La provincia de Segovia encabeza las agresiones a yacimientos arqueológicos, según se desprende tanto de los datos facilitados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte como del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) en cuanto a infracciones administrativas, aunque en la gran mayoría no se trata de delitos contra el patrimonio cultural.

Los datos que maneja la Junta indican que desde junio de 2022, momento en el que la administración autonómica divulgó las geometrías (planos, límites, coordenadas, etc.) de los más de 23.000 yacimientos de toda la Comunidad Autónoma, se han registrado en total 43 «incidentes de expolio», 13 de ellos en Segovia, seguida de Soria con 12, 7 en Burgos, 6 en Zamora, 2 en Valladolid, 2 en León y 1 en Salamanca, según la información que facilitó el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, en la Comisión de Cultura de las Cortes el pasado 21 de junio.

La estadística del SEPRONA, que facilitó el procurador socialista José Ignacio Martín Benito en esa misma Comisión, eleva las infracciones administrativas a 57, aunque desde enero de 2022 a noviembre de 2023, correspondiendo a la provincia de Segovia 25.

Yacimiento arqueológico en el municipio de San Miguel de Bernuy. - Foto: DS

Llama la atención que en la serie histórica de estos registros estadísticos, ninguna provincia de Castilla y León había alcanzado una cifra tan alta como la del año pasado en Segovia, cuando se contabilizaron 16. Sin embargo, su patrimonio arqueológico únicamente sufrió un delito en 2023, mientras en Soria fueron cinco y ocho investigados.

El director general sostuvo en su intervención en sede parlamentaria que, en cualquier caso, no son «cifras escandalosas» teniendo en cuenta los cerca 24.000 yacimientos que hay en la Comunidad.

Campañas. Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha autorizado este verano un total de 12 campañas de excavación en la provincia, en los yacimientos del Abrigo de San Lázaro en el municipio de Segovia, que finalmente no se llevará a cabo por falta de financiación; en el Abrigo Grande de Tejadilla (también en Segovia), Cerro de los Almadenes de Otero de Herreros, Sepulcro  Megalítico de Santa Inés y Pago de Lobones-Cantoblancos (ambos en Bernardos), Cerro Tormejón (Armuña), Villa Romana de Paradinas, Villa Romana de Santa Lucía (Aguilafuente), Confloenta (Duratón), Los Sampedros y Los Algarrobales (San Miguel de Bernuy), Somosierra y Abrigo de Los Guachos (ambos en Sepúlveda).

Infografía de la ciudad romana de Confloenta, en Duratón, donde este verano se lleva a cabo la cuarta campaña. - Foto: Universidad de Salamanca

Prieto destaca los beneficios de dar a conocer el patrimonio arqueológico con estas investigaciones y, frente a las acusaciones del PSOE de facilitar la acción de los delincuentes al divulgar las geometrías de los yacimientos, responde que «solo se puede proteger lo que se conoce» y, además, al tratarse de información pública, ofrece mayor seguridad jurídica porque ya no tienen excusa los 'piteros' (expoliadores que usan detectores de metal).

En la misma línea que el Servicio Territorial de Cultura de Segovia, pone en valor la labor «proactiva» del SEPRONA, que cuenta con formación específica, como la acción que protagonizó el arqueólogo territorial, Luciano Municio, el mes pasado en el Museo de Segovia.

Escasa vigilancia. El PSOE de Castilla y León muestra preocupación por los expolios de yacimientos arqueológicos, teniendo en cuenta que muchos de ellos se encuentran en lugares despoblados del medio rural. Además, aunque la Junta pone en valor la investigación de este patrimonio, los socialistas afirman que «ha cortado el grifo» a las ayudas para excavaciones en verano, salvo en Atapuerca y pocas excepciones, por lo que, en su mayoría, son los ayuntamientos los que las financian.

Por su parte, la Consejería de Cultura ha informado de que en Segovia tienen vigilancia real, sistemas de vallado y cámaras de seguridad los yacimientos de la Cueva de los Enebralejos (Prádena) y Cerro de San Isidro (Domingo García) y solo vallado los de las cuevas de La Griega, La Vaquera, Zarzamora, del Búho, Fuente Buena, Los Siete Altares, Abrigo del Molino, Abrigo de la Peña de Estebanvela, Los Almadenes, Dolmen de Santa Inés y necrópolis de San Martín.

La normativa prevé sanciones de 200.000 y 600.000 euros por infracciones graves o muy graves, respectivamente, como agresiones a bienes de interés cultural BIC o bienes del patrimonio cultural inventariados.