A medida que conocemos nuevos aspectos del pacto firmado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont crecen los niveles de incredulidad. Empezando por la ley de amnistía redactada al dictado de algunos de los delincuentes que se van a beneficiar de ella consiguiendo la impunidad para sus conductas. No hay precedentes de semejante rendición del Estado a favor de quienes se sublevaron contra la legalidad vigente.
La aplicación de la ley, que concede un plazo de dos meses a los jueces para absolver a cuantos fueron encausados, está descaradamente enfocada en resolver el problema inicial que habría podido retrasar el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont: dejar expedita la vía para el regreso del expresidente de la Generalidad que lleva seis años huyendo de la justicia. El proyecto convenció al prófugo quien, según algunas fuentes, entró en pánico al tener noticia de que el juez García Castellón ampliaba su procesamiento por un atribuido delito de terrorismo en el transcurso de las actuaciones del llamado "tsunami" democrático. Fue el detonante que le hizo cerrar el pacto.
El texto delata la inseguridad en su formulación al establecer o intentar limitar la facultad del Tribunal Supremo para limitar un eventual recurso. Sí la ley de amnistía rebasa el Estado de derecho dinamitando la separación de poderes no es menos degradante que Pedro Sánchez -el Gobierno que preside y el PSOE que en su día votó a favor de la aplicación del Artículo 155 de la Constitución- hayan hecho suyo el relato victimista que está en el ADN histórico de los independentistas.
Y de ahí se deriva la figura del verificador internacional. Una concesión que humilla a todo un país porque la cesión de soberanía que apareja la creación de una instancia de verificación del pacto desafía la razón histórica y nos coloca ante el resto de nuestros socios europeos como un país tercermundista. Al aceptar semejante imposición Sánchez acepta la falsedad del relato de los separatistas. Cataluña nunca fue una colonia de España y su integración en el conjunto de los reinos hispanos -en su caso desde la Corona de Aragón- culminó su devenir histórico hace ya más de cinco siglos.
Como cosecha indeseable de su ambición de poder, Pedro Sánchez nos aboca a un país dividido. Indignación y frustración que podría derivar hacia desafecto hacia las instituciones. Si los políticos no las respetan ¿por qué deberíamos hacerlo los ciudadanos? Es probable que en su cálculos cuente con el factor cansancio y el factor olvido. Sí el mantra del miedo a un gobierno del PP con Vox funcionó en parte el 23J y muchos de los simpatizantes del PSOE olvidaron el escándalo de los indultos y la rebaja del delito de malversación, ¿por qué no iba a pasar ahora lo mismo? Sobre todo contando con cuatro años por delante. Pero no serán tiempos serenos. Nos esperan días de mucha presión porque esta vez Sánchez ha tensado demasiado la cuerda.