Las migraciones no entienden de festejos ni de fechas marcadas por el calendario como puede ser la Navidad. Lo que sí se conoce es que 2024 ha sido un año de récord en cuanto a llegada de inmigrantes vía marítima en cayucos en la última década. Ni en la crisis de 2018 hubo tal marea de personas llegadas de otros países de forma irregular hasta nuestras costas, especialmente en las Islas Canarias y en Baleares, con cifras nunca vistas. No es de extrañar, por tanto, que el debate político, y lo más importante, el social, se traslade a 2025 como uno de los asuntos más importantes ante una problemática que no encuentra la fórmula ni el encaje para poner a todo el mundo de acuerdo.

En España, las comunidades autónomas arrinconaron el reparto de menores acompañados, también en números récord, en la última conferencia de presidentes sin ofrecer una vía de escape a la presión que sufre el suelo canario, ni existe aún consenso para tramitar la Ley de Extranjería. Sin embargo, por otro lado, casi todos los partidos, a excepción de Vox, sí dieron el visto bueno para la regularización de medio millón de inmigrantes pendiente de aprobar aún en el Congreso de los Diputados en un año, el 2024, que se cierra con un importante crecimiento, motivado por la llegada de ciudadanos de otros países.

El año que comenzará en unas horas será determinante para conocer cuáles serán los pasos que sigue la Unión Europea, si limitará la entrada de migrantes con «soluciones innovadoras», como pueden ser los centros de detención fuera de la UE, como propone Giorgia Meloni, o se optará por el modelo de actuar en origen, como quiere España, y ayudar a las economías africanas, una iniciativa que de dar sus frutos sería a largo plazo, y lo que quieren los Estados, es todo lo contrario. Por tanto, Bruselas estudia cómo encajar jurídicamente y ver los costes financieros de la primera ministra italiana.

La inmigración no se puede tratar sin el prisma de la ética por más que los partidos de extrema derecha quieran sacarla de la ecuación y se cierren únicamente en la legalidad en respuesta a una de las principales preocupaciones de los españoles y europeos. Nuestro continente no puede levantar una barrera legal ante la muerte de más de 10.400 personas en el mar este año en las costas españolas y al mismo tiempo sacar pecho por un crecimiento demográfico impulsado por extranjeros. Las decisiones del 2025 deberían caminar por el complejo puzle de la fuerza de la legalidad a través de una generosa acogida, sin olvidar la solidaridad internacional, para, de alguna manera, romper una tendencia insostenible en nuestras fronteras.