Con la aprobación esta semana por el pleno municipal de las Ordenanzas Fiscales de 2025, que incluyen una subida generalizada de la  tasa de basuras – para las familias será de 126 euros anuales en lugar de los casi 100 de este año 2024 –, y también incrementos en algunos casos del recibo del IBI – por la actualización de los valores catastrales y la modificación al alza del tipo impositivo –, el Ayuntamiento incorpora también una serie de bonificaciones a la primera que pueden reducir significativamente la cantidad a abonar por los contribuyentes.

Así lo sostiene la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, que dice que «algunas de esas bonificaciones son compatibles unas con otras» y añade que en algún caso puede llegar incluso a pagar menos que en la actualidad.

Además de bonificaciones del 25% para familias numerosas y del 40% para personas y familias vulnerables con pocos recursos o en riesgo de exclusión social, se contempla otra bonificación del 50%, en este caso no acumulable a otras, para empresas de distribución alimentaria y restaurantes que, a través una colaboración permanente con entidades de economía social sin ánimo de lucro, cuenten con sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios.

En el caso de las viviendas, el Ayuntamiento bonificará  hasta un 5% máximo, a razón de un 1%  por cada vez que se utilicen adecuadamente el punto limpio (fijo o móvil) y los servicios especiales de recogida de enseres y de saca de escombros. 

Declaración responsable. Otra bonificación, del 10%, será aplicable cuando los residentes en la vivienda realicen una declaración responsable de que separan adecuadamente todos los residuos, incluyendo los orgánicos en bolsa compostable, o bien no producen ninguno. Para ello es necesario que  en esa declaración indique que  permite la visita de personal municipal a la vivienda para comprobar que cumple las condiciones. 

Compostaje. También se bonificará un 10% de la cuantía del recibo de la tasa de basuras a quienes se adhieran a un programa municipal de compostaje de residuos domésticos.

La oposición, con la excepción de la concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, del PSOE a VOX, ha cuestionado alguna de las medidas, afirmando que es de «dudosa legalidad» la declaración responsable con permiso de entrada a la vivienda a inspectores municipales o que es de «imposible» aplicación el próximo año la bonificación por compostaje, a la vista de la inexistencia en este momento de los programas necesarios.

Serrano ha afirmado que el gobierno municipal del PP va a trabajar en «una serie de políticas y de programas de mejora del reciclaje por parte de los ciudadanos para que los residuos que lleguen a tratamiento sean cada vez los menos posibles gracias a un mayor grado de separación de las distintas fracciones (papel, envases, vidrio, orgánico, etc.).

Establecimientos. Para los inmuebles que no son viviendas, los de comercios, negocios de servicios, industria, etc., las bonificaciones van desde un 5% para los de hostelería adscritos al sistema de recogida puerta apuerta de envases de vidrio en las zonas afectadas por el sistema de quita-pon, y el mismo porcentaje, también para hostelería, pero adscritos al sistema puerta a puerta de la fracción de residuos denominada 'resto'.

Además, todos los establecimientos pueden beneficiarse de otra bonificación del 5% , por declaración responsable de que separan adecuadamente los residuos que generan dentro de su actividad económica. Para ello deben permitir expresamente el acceso de personal municipal a sus establecimientos para que se pueda comprobar la veracidad de lo declarado. 

Hay que indicar para el conjunto de establecimientos se ha establecido una cuota base, también de 126 euros, a la que se añaden tres coeficientes moduladores,  con la excepción de los locales vacíos que pagarán únicamente esa cuota anual de 126 euros. 

Los coeficientes son de fracción (al menos las de resto, papel y cartón, envases ligeros, orgánica y vidrio), de intensidad en cada actividad y en función del volumen de residuos que se produce (alto, medio y bajo) y de superficie, donde se han creado sesis tramos: de 0 a 75 m2, de 75 a 150 m2, de 150
m2 hasta 250m2, de 250m2 a 1.000m2, de más de 1.000 m2 hasta 2.500 m2 y de más de 2.500 m2, ya que se entiende que, a mayor superficie, más residuos genera. 

Los garajes comunitarios, teniendo en cuenta su escasa producción de basura, pagaraán la cuota básica de 126 euros, que se incrementa en base al coeficiente de superficie.

Críticas. Las críticas de los tres grupos de izquierda o  centro-izquierda, así como también de VOX, van por un lado por lo que consideran incumplimiento de la promesa electoral del PP de no subir impuestos o tasas municipales. Además, especialmente el Grupo Socialista acusa al equipo del alcalde, José Mazarías, de tener un «afán recaudatorio», al no admitir otras bonificaciones, como recuperar la del 3,5% en el recibo del IBI que se retiró para este año, y rebajar así en cierta medida el aumento de la carga impositiva que supone la adaptación de la tasa de basuras a la Ley de Residuos que se deriva de una directiva de la UE.

La edil de Hacienda califica de «obsoleta» esa bonificación en el IBI para recibos domiciliados y la contrapone con otra novedad a partir de 2025, un 2% de reducción para los contribuyentes que se sumen a un plan personalizado de pago, que permite fraccionar los abonos de todos los impuestos y las tasas municipales, excepto la del agua, a lo largo del año.

Inseguridad jurídica. Frente a una posible inseguridad jurídica en la aplicación de esta nueva tasa, apuntada por la portavoz de VOX, Esther Núñez, la responsable municipal sostiene que, se ha hecho «un estudio económico muy exhaustivo» para evitar «algún tipo de recurso o  impugnación», aunque admite «incertidumbres» porque al obligar por primera vez a los ayuntamientos a aplicar una tasa puede contravenir la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En este sentido, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido que la nueva tasa de basuras, obligatoria en todos los municipios desde 2025, «provocará una gran litigiosidad» porque la Ley de Residuos de 2022, que recoge esa imposición obligatoria para sufragar el 100% del coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, «aboca a los entes locales a un desarrollo reglamentario sujeto a una extraordinaria inseguridad jurídica».

Por ese motivo es fundamental que la regulación de la tasa cuente con un informe económico-financiero impecable, ya que la jurisprudencia hace hincapié en este aspecto, según esta asociación, así como en «las fórmulas polinómicas de cuantificación de la cuota concreta a abonar por cada contribuyente». Reporta esta asociación la incertidumbre generada sobre cómo calcular esa cantidad o en la aplicación del pago por generación de residuos bajo el principio de que «el que contamina paga». 

En una nota de prensa, la ANIHPL llega a decir que el legislador medioambiental ha demostrado con la Ley «desconocimiento de la realidad tributaria local». 

Por su parte, el PSOE ha acusado al PP de 'hinchar' el coste anual del servicio hasta los 5.589.841 euros, cuando «el estudio económico indica que es de 4,7 millones», según este grupo municipal. Serrano lo niega aunque admite que ese coste, sobre todo por los denominados «impropios», los depositados en contenedores que no corresponde, puede variar si la ciudadanía mejora en la separación, lo que conllevaría modificaciones en ejercicios posteriores.