La Federación de Comisiones Obreras Servicios de Castilla y León denunció hoy que la reducción de las ayudas complementarias para los trabajadores afectados por ERTE y para el reinicio de la actividad económica entre las personas autónomas deja "tirados" a casi 1.000 empresas y 7.000 trabajadores del comercio y hostelería, ya que excluyen a los afectados por expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando empresa y trabajadores llegaron a un acuerdo teniendo en cuenta la ayuda de 210 euros que ahora se les niega.
Para esta federación, que agrupa a los sectores del comercio, hostelería y servicios a empresa, las bases reguladoras del sistema de ayudas, publicadas el 2 de julio, suponen "una agresión a los derechos de la gente y un torpedo al proceso de Diálogo Social", por lo que exige al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que dé la cara y las reconsidere, según denunció hoy el secretario general de CCOO Servicios-CyL, Marcos Gutiérrez Benito, durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario de Acción Sindical de la Federación, Luis Sáez González, recogida por Ical.
Gutiérrez Benito recordó que pese a los cambios en la Consejería de Empleo e Industria, fue Fernández Mañueco quien defendió ante las Cortes el acuerdo firmado en el seno del Diálogo Social el pasado 25 de marzo, un plan de choque que recogía una serie de medidas destinadas a la protección de trabajadores, autónomos, empresas, familias y personas vulnerables con el objetivo de garantizar la cohesión económica y social de la Comunidad.
"Grave agresión"
El sindicalista se preguntó si esta es la respuesta a un colectivo que "ha estado al pie del cañón" cubriendo las necesidades básicas de alimentación y productos esenciales de la gente durante pandemia, cuando no pueden presumir de ser los que tienen mejores salarios, punto en el que instó a la patronal a que reconozca este esfuerzo en la nueva negociación colectiva.
También, denunció que las bases dejen fuera de la convocatoria a empresas de más de 250 trabajadores, puesto que pueden tener varios centros de trabajo en diferentes situaciones, lo que "elimina de un plumazo" al diez por ciento de los centros de comercio y hostelería afectados por ERTES.
Por otro lado, CCOO ve incongruente que se pase de 180 a 90 días y se borre la posibilidad de cobrar todo el período de ayudas, cuando estos trabajadores están cobrando el 70 por ciento de sus salario, unos 700 euros mensuales, que deberían ver que el "esfuerzo estatal" está acompañado del autonómico, lo que permitiría, además, incentivar la demanda interna, el consumo y la economía.
A estas cuestiones, suman que no sean subvenciones directas y el régimen de concurrencia, una "ley de la selva, que implica que el que primero llegue se lleve las ayudas". "Todas las administraciones se están volcando con muchos recursos para hacer viable la vida de las empresas, pero ningún trabajador de Castilla y León ha recibido ni un euro por parte de la Administración regional", sentenció el secretario general de CCOO Servicios-CyL.