Castilla y León tiene una «sobreocupación» de plazas dedicadas a los menores migrantes no acompañados de casi el 40 por ciento. Esto se traduce en que, en la actualidad, la Comunidad acoge a 180 'menas' en 130 plazas «específicas» para ello, tal y como advirtió el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que significó que la capacidad autonómica para seguir acogiendo menores «está al límite». «Nosotros claro tenemos un problema de límite ya superado en la capacidad de plazas específicas que tenemos para estos menores», apuntó Fernández Carriedo tras la polémica por la aprobación del Gobierno del Real Decreto Ley para el reparto de estos menores en la península y que, según los primeros cálculos, supondría la llegada de casi 300 menores a la Comunidad. Es por ello que rechazó la «imposición» del Ejecutivo central sin negociar con las comunidades para «lograr siete votos» y recordó que en 2024 llegaron a Castilla y León por esta fórmula de reparto 256 menores no acompañados a lo largo de distintas fases.

«Podemos resolver este problema y no la vía de la imposición que es la que opta el gobierno», insistió Fernández Carriedo, que argumentó la postura del Ejecutivo autonómico en la defensa de la «dignidad y el derecho» de estos menores. «No es un albergue y ya está, son personas con dignidad», enfatizó el portavoz de la Junta, que explicó que no se trata únicamente de buscar un edificio sino que habría que avanzar en la búsqueda de profesionales, una atención adecuada, capacidad educativa y servicios sociales. «Requiere un esfuerzo de adaptación que no es algo sencillo ni rápido».

Abundó el también consejero de Economía en sus críticas al Gobierno de España por «delegar» sus competencias en inmigración a «los separatistas» y, sin embargo, actuar en el resto de autonomías con «imposición» sobre sus competencias en Servicios Sociales: «Lo que se podría haber dialogado, acordado entre todos, planteado con un horizonte razonable, se ha hecho de forma absolutamente precipitada y por presión a cambio de siete votos».

El líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, reiteró su rechazo al acuerdo alcanzado en materia migratoria entre el Gobierno y Junts, del que culpó al Partido Popular, ya que debería ser «mínimamente responsable, sensible y debería tener altura de miras» para atender la problemática de un asunto de Estado como es la inmigración. Sin embargo, su número tres, el secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, consideró «bastante justo» el criterio del reparto que propone el Gobierno central. Por último, desde Vox, David Hierro preguntó al presidente de la Junta por qué no recurrió el reparto de menores migrantes no acompañados anteriormente, lo que precisamente en julio de 2024 provocó la ruptura del pacto.