Un convenio relacionado con el desarrollo urbanístico de Prado Bonal, al sur de la ciudad, causó en 2002 la ruptura del acuerdo de gobierno entre Unión Centrista y el PP, que había hecho alcalde al centrista José Antonio López Arranz hace ya más de dos décadas. Pocos años después, en 2009, durante la etapa del alcalde Pedro Arahuetes, parte de los terrenos de esta zona fueron ocupados por el Ayuntamiento para llevar a cabo el macroproyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), del que solo se ha construido uno de los diez edificios previstos, el CIDE. Esa ocupación directa se hizo con acuerdo de la mayoría de propietarios privados de las parcelas a cambio de futuros aprovechamientos urbanísticos en el resto del sector de Prado Bonal. Sin embargo, tres de las cinco copropietarias de una de las parcelas reclamaron después la expropiación de su parte y la correspondiente indemnización. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia admitió parcialmente en 2022 sus pretensiones y las reclamantes solicitaron el 3 de octubre la ejecución forzosa de la misma. Sin embargo, el pasado viernes, día 22. presentaron un escrito solicitando la reversión de la finca.

El derecho de reversión es un procedimiento legal que permite al propietario original recuperar la titularidad de un bien expropiado. Puede hacerlo siempre y cuando se demuestre que ha desaparecido o no se ha cumplido el fin público por el que se realizó en un primer momento la expropiación forzosa.

Al conocer la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que promueve el actual gobierno municipal del PP para incorporar el futuro recinto ferial a la zona del CAT, actualmente en información pública tras su aprobación inicial por el pleno municipal el 30 de octubre, la representación legal de la propiedad ha llevado a cabo varias actuaciones porque considera que se trata de una decisión unilateral e irregular a la que se opone.

La reclamación económica al Ayuntamiento era de 551.338,2 euros - 183.779 por cada una de las tres partes interesadas, incluyendo justiprecio y premio de afección -, así como los intereses legales por la demora de la primer reclamación, en 2016.

En el escrito del 3 de octubre dirigido al TSJ para pedir la ejecución forzosa de la sentencia, solicitaba, además, que este tribunal requiera al Ayuntamiento para que notifique y emplace a las otras dos copropietarias de la parcela «por si a su derecho pudiera convenir personarse en el mismo... con objeto de evitarles cualquier suerte de indefensión».

Si estas personas pudieran ejercer ese derecho, la indemnización podría alcanzar en total 918.897 euros (por la totalidad de la parcela expropiada), además de los intereses.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha respondido recordando que en diciembre de 2022 se aprobó el gasto correspondiente al justiprecio, fijado por la Comisión Territorial de Valoración en 3.515,27 euros, añadiendo 385,49 euros más por los intereses hasta sumar 3.900,76 euros, que han sido consignados en la Caja General de Depósitos. Añade, por otro lado, que está valorando «la indemnización prevista», de acuerdo con la Ley del Suelo, «teniendo en cuenta la ausencia de regulación para dicho cálculo», debido a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 que declaró nulo parte de un artículo de la citada normativa.

Ante la reclamación de la ejecución de sentencia, el concejal de Urbanismo, Alejandro González Salamanca, aseguró que el Ayuntamiento, como no puede ser de otro modo, cumplirá la resolución y serán los tribunales finalmente quienes fijen la cantidad a indemnizar pero añadió que «no son ni de lejos las cifras que se manejan» por la representación de las reclamantes.

El edil del PP asegura a mayores que con la modificación urbanística en marcha para reubicar el recinto ferial «no se cambian los usos ni la finalidad del CAT ni del edificio CIDE», como  alega la representación legal de las tres propietarias. Dice que lo que se hace es fijar la ordenación detallada que no estaba fijada de origen»; en referencia al Master Plan que elaboró el estudio del arquitecto David Chipperfield para el Círculo de las Artes y la Tecnología. «Lo que hacemos es dotar de contenido y equipamiento un edificio que nos hemos encontrado en medio del campo», añade en una crítica velada a la gestión de los gobiernos municipales anteriores presididos por alcalde y alcaldesas socialistas. Ese plan maestro del CAT recogía ya varios espacios para la celebración de ferias, y este representante del equipo de gobierno, puntualiza que no se trata, o no solo, de las ferias de las fiestas de San Juan y San Pedro.

«Indefensión». La exalcaldesa y actual portavoz socialista, Clara Martín, apuntó en su momento «la indefensión» del Ayuntamiento con la sentencia del TSJ de 2022 que, textualmente, señala: «no estamos ante un suelo rústico, aunque esté en situación básica de suelo rural, y ello es verdad porque, aunque tampoco estemos ante un suelo urbanizado ni ante un suelo urbano, estamos ante un suelo urbanizable delimitado con ordenación detallada y comprendido en un ámbito de actuación delimitado». 

El representante legal de las tres expropiadas convocó el pasado día 19 de este mes de noviembre al resto de propietarios de Prado Bonal cuyos terrenos fueron ocupados para llevar a cabo el proyecto del CAT; es decir, los que acordaron con el Ayuntamiento en su momento recibir aprovechamientos urbanísticos a cambio. El objetivo era informar "sobre el derecho a hacer efectivo el valor de la propiedad ocupada, sobre todo ante el cambio del fin social, ahora proyectada para recinto ferial", según el anuncio publicado en un medio de comunicación local.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo les convocó un día antes, el 18, a una reunión en el Ayuntamiento, por lo que la segunda convocatoria prácticamente no fue secundada. Sí asistieron a esta última representantes de los grupos políticos Socialista, de VOX, que fue el único grupo que votó en contra de la aprobación inicial de la modificación del PGOU, y de Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde), no así nadie del equipo de gobierno, aunque estaba invitado hasta el alcalde, ni de las otras dos formaciones con representación en la corporación: Izquierda Unida y Ciudadanos. 

González-Salamanca asegura que la del día 18 fue una reunión cordial, sin entrar en más detalles, aunque, en declaraciones a El Día de Segovia, sí ha reiterado que son asuntos diferentes que nada tienen que ver con la sentencia por la parcela expropiada.   

El convenio de 2002 suscrito por el entonces alcalde centrista José Antonio López Arranz con la Junta de Propietarios de Prado Bonal, presidida entonces por Rafael Giráldez, modificó uno anterior en el que prevalecían las viviendas unifamiliares y adosadas. En virtud del mismo, en este sector, que está delimitado por las carreteras de Madrid y La Granja, el barrio de Nueva Segovia y la variante SG-2, se prevé que más de la mitad de 2.400 viviendas (máximo edificable), podían construirse en bloques formando manzanas, con alturas de hasta diez plantas. La densidad máxima establecida es de 39 viviendas por hectárea y la mayor parte de los bloques más altos se ubicarían junto a una nueva gran avenida que se iba a construir para comunicar la estación de alta velocidad ferroviaria con la rotonda del Pastor (la del Monumento a la Trashumancia).