Segovia es la provincia de Castilla y León que cuenta con menos parques eólicos y, a su vez, se encuentra en el puesto 40 respecto a las 45 provincias españolas qu cuentan con esta fuente de energía. Los últimos datos publicados por la Junta de Castilla y León contabilizan tan sólo tres parques de estas características en la provincia, bajo los nombres de Grado, Piedras del Alto y Villacastín, todos ellos pertenecientes a la compañía Gamesa. Estos parques suponen tan sólo el 1,14 por ciento del total de parques eólicos en funcionamiento de Castilla y León, cifra que se sitúa en 263. Estos se encuentran repartidos en el resto de provincias, un ranking liderado por Burgos con 80 parques, al que sigue Palencia con 45, Soria con 42, Zamora con 28, Valladolid con 23, León con 17, Ávila con 15 y Salamanca con 8.
Gracias a estos datos, la parte norte de la Meseta Central se ha convertido en la principal comunidad autónoma del país en la generación de este tipo de energía renovable, contabilizando 13.553 gigavatios por hora en 2023. Detrás de ella se sitúan Aragón (12.004 GWh) y Galicia (9.086 GWh).

Pero a pesar de la buena posición de Castilla y León a nivel nacional, las cifras de los aerogeneradores en la provincia de Segovia está muy alejada del resto de la Comunidad. Y es que el parque de Grado, que comparte término municipal entre Ayllón y Soria cuenta con 32 aerogeneradores; el de Piedras del Alto, perteneciente a los términos de Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de Enmedio y Pradales, suma 40 aerogeneradores y, por último el de Villacastín, ubicado en la localidad con el mismo nombre, cuenta con 22 aerogeneradores. En total, son 78 turbinas eólicas (en Segovia) repartidas por casi 7.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Segovia que proporcionan una potencia eólica total de 62,12 Mw.

En cuanto a la distribución de la potencia eólica por provincias en Castilla y León según los datos de diciembre de 2023, Segovia continúa a la cola de la Comunidad, con 62 Mw. Por encima se encuentran  Salamanca (193 Mw), Ávila (261 Mw), León (444 Mw), Zamora (612 Mw), Valladolid (756 Mw), Palencia (908 Mw), Soria (1.263 Mw) y Burgos (2.140 Mw).

A esto se suma la antigüedad de los parques segovianos, que datan de comienzos de los años 2.000. Concretamente, el más antiguo es el de Villacastín, del año 2.000; seguido por el de Piedras del alto, de 2.004, para dar paso al más reciente, el de Grado, puesto en marcha en el año 2.005.  
Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE) de España, «el motivo por el cual no se  hacen más parques eólicos en Segovia se explica por el hecho que donde hay viento es en zonas protegidas por algún tipo de figura medioambiental (parque nacional, natural, ZEPA, LiC)».

Un proyecto que fracasó. Hace menos de diez años que la empresa Jarmar Eólica presentó un proyecto para la creación del  parque eólico 'La Matilla' en Brieva. Una idea que finalmente fracasó debido a la que la Junta de Castilla y León emitió una Declaración desfavorable de impacto ambiental-

El proyecto contemplaba la instalación de tres grandes aerogeneradores de tres megavatios cada uno, cuya altura total desde la base de la torre hasta la punta de las aspas que hubiera sido de 186 metros. A esto se sumó que el emplazamiento del proyecto se situaba a sólo 3.600 metros del espacio 'Sierra de Guadarrama', perteneciente a la Red de Conservación Natura 2000. Por ello, diversas instituciones públicas (como los ayuntamientos de Brieva y Cabañas de Polendos) y asociaciones de defensa ambiental (entre ellas, Ecologistas en Acción de Segovia, Centaurea y SEO-Birdlife) habían presentado más de 1.600 alegaciones e informes y 2.000 firmas para mostrar su oposición al proyecto.

El entonces alcalde de Brieva, Nicolás Herranz, explicaba que la instalación de este parque eólico causaría un impacto muy importante en el municipio, además de que la empresa promotora tenía la intención de solicitar su declaración como de utilidad pública, lo que abriría la puerta a la expropiación de terrenos.

Como punto final al debate, tras la emisión en 2015 de un informe desfavorable, en 2017 la Junta reiteraba la decisión: la declaración de impacto ambiental continuó siendo desfavorable.