La arquitectura fiscal de Castilla y León es la segunda más beneficiosa para las rentas altas de toda España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Todos aquellos que declaran unos ingresos superiores a 160.000 euros anuales –catorce pagas de 11.500 euros– encuentran en la región el segundo Impuesto de la Renta de las Personas Físicas más bajo del conjunto nacional, solo mejorado por el que ofrecen los vecinos del sur. Por el contrario, en el caso de las las rentas medias –entre 20.000 y 30.000 euros anuales de ingresos–, la fiscalidad autonómica cae hasta el puesto séptimo y noveno respectivamente, tal y como pone de manifiesto el último Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023 presentado ayer por el Consejo General de Economistas de España. Unas posiciones que son orientativas, ya que el informe toma como ejemplo para estas simulaciones la declaración de la Renta de un contribuyente soltero, menor de 65 años y sin hijos, por lo que se queda fuera de muchas de las deducciones fiscales que Castilla y León tiene vigentes.

El documento vuelve a situar un año más a Castilla y León como una de las comunidades con menor presión tributaria del país. Posición que viene ocupando desde hace años pero que se ha fortalecido en este ejercicio al ser una de las siete regiones que optó por meter la tijera en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al aprobar una rebaja de medio punto –del 9,5 al 9 por ciento– en los tramos más bajos. Otras, como Madrid o Galicia, optaron por deflactar el IRPF para contener el impacto de la inflación. Un extremo que Castilla y León descartó y se limitó a la ya mencionado descuento de medio punto.

Patrimonio y Sucesiones

Otra de las grandes operaciones tributarias de este año entre las autonomías fue el intento de las comunidades gobernadas por el PP de tumbar el Impuesto de Patrimonio por la vía de las deducciones fiscales. Madrid lo venía haciendo desde hace años, y en este ejercicio se sumaron Murcia, Andalucía y Galicia. Un carro al que Castilla y León también ha decidido no subirse por el momento, por lo que su posición dentro del ránking nacional de este tributo se aleja del que ocupa con el IRPF. De esta forma, la región tiene entre el décimo y decimocuarto Impuesto de Patrimonio más alto del país, ocupando peor puesto cuanto mayores son los bienes.

En el resto de impuestos analizados por el texto del Consejo General de Economistas de España se ratifica a Castilla y León como una de las regiones con un gravamen por Sucesiones y Donaciones más bajo de todo el país, después de que en 2021 aprobase la bonificación al 99 por ciento de este tributo. Hecho que coloca a la comunidad como la cuarta en la que menos se paga en el caso de heredar bienes o efectivo. Por el contrario, en el caso de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Castilla y León cae hasta los últimos puestos del ránking nacional. No obstante, al igual que en el caso del IRPF, el informe no tiene en cuenta muchas de las deducciones autonómicas existentes.  

Tributos propios

Por último, el estudio señala que los impuestos propios representaron en castilla y León solo el 1,2 por ciento de los ingresos tributarios en 2021, por lo que siguen siendo una escasa fuente de financiación, a pesar de contar con cincuenta regulaciones propias con respecto a la normativa tributaria que tienen «muy poca repercusión en la recaudación».