Hacer decaer la proposición de ley de Concordia o acabar en el Tribunal Constitucional. Estas son las dos opciones ofrecidas por el Gobierno de España a los grupos parlamentarios de PP y Vox en Castilla y León como respuesta a la iniciativa conjunta de ambas formaciones para la aprobación de esta normativa en la Comunidad que amplia la memoria histórica hasta la Segunda República, «elimina las visiones sesgadas de la historia» y crea una comisión de exhumaciones. Un mensaje que también se extiende a Comunidad Valencia y Aragón, donde ambos partidos han impulsado sendas normativas en la misma dirección, en tramitación parlamentaria en el caso valenciano y ya aprobada en Aragón.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue el encargado este lunes de comunicar la ofensiva del Ejecutivo central contra las distintas leyes de Concordia que se están desarrollando en los gobiernos de coalición. No obstante, en el caso de Castilla y León, al igual que la Comunidad Valenciana, es un aviso previo, toda vez que la normativa acaba de iniciar su tramitación parlamentaria.

Es por ello que Torres reclamó a los grupos de PP y Vox en las Cortes autonómicas que entierren su proposición de ley de Concordia en Castilla y León para evitar tener que acabar en el Tribunal Constitucional. «Es inadmisible porque lo que pretende el Partido Popular obligado por Vox y cediendo el PP es blanquear la dictadura. No se puede igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de tortura, de ausencia de libertad con un periodo democrático. Eso es inadmisible», explicó el ministro durante una rueda de prensa para anunciar las acciones del Gobierno.

Una vez que el Ministerio tenga el expediente informativo sobre las leyes –no aclaró si en el caso de Castilla y León y la Comunidad Valenciana esperarán a su aprobación definitiva–, se requerirá a los gobiernos autonómicos para abrir una Comisión bilateral con el fin de que retiren las normas, y será después, en caso de no llegar a un acuerdo, cuando el Ministerio acuda al Constitucional. «Somos realistas. Es complicado que lleguemos a un acuerdo en este campo».

«Doble rasero»

Las acciones anunciadas por el ministro de Política Territorial no tardaron en encontrarse con reacciones en Castilla y León. Unas respuestas ejercidas casi en su totalidad desde Vox, mientras que desde el PP aseguraron que no habría valoraciones por el momento. El único miembro popular que salió al paso fue el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, durante un acto en Valladolid, donde se limitó a señalar que «el Gobierno tiene que hacer lo que crea oportuno», aunque afeó al Ejecutivo central como quien se «salta» las «reglas del juego».

Desde Vox, su portavoz parlamentario, Carlos Menéndez, tachó al Gobierno de «hipócrita» por anunciar un recurso en el Constitucional por la proposición de la ley de Concordia pero tramitar la de Amnistía, «que a la vista de todas las asociaciones de juristas y los propios letrados del Senado, es un texto anticonstitucional». «Esto es lo que debe entender el PSOE por democracia». En esta misma línea, el consejero de Industria, Mariano Veganzones, se mostró «sorprendido» por la «actitud de doble rasero» del Gobierno central, al que acusó de «por un lado, fomenta la desigualdad y, por otro, no respeta la igualdad de los españoles», informa Ical.

El líder regional del PSOE, Luis Tudanca, celebró la decisión del Gobierno y subrayó que los socialistas llegarán «hasta el final» en la defensa de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.