La lucha con éxito de una familia contra una tubería de plomo

Nacho Sáez
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El Ayuntamiento retira la pieza tras más de diez años de requerimientos.

Héctor de Lama muestra una de las respuestas recibidas del Defensor del Pueblo. - Foto: Rosa Blanco

Héctor de Lama está pendiente de que salgan los resultados de unas analíticas que se hizo hace unos días para saber sus niveles de plomo en sangre. Hasta que el pasado 20 de marzo el Ayuntamiento cambió la tubería que lleva el agua a su casa, aquella había sido de plomo. Él y sus padres llevan residiendo en esa vivienda desde hace 28 años, y su hermana también hasta hace poco. Lo peor es que su salud ha estado expuesta mucho más tiempo del debido. Hace una década que solicitaron al Ayuntamiento que retirara la tubería de plomo.

Esta familia teme que otros segovianos estén en esta situación. «Si no hay una avería, no te la cambian. O si no acudes al Defensor del Pueblo como hemos hecho nosotros», señalaban el pasado 3 de abril a las puertas de su casa mientras operarios del Ayuntamiento reponían el asfalto levantado para hacer el cambio de tubería. «Hemos estado pidiéndolo diez años, pero el Ayuntamiento decía que la teníamos que cambiar nosotros y además pagar una fianza. No conseguimos absolutamente nada y la persona que nos lo denegaba sigue en el mismo puesto de Urbanismo y Obras».

De Lama y sus padres viven en una de las conocidas como 'casas bajas de El Carmen'. Situada en la calle Santa Teresa de Jesús, es unifamiliar y de dos alturas. «Vinimos a vivir aquí cuando yo tenía  siete años y mi hermana 11. No sé en qué año nos vinieron a cambiar el contador del agua y el que nos lo hizo nos dijo que todas las tuberías que teníamos eran de plomo, así que nosotros cambiamos todas las del interior de la casa, pero considerábamos que la que va de la casa la general la tenía que cambiar el Ayuntamiento. Y nos contestaron lo de que lo teníamos que hacer nosotros y pagar una fianza», explican.

El Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro prohibe la instalación de tuberías de plomo.   Y añade: «En redes de distribución, acometidas, conducciones e instalaciones interiores de edificios públicos o comerciales o pisos en alquiler, sus titulares deberán sustituir las tuberías instaladas que contengan plomo y el resto de productos con componentes de plomo en contacto con agua, en función del riesgo y siempre antes del 2 de enero de 2030 cuando sea económica y técnicamente factible. En todo caso, se realizará la sustitución de dichos elementos en cualquier instalación existente en caso de obras de reparación o reconstrucción, así como en el caso de construcción de instalaciones nuevas».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene un informe dedicado a la intoxicación por plomo. «El plomo es una sustancia tóxica que va acumulándose en el organismo y afectando a diversos sistemas. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo», indica. Según la versión actualizada en 2021 de la publicación 'Public health impact of chemicals: konwns and unknowns', de la propia OMS, casi la mitad de los dos millones de vidas perdidas por exposición a sustancias químicas registradas en 2019 fueron consecuencia de la exposición al plomo. 

«A nosotros no nos han hecho caso hasta que el Defensor del Pueblo no recordó por segunda vez al Ayuntamiento en febrero que está obligado a colaborar», lamenta De Lama. Decidió recurrir al Defensor del Pueblo ante la negativa del Ayuntamiento a aceptar sus peticiones. En mayo de 2022 solicitó a los servicios municipales que realizaran controles del agua para consumo humano o sustituyeran las tuberías de plomo de su casa. 

El Ayuntamiento lanzó patada a seguir: «El Ayuntamiento cumple con lo establecido en el Real Decreto 14/2003. de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano; que en lo relativo al control de la calidad del agua de consumo humano, el Ayuntamiento cuenta con la empresa Aquona Gestión de Aguas de Castilla SAU, que como gestor del abastecimiento realiza las analíticas de autocontrol del agua de consumo humano y las de control del agua en el grifo del consumidor; y que por las especiales características de antigüedad y material de la acometida de agua del inmueble se solicitará a Aquona la inclusión de este suministro como punto de muestreo dentro de la programación anual del control analítico en el grifo del consumidor».

Pero nunca hasta hace unos días había pasado nadie por la casa de esta familia para hacer una analítica. La visita del operario coincidió casi en el tiempo con el aviso por segunda vez del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de que tenía que entregarle toda la información. «El análisis del agua dio que los niveles de toxicidad en nuestra casa eran cuatro veces superiores a los permitidos. Se fue el señor y a los pocos días nos llamaron del Ayuntamiento diciéndonos que iban a cambiar la tubería», relata De Lama, que se queja del tiempo perdido: «Es muy grave. ¿Y si a cualquiera de nosotros nos diagnostican un cáncer?». Ahora solo esperan que el Ayuntamiento se tome más en serio este asunto, aunque no tiene un inventario de las tuberías de plomo que continúan existiendo.

LA POSTURA DEL AYUNTAMIENTO. El concejal de Infraestructuras y Servicios, José Luis Horcajo, califica el caso de esta familia como puntual. «No sé el motivo porque esto me lo he encontrado», dice. Sí que reconoce que el Ayuntamiento carece de un inventario de las tuberías de plomo que siguen existiendo en la ciudad: «Pero creemos que no son demasiadas y que las concentraciones de plomo dentro del agua normalmente son mínimas y que incluso no tienen porqué tener un peligro para la salud. Hay que lanzar un mensaje un poco de tranquilidad».

El Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro prohibe la instalación de tuberías de plomo y exige la retirada de las existentes en función del riesgo y siempre antes del 2 de enero de 2030 cuando sea económica y técnicamente factible. «Parece ser que en la zona de La Albuera de la Colonia Pascual Marín sí que debe haber algunas más, pero muchas han sido sustituidas. Es una de las zonas en las que más se ha intervenido y se han sustituido las tuberías», apunta el edil de Infraestructuras y Servicios.

Preguntado por cómo va a abordar el Ayuntamiento esta tarea, apuesta por hacer primero un diagnóstico: «Tenemos que analizar cómo está la situación, pero queremos cumplir con ese plazo de 2030 y dejarlas todas renovadas, incluidas también las de fibrocemento. Cuando hay averías se sustituyen, por supuesto». Desmiente que el Ayuntamiento esté realizando prospecciones con la utilización de detectores de metales para localizar este tipo de tuberías.