El interventor general del Ayuntamiento de Segovia sostiene en un informe que «en la actualidad no es posible el desempeño de las funciones inherentes al puesto de una manera dirigente y con garantías jurídicas al carecer de medios adecuados y proporcionados al trabajo existente». Además de quejarse de que no cuenta con recursos técnicos, económicos y humanos suficientes advierte que no tiene «acceso pleno e inmediato a los expedientes electrónicos».  

Ha sido especialmente esto último lo que ha alertado a la oposición municipal, así como la remisión del documento al Tribunal de Cuentas. En el pleno de pasado enero, que es cuando se tuvo conocimiento de este informe del interventor durante la parte de la sesión en la que se trasladaron distintas actuaciones a los 25 concejales de la corporación, el concejal socialista Jesús García-Zamora, y el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, preguntaron a la concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, por estos problemas que recoge el documento elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento dentro del Plan anual de control financiero de 2025.

Galindo afirmó en ese pleno que la lectura del informe «nos ha dejado bastante preocupados... y con bastante inquietud y creemos que hay que poner medidas para corregirlo». Tanto él como García-Zamora consideran especialmente grave que este funcionario, uno de los más importantes para la gestión económica y el control financiero del Ayuntamiento, no tenga acceso a expedientes electrónicos.

La edil de Hacienda no hizo referencia concreta a esa falta de acceso a expedientes pero, además de asegurar que «la situación que sufre el servicio de Intervención se viene arrastrando desde hace bastantes años, mucho antes de que nosotros llegáramos a este equipo de gobierno», anunció que «se van a llevar a cabo una serie de actuaciones de modernización administrativa y de aplicación de nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito de las tramitaciones administrativas, que es otra de las grandes deficiencias que tenía este Ayuntamiento y actualmente no se cuenta con ellas siendo uno de los recursos que más echa en falta la Intervención».

Serrano, por lo tanto, sostiene que el equipo del alcalde, José Mazarías, está adoptando las medidas necesarias para suplir las carencias que reconoce tiene el interventor para desempeñar su función.

Además, la edil del Partido Popular asegura que la remisión al Tribunal de Cuentas del informe del interventor «no tiene ninguna trascendencia más que poner en valor esa posible dificultad que pueda tener el ejercicio de la labor interventora».

En recursos humanos, Serrano ha informado de que el Ayuntamiento va a proceder a la cobertura de la plaza de viceinterventor este mismo mes de febrero, «lo que va a permitir el desarrollo de la organización del servicio conforme a la planificación que ha determinado el propio interventor como responsable, separando las partes de gestión del control financiero de la parte contable».

Ha añadido que también se ha dotado a este servicio municipal, a través de la modificación de la RPT (Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento), de un nuevo puesto de carácter técnico que será cubierto cuando el gobierno municipal tenga disponibilidad económica, ya que, aunque esa modificación de la RPT ha sido aprobada por el pleno, no así el presupuesto de 2025, donde figuraba la partida correspondiente en el capítulo de Personal. Reconoció la responsable del área económica municipal que es un puesto de trabajo que el interventor lleva reclamando «desde hace meses».

Por otro lado, explicó que se ha reforzado la oficina de Intervención con «apoyos de carácter externo», con la contratación de auditorías para la función interventora pero también para el seguimiento y justificación de los proyectos financiados con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde IU y PSOE insisten en que nunca antes se habían producido informes del interventor que recogieran «la imposibilidad de acceder a expedientes».

El interventor general es Antonio Ramón Olea Romacho, tomó posesión en octubre de 2023 pero en el Ayuntamiento ya es «vox populi» que está a la espera de un traslado a otra administración local.