El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y exdecano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo (El Espinar, 24 de marzo de 1956) recogió el pasado viernes la Cruz de San Raimundo de Peñafort, una condecoración civil que entrega el Ministerio de Justicia. En su discurso de agradecimiento, Sanz Orejudo se mostró del vínculo que este reconocimiento mantiene con la Constitución de 1978, en cuya promulgación desempeñó un papel muy relevante la abogacía.

¿Cambiaría esta condecoración por que se alcanzara un pacto de Estado por fin en la Justicia?
La pregunta no deja de ser curiosa, La distinción otorgada tiene una dimensión personal que no es equiparable con nada. Que le reconozcan a uno a propuesta de sus compañeros una trayectoria profesional de más de 40 años no es cambiable. Son cosas diferentes. Abogo por quedarme con la distinción, sin duda alguna, y por solicitar una vez más, como venimos haciendo desde la abogacía ya tantos años, este pacto de Estado. La justicia está pasando una crisis endémica, pero últimamente con una dimensión brutal que está  provocando el colapso judicial en la organización y funcionamiento de los órganos judiciales y  también una paralización institucional importante que hace que la justicia cada día esté más bloqueada. 

¿Diría que la justicia sufre su momento de más descrédito?
Yo no he vivido una situación de descrédito tan grande como la que vivimos actualmente. La justicia siempre ha sido el pariente pobre de la administración pública española. En la justicia no se ha invertido nunca dinero y la carencia de medios materiales humanos también es endémico. En la justicia nos movíamos en unas relaciones profesionales fluidas y de cercanía con los jueces,  fiscales, abogados, órganos judiciales... Ahora el mundo es otra cosa, la globalización es otra cosa y los cambios tecnológicos, tan importantes, a los que hemos de adaptarnos, nos distancian cada vez más de las personas y de las relaciones. Se impone una telemática, del dato. 

¿Puede el ciudadano confiar en la justicia en estas condiciones?
Lo extraño de este fenómeno tan complejo es que el ciudadano sigue confiando en la justicia. Los barómetros estadísticos nos dicen al menos –y nosotros lo vemos cuando llegan los clientes a nuestros despachos– que los ciudadanos requieren la presencia de un juez. Los abogados somos los primeros jueces porque muchas veces somos capaces de resolver el problema que nos trae nuestro cliente sin acudir al juzgado pero, a pesar de que les decimos que ir a un conflicto judicial es tener un año por delante como mínimo para que se resuelva y que siempre hay un ganador y un perdedor, el ciudadano sigue insistiendo en esa idea. Es un mundo de gran complejidad, pero la grandeza de la abogacía es acometer esos mundos complejos y problemáticos para la ciudadanía, escuchando y defendiendo al cliente con rigor y lealtad. 

¿Se acabará algún día con el mantra de que la justicia es lenta?
Yo vengo manteniendo que las nuevas tecnologías son de gran utilidad  para el ejercicio profesional de la abogacía, pero una cosa es la modernidad y la adaptación a los nuevos tiempos y otra cosa es la solución de los conflictos. Es decir, la tecnología no va a resolver que se dicten sentencias más rápidas o menos rápidas. Cada juez tiene su competencia jurisdiccional propia y desde luego que hay jueces encomiables que dan una respuesta breve en tiempo al conflicto, pero hay otros jueces que no. No puede ser que en una provincia como la nuestra o en cualquiera de Castilla y León haya órganos judiciales que dictan sentencias al año y medio o a los dos años o que no se admitan demandas por la oficina judicial en seis meses.

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Aquí los únicos que estamos sometidos a plazos somos los abogados.  ¿Por qué no ocurre esto en el ámbito jurisdiccional y por qué se incumple sistemáticamente la ley por parte de los órganos judiciales que no respetan lo que dice la ley en cuanto a los plazos? 

¿Cuál sería la primera medida que tomaría para mejorar el funcionamiento de la justicia si lo nombraran ministro?
Por el bien de la estabilidad democrática e institucional de este país sería la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque es absolutamente impresentable la situación de deterioro que está provocando. Está bloqueando de alguna manera el funcionamiento de la justicia con una dimensión que ya trasciende al funcionamiento de los órganos judiciales y a la función jurisdiccional del juez. Es una dinámica muy perversa que yo espero que tenga una pronta solución, aunque como dice nuestro decano si no es con este ministro –que tiene un gran poder político– no se va a conseguir en mucho tiempo.

¿De quién es culpa la no renovación del CGPJ?
Yo procuro ser una persona que atempera, pero creo que aquí el Partido Popular no está cumpliendo con el mandato constitucional que le obliga a renovar el órgano de gobierno de los jueces. La abogacía no puede hacer más que dirigirse todos los días a las altas instancias judiciales, administrativas o políticas para que se aproximen las posiciones, porque por medio está un poder del Estado y creo que esta situación no solamente perjudica a los ciudadanos  sino que está llegando a poner en una situación muy complicada el estado de derecho y a la propia democracia. No exigimos más que el cumplimiento de las obligaciones por parte de cada uno. Y ya después que se discuta todo lo que se tenga que discutir.

¿Qué necesidades específicas tiene Segovia en materia de justicia?
Hemos logrado tras muchos años un avance importante como es estar todos en el edificio judicial. Pero en Segovia seguimos seguimos con carencias. Sigue habiendo órganos judiciales de gran problemática en cuanto a la respuesta judicial en el tiempo. En estos momentos tenemos que darle un tiempo porque han entrado en juego nuevas leyes en el servicio público de justicia, de eficiencia procesal, digital y de organización con la nueve oficina judicial. Las ejecuciones son un auténtico problema y es obligación también de los órganos judiciales y de los jueces cumplir y hacer cumplir la ley. Las ejecuciones no están funcionando por diversas y múltiples razones, y es un auténtico agobio el tener una sentencia favorable y no poderla cumplir. Me refiero fundamentalmente a asuntos civiles, en los que hay mucha complicación en la ejecución. 

Como residente en el medio rural en El Espinar, ¿qué le parece la creación de los tribunales de instancia y la posible eliminación de los juzgados de los pueblos?
Se prevé que en los pueblos se mantengan delegaciones u oficinas de justicia municipales que habrá que ver cómo se desarrollan y quién las atiende, pero yo creo que la justicia requiere de mucha racionalización. Tenemos partidos judiciales que son puntos negros de la justicia. Veremos cómo se desarrollan los tribunales de instancia y la permanencia de estos en los partidos judiciales y su funcionamiento y sus especialidades. Pero no por ello hay que dejar desatendidos a los ciudadanos. Los pueblos tienen que seguir funcionando. Si a los ciudadanos del medio rural les quitamos los juzgados, los juzgados, los bancos y los médicos, les condenamos no solamente al sacrificio sino también a una muerte cronificada. Pero hay que dar un poco de tiempo a ver cómo se estructuran los tribunales de instancia porque, además, no se han suprimido los partidos judiciales.

Parece que el Gobierno también estudia encargar a los fiscales la instrucción de los procedimientos.
Es la eterna reivindicación de los propios fiscales y ya es así en muchísimos países europeos. Requiere de una modificación de la Ley de Enjuciamiento Criminal y de toda la nomenclatura de la Fiscalía. Si es así, tendrán que darles medios y modificar su estructura completamente para que de verdad instruyan, porque lo que ocurre actualmente es que quien instruye realmente es la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los fiscales aparecen algunas veces y otras no. Yo soy escéptico, pero la sociedad está para avanzar y para buscar nuevas fórmulas que mejoren la situación y funcionamiento de la justicia.

Lo que no cambia son los problemas que sufre la abogacía en el turno de oficio.
Las indemnizaciones que se reciben en materia de turno de oficio son escandalosamente vergonzosas. Se llevan sin modificar desde 2018 y, aunque con el actual equipo ministerial había unos compromisos para la actualización de baremos y para que atendieran una serie de peticiones –como que al abogado se le pague por todo lo que trabaja–, seguimos pendientes porque los Presupuestos [Generales del Estado] han quedado bloqueados. Hay un hartazgo absoluto y un malestar general de la abogacía porque no es de recibo que que tengamos este tratamiento. La abogacía pide respeto a su trabajo y pide que se le pague cuando trabaja. ¿Qué pasaría si a un funcionario de educación, de sanidad o de carreteras del Estado se le tuviera tres meses sin cobrar? Habría una respuesta social y una hecatombe política. Pues nosotros aquí estamos manteniendo un servicio público de primer orden a través del trabajo de los abogados, que lo siguen desempeñando con absoluta responsabilidad en pro de la tutela judicial efectiva y para atender a las personas más vulnerables . El ministro ha anunciado una nueva Ley de Justicia Gratuita. La que tenemos es del año 96 y requiere de una actualización importantísima.

¿Hay riesgo de que el servicio del turno de oficio pierda calidad por este continuo maltrato?
Los barómetros en materia de justicia gratuita valoran muy positivamente la actuación de los abogados del turno oficio. Yo siempre he dicho que la abogacía de oficio es la mejor abogacía porque es la más cercana y la que requiere de un trabajo de sensibilidad y de responsabilidad y de cercanía más importante. Mi obligación, como responsable institucional de la abogacía de la comunidad, es poner en valor el trabajo, que me consta es bastante serio y bastante responsable el que prestan los abogados a los ciudadanos. Pero como consecuencia de estas demoras en las actualizaciones de baremos y en las indemnizaciones que se perciben lo que estamos viendo en distintos colegios de la comunidad es que se producen bajas. No puede ser que se traslade a un abogado a 100 kilómetros y que no se le pague el desplazamiento.  Me duele esta situación porque está ocasionando un desgarro profesional. Cuando se ponen en huelga los jueces o los letrados de la Administración de Justicia aparecen los dineros. ¿Por qué esa resistencia numantina cuando son los abogados los que exigen sus derechos?

También piden poder disfrutar de una jubilación digna.
Estamos deseosos de que haya una pronta respuesta del Ministerio de Seguridad Social a la situación que afecta a algunos abogados en sus derechos pasivos y a las reclamaciones para que haya un trasvase de las aportaciones de los mutualistas al sistema de la Seguridad Social.