo en los últimos meses una y otra vez con el objetivo de tratar de concienciar a las administraciones que deben reconsiderar los procesos de solicitud de los fondos para procurar atender a los más pequeños, que son el 98% de nuestro tejido productivo.
¿No cree que es positivo que hayan crecido los contratos indefinidos?
Si se toman los datos del empleo se ve que aumentan los datos de contratos indefinidos pero a costa de reducción de horas de trabajo o de contratos fijos discontinuos. O se trabaja menos, que no me lo creo, o se cotiza menos, si se suma que el 10% de las micropymes se han salido del sistema, que es economía sumergida, tenemos un problema grande porque significa que, como no se puede pagar pero hay que seguir viviendo, se está acudiendo a la trampa y es que doy al trabajador menos horas, por lo tanto cotiza menos, pero cobra lo que tenga que cobrar.
¿Entonces qué futuro augura para los próximos meses?
En marzo decíamos ya que 2022 iba a caer en picado, después de verano; manteníamos que 2023 iba a ser malísimo, que 2024 sería un año de transición y en 2025 se producirá la recuperación, seguimos manteniéndolo, no somos catastrófistas.
En enero advertimos que se iban a disparar los problemas, no se nos hizo caso, denunciamos la deflación, si no se modificaban las cuantías de los aplazamientos o las bases reguladoras de los impuestos y se iba a incrementar por tanto la inflación y el Estado iba a recaudar más. Hoy ya sabemos que puede recaudar en torno a los 60.000 millones más en el 2022 y cerca de treinta y tantos mil millones en el año 2023, hablamos también de que tenía mucho peligro en la reduflación, un procedimiento legal de las empresas, que meten menos cantidad de un producto en el mismo envase, cambiando la etiqueta, pero el público se piensa que está pagando lo mismo por algo donde le están dando menos.
El año acabará con 62.000 millones de déficit público, no se está reduciendo el gasto y sin embargo se está incrementando la recaudación entonces eso aumenta el problema. Hay alguien quien dice que la bajada de impuestos influye en la primera riesgo, no podemos estar de acuerdo, el problema es que los políticos nos hablan en pensamiento macroeconómico y hay que empezar a ponerse a nivel microeconómico.
No podemos estar hablando de que el IPC es un 10%, ¿pero qué influye en la subida?, ¿por qué no se menciona el índice de regularización industrial, que está en torno al 38%, o la cesta de la compra, que en algunos casos está en el 200 o 300%?. Si los tipos de interés suben 1,25 contra una gasolina que sube el 100% se produce una rebaja de un 50% en los costos es decir, no podemos meter en el mismo saco todos los incrementos de costo porque lo que hacemos es autoengañarnos. Los costos importantes para las empresas, bien sea por la postpandemia, por la crisis de los stock, la guerra o la energía es que los stados cada vez suben más los impuestos y suben más el gasto público y eso tiene una capacidad límite.
¿Cuánto coste ha supuesto la covid-19 en bajas laborales?
La base de los datos de nuestros gestores están basadas siempre sobre datos mínimos porque cada trabajador es un mundo es decir, hay quien gana 1.000 euros y otro 1.200. Hemos calculado una media de 794 euros por baja de cada trabajador en esta Comunidad autónoma. El día de la baja lo paga la empresa, luego están los primeros días de baja que hay una parte que no cobra el trabajador, que se lo paga la Seguridad Social, hasta el día número 21. Estamos hablando a nivel nacional por año de 677 millones de euros, en 2020, y 530 millones, en 2021. Luego hay un tercer coste porque la Administración paga el 75% de la base reguladora, ahí estamos hablando de unos 2.300 millones de euros, en 2020, y 2.000 millones, en 2021. Hay un mínimo de 3.000 millones de euros al año que ha costado la baja de los trabajadores, eso extrapolado a cifras de Castilla y León estamos hablando en unos 232,6 millones. 140,4 en 2020 y 152,6 en 2021.
¿Les ha causado problemas a los gestores el trabajo online en la relación con organismos y administraciones durante la crisis sanitaria?
En términos generales no porque, desde la ley de acceso electrónico, que ya hace unos cuantos años de su promulgación, montamos nuestras plataformas telemáticas de conexión con la Administración pública y por lo tanto el hecho de que no haya habido actividad presenciales en muchas ocasiones, no solo no nos ha perjudicado, sino nos ha beneficiado porque éramos la única profesión que estaba preparada para operar telemáticamente. Es cierto que la Administración pública era la que no estaba preparada, en ocasiones, y es de donde ha venido el problema. Ejemplo más claro es el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) donde se trataba de trámites directos del ciudadano ante la Administración sin la intermediación de un profesional, no tenía procedimientos telemáticos, y ahí tenemos el resultado con miles de personas que no llegaron a cobrar los ERTE y que todavía estamos arrastrando en algunos casos, incluso trabajadores que están llegando ahora los tribunales por la no consideración de cotización. La ministra dice que no se considera en paro a un trabajador en ERTE y el SEPE está desestimando el desempleo porque dice que no se ha cotizado, por lo tanto este servicio sí entiende que eran trabajadores en paro...
¿Hay procedimientos telemáticos que han llegado para quedarse?
Sin duda alguna muchísimas operaciones han llegado para quedarse, primero las de los profesionales, de hecho toda la legislación cada vez es mayor en el sentido de que hay que relacionarse de forma telemática con la Administración pública. También es continuo el goteo de administraciones que establecen la obligatoriedad de la relación empresario-administración pública a través de los medios telemáticos, la última que definitivamente se ha subido al carro ha sido la edición General de Tráfico con la Dirección Electrónica Vial. Ahora, a partir del 1 de noviembre, todas las sociedades que tengan una sanción tienen que recibir la telemáticamente a través de la dirección electrónica vial y aquel que no la tenga se puede encontrar con que se da por notificada la sanción y tiene que pagarla o incluso se prevén apremios y embargos.
¿Esta nueva forma de trabajo supone problemas para los gestores?
En absoluto, nuestro procedimiento es el mismo, es más, criticamos en ocasiones que cuando se habla tanto de la digitalización de la Administración pública realmente lo que se está digitalizando es el papel, con lo cual tenemos el mismo proceso que teníamos antes, la misma burocracia, sólo que en lugar de papel es telemática, con una dificultad de que tiene los mismos fallos que el papel y además la brecha digital porque el ordenador ni siente ni padece, antes por lo menos en la ventanilla, podías llorar, reír, filtrear o invitar a un café, que no tiene por qué significar cohecho para el funcionario, pero la pantalla del ordenador no sonríe.