La Fiscalía Provincial de Segovia solicita tres años de cárcel y dos de inhabilitación para cargo o empleo público para el exalcalde de Navas de Oro Ladislao González (IU) como autor de un delito de revelación de secretos. Según el ministerio público, González difundió información privada de un rival político para desprestigiarlo públicamente. Al juicio, que está pendiente delito de señalamiento, acudirá como testigo el secretario general provincial del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, al que González implica en la filtración.

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2019 en víspera de las elecciones municipales de ese año. El escrito de conclusiones provisional de la Fiscalía señala que el entonces alcalde de Navas de Oro -ostentó el bastón de mando en una primera etapa de 2007 a 2011 y en una segunda de 2015 a 2019- accedió a los archivos municipales sin permiso de la secretaria-interventora del Ayuntamiento para conseguir un expediente de una licencia de obra concedida al candidato del PP, Miguel Ángel Gallego, lo filtró a 'El Adelantado de Segovia' y lo divulgó a los vecinos de Navas de Oro a través de Facebook.

El expediente acreditaba supuestamente irregularidades cometidas por el líder del PP para construir una vivienda unifamiliar, aunque el permiso fue concedido en 2010 durante la primera época de González como regidor y que este conocía la ubicación de la vivienda desde el comienzo de las obras, tal y como remarca la acusación particular, que también cree que González filtró el expediente al secretario general provincial del PSOE de Segovia, José Luis Aceves. 'El Adelantado de Segovia' tituló la noticia de la siguiente manera: "El candidato del PP de Navas de Oro vive en una casa 'ilegal'".

En las elecciones municipales de 2019, González no se presentó por IU sino como independiente dentro de la lista del PSOE, que ganó esos comicios con el 50,96% de los votos -obtuvo la mayoría absoluta con cinco concejales- frente al 46,39% del PP, que se quedó con cuatro ediles. El socialista Victorino Rubio gobernó en Navas de Oro durante los cuatro años siguientes y González, agente medioambiental de profesión, volvió a convertirse en candidato a la Alcaldía por IU en 2023, aunque en este caso la victoria fue para la agrupación de electores Pueblo Unido.

González se ha defendido de las acusaciones de revelación de secretos en su escrito de conclusiones provisionales. Alega, en primer lugar, que la situación de las fincas urbanas y rústicas se podía consultar a través del Catastro. También niega que accediera a los archivos municipales aprovechándose de su condición de alcalde para obtener información de su rival político. "(…) los archivos del ayuntamiento permanecían abiertos y no se exigía que la secretaria abriera archivador o lugar donde se custodian los expedientes para poder acceder a ellos", resalta.

Además, el exalcalde de Navas de Oro asegura que las inspecciones y revisiones de obras son habituales y rechaza que filtrara el expediente a los medios de comunicación. Solo actuó, dice, después que se publicara la noticia en 'El Adelantado de Segovia'. "(…) en su Facebook se dirigió en carta abierta a los habitantes del pueblo con el fin de que conociesen la verdad y se dejase de realizar comentarios en todos los sentidos y que obviamente perjudicaban al Ayuntamiento, intentando en todo momento, sacar este tema del debate electoral, tal y como se refleja en aquella carta abierta", argumenta su abogado, que pide su absolución.

De trasfondo en este procedimiento judicial aparece la participación del secretario general provincial del PSOE de Segovia, José Luis Aceves. Durante la fase de instrucción, el exalcalde de Navas de Oro apuntó que "la primera noticia" a la prensa del expediente fue obra de Aceves. Y ha aportado a la causa un mensaje del expediente fue Whatsapp de Aceves en el que este le pide lo siguiente: "No digas a nadie de dónde salió el tema de la filtración del candidato del PP".

En el juicio, que está pendiente de señalamiento tras haberse suspendido en dos ocasiones, la Fiscalía también solicita para González una multa de doce euros al día durante dieciséis meses. La acusación particular pide dos años y nueve meses de prisión, una multa de veinte euros al día durante quince meses, una indemnización de 6.000 euros y la suspensión para cargo público durante tres años.