El amianto sigue en casi todas partes. Su uso industrial masivo en la segunda mitad del siglo XX por su valoración como «fibra milagrosa» con múltiples propiedades, alta eficiencia y bajo coste, terminó revelándose como una «epidemia silenciosa» que se ganó tal calificativo mucho antes de que la pandemia del coronavirus hiciera pequeñas las cifras de mortalidad de cualquier tragedia sanitaria del último siglo. 
Permanece en la uralita de tejados, canalizaciones de edificios, salas de calderas o tuberías de abastecimiento y (en menor medida) saneamiento, pero también puede estar en una tostadora vieja o un secador de pelo comprado en esos tiempos, pasando por coches, trenes o mangueras. Su toxicidad se debe a la inhalación de fibras de este mineral que flotan en el aire cuando se manipula, o cerca de los focos emisores del interior de viviendas y locales construidos o revestidos con materiales que lo contengan, en caso de encontrarse en mal estado. Cuando está en deterioro, en descomposición, es cuando libera esas fibras suficientemente pequeñas para inhalarlas, pero demasiado grandes para exhalarlas. Se acumulan en los pulmones por una sobreexposición prolongada cuyas consecuencias se manifiestan entre 20 y 40 años después: un tipo concreto de cáncer llamado mesotelioma, cáncer de pulmón, asbestosis (fibrosis pulmonar o pleural)… 
En Europa se diagnostican cada año entre 20.000 y 30.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con este material que ya se consideraba «milagroso» en tiempos de los griegos. Hay constancia de su uso incluso mucho antes, en la Edad de Piedra hace 750.000 años, y constancia documental de dudas sobre sus efectos perniciosos desde el siglo I, por la muerte prematura de los esclavos del Imperio Romano que tejían con amianto.
De vuelta al presente, o al pasado reciente, los médicos empezaron a advertir de su grave riesgo sobre todo desde mediados de los 80, pero su uso industrial no se prohibió hasta 2002 y ha supuesto un desastre global sin precedentes que, en el caso de España, «puede alcanzar los 130.000 fallecidos en 2050», de los cuales «un 40% de ellos aún por llegar». Son estimaciones de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica reseñadas en el Manifiesto por una Ley Integral del Amianto que se presentó en 2020 con la firma de ese colectivo y otros del nivel de la Organización Médica Colegial de España, las sociedades españolas de Medicina de Familia, Oncología Médica y Medicina Preventiva; o la Asociación Española Contra el Cáncer, además de asociaciones de afectados, colectivos vecinales, organizaciones sindicales y Ecologistas en Acción.
Casi 20 años después de que se prohibiera, «sin embargo, no se ha abordado un instrumento legislativo para erradicarlo de nuestras vidas, lo que es especialmente grave si consideramos que no existe nivel de exposición segura al amianto», continúa el manifiesto. De hecho, aunque su retirada (o encapsulamiento, como alternativa en caso de la uralita) es obligada cuando se encuentra en mal estado, «se estima que el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente». Y Segovia, lejos de ser una excepción, apunta a tener incluso más amianto que la media.
No en vano, un tercio de las viviendas de la provincia (cerca de 40.000) y la mitad de las que hay en la capital (más de 13.000) se levantaron entre 1960 y mediados de los 80, los años de mayor expansión de este mineral que todavía siguió empleándose casi dos décadas más. Aislante término y acústico, baja conductividad eléctrica, una alta resistencia al calor, a la abrasión o a los agentes químicos son «propiedades inherentes del amianto» que, unidas a su bajo coste, propiciaron que se extendiera su uso «sin ser conscientes de que con ello estábamos introduciendo en nuestras vidas un potente cancerígeno», tal y como se recuerda en un estudio sobre la identificación y el tratamiento del amianto en Segovia, publicado en 2015 con el sello de la Junta de Castilla y León.  
«Si miramos a nuestro alrededor probablemente tengamos cerca algún material con amianto, a pesar de que en muchas personas permanezca la creencia de que ya no existe, o de que lo poco que aún pueda quedar se encuentra en las cubiertas de algunos edificios o naves», recoge el mismo estudio. Se empleó incluso en la fabricación de productos de gran consumo como secadores de pelo, estufas catalíticas, fundas de planchar o tostadoras; en coches, trenes, aviones o barcos; o en el caso de la industria textil, para hacer trajes aislantes, guantes, fundas de planchar o mangueras. 
El pasado mes de abril, el Juzgado de lo Social de Segovia condenaba a la empresa Klein a pagar más de 370.000 euros a un extrabajador que desarrolló un cáncer atribuido al amianto que se usaba para la fabricación de mangueras de caucho sin adoptar las debidas medidas preventivas entre 1983 y 1992. No obstante, según apuntan desde CCOO, en Segovia no son frecuentes estos litigios, más generalizados en territorios muy significados en el pasado con la industria del amianto como el País Vasco o la vecina Valladolid, donde la empresa Uralita fabricaba fibrocemento, el material para la construcción que contenía amianto. A finales de 2019, esta firma era condenada a pagar 14,5 millones a 14 afectados pasivos: familiares que lavaban la ropa a trabajadores de una fábrica catalana y vecinos que vivían muy cerca.
También fue noticia que un Juzgado de lo Social de Madrid reconociera que la muerte del periodista José María Íñigo en 2018, por un tipo de cáncer que se asocia al amianto (mesotelioma maligno epiteloide), se debió a la inhalación de fibras de este mineral desprendidas por el deterioro del aislante de las paredes de los estudios de RTVE en Prado del Rey, donde trabajó durante años. Sólo por ese tipo de cáncer han muerto casi 7.000 personas en España desde 1999, según se destacaba precisamente el mes pasado en el Congreso, que acordó iniciar los trámites para crear un fondo estatal de compensación para las víctimas que durante años trabajaran en contacto con el amianto. Y los litigios aún se siguen sucediendo dos décadas después, ya que además la enfermedad puede tardar entre 20 y 40 años en manifestarse. 
AMIANTO EN SEGOVIA. De la presencia de amianto en la construcción «se puede hacer una estimación en función de la antigüedad de las edificaciones», sugiere la presidenta de la Demarcación de Segovia del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este (Coacyle), Susana Moreno, con el matiz de que tal estimación debería corregirse a la baja «por las reformas posteriores que se hayan llevado a cabo». «Todas las tuberías que se pusieron durante mucho tiempo llevaban amianto, y también las chimeneas que salen a cubierta, o incluso suelos vinílicos que se pusieron en oficinas entre 1960 y 1980, aproximadamente. Y en los pueblos de la provincia hay mucho, en casas y en naves ganaderas por ejemplo, o a menudo en naves abandonadas que son un problema».

«Si te fijas, verás que la mayor parte de las naves ganaderas tienen las cubiertas de uralita», coincide en advertir Andrés Martín, gerente de Civilcon, una de las pocas empresas de Segovia autorizadas para la prestación de servicios de retirada de este material. «Hay un tipo de uralita de color rojo en la que no suele haber amianto, pero las grises tienen prácticamente todas», y aún hoy «se ven muchas por los pueblos de la provincia, pero también en la capital, sobre todo por el polígono de El Cerro y en Hontoria», añade.

Rubén Pinel, técnico de prevención de riesgos laborales de CCOO, advierte especialmente del problema de las naves ganaderas: «El año pasado estuve visitando granjas de cerdos y hay mucho interés por parte de los ganaderos en retirar el amianto. Tengamos en cuenta que de todas esas naves, las más jóvenes ya pueden tener 30 años, sus tejados se están descomponiendo y esa desfibrilación va a generar más problemas», por lo que les tocará afrontar «un sobregasto importante» que, según Pinel, ha llevado a su sindicato a plantear, en la Mesa del Diálogo Social, la convocatoria de ayudas por parte de la Junta. 

La retirada de tuberías de fibrocemento, material que contiene amianto, suele ser el trabajo más arriesgado por las fibras de este mineral que se desprenden al seccionarlas. - Foto: Civilcon

Entretanto, la demanda de retirada de amianto no deja de crecer, según aprecia el gerente de Civilcon. «Empezamos a ofrecer este servicio hace cinco o seis años y durante el primero igual sólo recibimos cuatro o cinco solicitudes de presupuesto, pero al poco fueron 20 y ahora estaremos en torno a las 40 por año, aunque no todos piden que se retire ya», afirma. En el caso de los particulares, la mayoría suelen contactar para la retirada de cubiertas en edificios de viviendas, cocheras, naves que ya sufren goteras…», justo la semana pasada su empresa «desamiantaba» la cubierta de una cochera en Abades y próximamente hará lo propio en otra en Fresno de Cantespino y en una nave del polígono de Hontoria. En total, según datos oficiales facilitados por la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, en un año atípico como 2020 aprobó 35 planes de trabajo de retirada.

Obviamente, cuanto antes se proceda a la retirada de amianto de una edificación, menos riesgos, y Civilcon aconseja hacerlo «sobre todo en cuanto se dan problemas de goteras, frío, humedades, etcétera», señales claras de deterioro. «A veces nos plantean la posibilidad de reparar pero decimos que no, que es un error porque la uralita va a seguir estando ahí, seguirá creando problemas en el futuro y lo suyo es hacer la inversión de una vez», subraya. Aunque no sea barato: «Como poco, 100 metros cuadrados pueden salir por unos 2.500 euros con IVA», coste que debe cubrir los trámites de autorización de retirada, costes de formación, maquinaria, equipos de trabajo o el canon de traslado a un vertedero de residuos industriales.

SIN INVENTARIOS... POR AHORA. El Gobierno prepara una nueva ley de residuos y suelos contaminados que, siguiendo directrices de la UE, obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar censos de instalaciones con amianto (en principio, antes de 2023) y un calendario para su retirada. 

El desmontaje de tejados de uralita es la demanda de retirada de amianto más habitual por parte de los particulares.

El Ayuntamiento de Segovia, sin ir más lejos, carece de un inventario semejante. «Vamos a ver cómo se refleja finalmente la obligatoriedad en la legislación, estaremos pendientes y confiamos en que al menos faciliten ayudas realizarlo, porque será un trabajo complicado», reconoce la concejala de Urbanismo, Clara Martín. No obstante, recuerda que «las inspecciones técnicas de edificios (ITE) sí son obligatorias para los que tienen más de 40 años, en ellas se detalla si hay presencia de amianto y de momento no consta ningún caso grave o urgente», asegura.

En cuanto a los edificios municipales, el concejal de Obras, Miguel Merino, señala que «un inventario como tal no existe, pero en lo que se refiere a edificaciones que dependan del Ayuntamiento y tengan un uso público habitual, tampoco hay constancia de que quede nada». «Lo último que se conocía de vestigios de amianto era la cubierta de una caseta de la escuela de adultos de San José (CEPA Antonio Machado) que se retiró hace unos tres años», aparte de una edificación del antiguo Regimiento con uralita que el Ayuntamiento utiliza como «punto de acopio de material de obras, sin que los operarios deban permanecer dentro más que para coger y dejar ese material», ya que su manipulación (para hacer cemento, por ejemplo) se realiza en el patio.

El responsable provincial de UGT, Miguel Ángel Mateo, afirma que no le constan quejas de empleados municipales relacionadas con amianto, al tiempo que destaca que los protocolos de trabajo con este material «son muy estrictos, sobre todo en el sector público por el tema de las tuberías», aunque recuerda que su sindicato lleva «varios años» pidiendo una revisión al alza del plus de penosidad y toxicidad de los fontaneros municipales, «ya que cuando se evaluó no se conocían los riesgos del amianto como ahora». El técnico de prevención de riesgos laborales de CCOO, por su parte, coincide en valorar que «el Ayuntamiento de Segovia tiene un proceso muy riguroso de control», y también apunta que «el mayor riesgo está en los cortes de las antiguas tuberías de amianto, más que en los tejados».

"Prácticamente todas las uralitas de color gris suelen tener amianto", según advierten desde la empresa segoviana Civilcon. - Foto: Rosa Blanco

En el informe antes citado que se publicó en 2015 con el sello de la Junta, centrado en la identificación y el tratamiento del amianto en Segovia, se apuntaba que, de los 209 municipios de Segovia, 120 confirmaban entonces la existencia de fibrocemento en su red de abastecimiento; 80 dijeron que lo desconocían; y 9 aseguraron que ya no tenían. Además, «en algunos municipios donde se ha realizado la renovación de las mismas, ésta no ha llegado a ser total y, aunque lo fuera, no se debe obviar que con frecuencia las tuberías antiguas han quedado soterradas, con lo que el riesgo por exposición al amianto seguiría presente».

En cuanto a Segovia capital, el concejal de Obras afirma que, a diferencia de lo que sucede con los edificios particulares o municipales, «de redes sí hay inventario». La ciudad tiene «entre 130 y 150 kilómetros de tuberías de abastecimiento en uso y quedan entre 20 y 30 por renovar»; redondeando, entre un 15 y un 25%. 

Sólo el polígono de Hontoria suma más de seis kilómetros de tuberías de fibrocemento pendientes de renovación, y también queda mucho en La Albuera o incluso en Nueva Segovia, en este caso, según el concejal, por ser un barrio relativamente joven, con mucho desarrollo en los 80, de modo que ha registrado menos obras de reposición por averías que otras zonas más viejas.

Merino declina aventurarse a calcular cuánto tiempo llevará retirar todo el fibrocemento pendiente. «Depende mucho de las obras viarias que se van planificando, pero la renovación de redes es una prioridad absoluta que marca mucho las reurbanizaciones que se llevan a cabo». En cualquier caso, si se mantuviera el ritmo más habitual de los últimos años, en los que se ha avanzado a un ritmo de unos dos kilómetros por ejercicio, harían falta de 10 a 15 más. Un plazo largo pero, salvo cambio de guion que se propiciara por ejemplo con hipotéticas convocatorias de ayudas impulsadas por fondos europeos (no hay que olvidar que el Gobierno ha anunciado casi 7.000 millones para rehabilitación de viviendas de aquí a 2023), no será menos tiempo del que se tarde en erradicar por completo el amianto de las edificaciones y, sobre todo, de nuestras vidas.