Inquietud en el sector. Una norma que entrará en vigor en 2025 obligará a las explotaciones a ampliar sus instalaciones o a reducir el número de animales. La Asociación Nacional de Productores de Ganado de Porcino (Anprogapor) señala que el sector no está preparado y la presidenta de la Asociación de Empresarios Productores de Porcino de Segovia, Raquel Conde, advierte de que se producirán cierres si las autoridades no flexibilizan esa nueva reglamentación.

La disposición final cuarta del Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, que establece las normas mínimas para la protección de cerdos. Con el cambio, la superficie de suelo libre de la que deberá disponer cada lechón destetado o cerdo de producción criado en grupo, excluidas las cerdas y las cerdas jóvenes después de la cubrición, será como mínimo de 0,2 metros cuadrados en animales con un peso vivo de hasta diez kilos, de 0,24 entre diez y 20 kilos, de 0,3 entre 20 y 30 kilos, de 0,45 entre 30 y 50, de 0,65 entre 50 y 85, de 0,74 entre 85 y 110, de uno entre 110 y 130 y de 1,3 en cerdos de más de 130 kilos.

Anprogapor ha expresado su preocupación. «Aunque consideramos que  esta disposición del Real Decreto 159/2023 marca el camino que el sector debe cumplir, en la actualidad no se está preparado para soportar un impacto tan importante a nivel de reducción de producción, reducción de renta agraria y desajuste entre capacidad productora y capacidad industrial de España. Además, esto produciría una reducción de la rentabilidad por el incremento de los costes fijos de la granja», señala. También reivindica el compromiso del sector porcino español con el bienestar animal: «España fue uno de los siete países de la Unión Europea (UE) que llegó a tiempo para cumplir la normativa de bienestar en porcino (Directiva 120/2008) y, en la actualidad, estamos apostando claramente por la certificación en bienestar animal con los sellos B+ y Welfair, los cuales están mayoritariamente implantados en el sector. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este Real Decreto, que va más allá de la normativa comunitaria, incide en un aspecto tan clave e importante para la competitividad como la capacidad de producción de las granjas, pudiendo llegar a generar reducciones de entre el 11 y el 17 por ciento en función de la tipología de granja».

La trascendencia en Segovia -que en estos momentos es la cuarta provincia española con mayor producción porcina- sería mayúscula. «El mayor problema no es el que haya que ampliar instalaciones, que por supuesto tiene un coste, el problema es que para poder ampliar instalaciones hay que cumplir unos requisitos que muchísimas granjas no pueden cumplir», avisa la presidenta de la Asociación de Empresarios Productores de Porcino de Segovia, Raquel Conde. El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, fija la distancia que tiene que haber entre las explotaciones y los cascos urbanos.  «Muchos pueblos han crecido hacia las granjas, y las granjas no pueden poner un solo ladrillo para ampliarse, así que van a tener que reducir sus animales», añade Conde.

El contexto actual tampoco ayuda a adaptarse a estas nuevas circunstancias. El sector porcino ha registrado un descenso de producción del 8,6 por ciento los dos últimos años y, con la normativa que entrará en vigor en 2025, tendrán que reducir los animales entre un 11 y un 17 por ciento, según los cálculos de Anprogapor. «Tampoco puede ser que haya una vara tan diferente de medir entre unas comunidades autónomas y otras. Aragón está creciendo y nosotros no porque allí se marca que el consumo de agua y de residuos por cerdo es menor. Pero la realidad es que un cerdo consume el mismo agua y genera los mismos residuos allí que aquí», concluye Conde.