En Moncloa, preocupados por la revuelta de los "barones territoriales", aseguran que Sánchez se va a volcar en dar explicaciones sobre el alcance, contenido y prebendas del acuerdo con ERC. Y se comprende la preocupación gubernamental, dado que ya no pueden acusar, sólo, a Emiliano Garcia Page de deslealtad.
Pero tal vez el propio Sánchez, su escudero Bolaños y y su fiel responsable de Hacienda, María Jesús Montero, se olvidan de que, además de a los suyos, deben una explicación a los españoles. Queremos saber si, junto a la ruptura de la caja común en la recaudación de impuestos, se ha roto la solidaridad Inter regional en otros aspectos. Si ese acuerdo que permitirá, salvo contratiempos de última hora, a Salvador Illa presidir la Generalitat, no precisa de una reforma constitucional para la que no hay consenso. Ya no sirven las desmesuradas calificaciones de la ministra portavoz, Pilar Alegria, (hasta hace unos días firme opositora al "concierto" catalán) que describió el acuerdo como "revolucionario resultado del diálogo entre diferentes".
Evidentemente, el diálogo, sin necesidad de ser revolucionario o heroico o magnífico, es imprescindible entre el Ejecutivo central y las autonomías. Pero este pacto con ERC no es un diálogo, es una cesión en toda regla cuyo alcance no conocemos. El argumento, repetido hasta la saciedad de que Sánchez ha logrado normalizar la relación del Estado con Cataluña y desinflar el soufle independentista no se lo cree nadie.
El soberanismo se quebró cuando la proclamada independencia duró el tiempo de hacerse una foto y cuando sus dirigentes, los de Junts, se dieron a la fuga. Cuando las arcas catalanas quebraron por la salida de sus principales empresas y cuando el Ejecutivo de Aragonés redujo la Sanidad y la Educación pública a sus peores niveles. Si, además, el "necesitado" Gobierno del Estado les da, una tras otra, todas sus exigencias ¿para que quieren la independencia.
Por eso, porque la amnistía, ten negada y rechazada, llegó mucho más lejos de lo dicho al principio, porque se incluyeron delitos que nunca se iban a incluir, porque la presidencia del Constitucional en manos de Cándido Conde Pumpido hace prever que los recursos no se verán hasta el final de la legislatura, exigimos saber el contenido del acuerdo párrafo a párrafo.