El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió ayer una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que exige el abono de 440 millones de euros correspondiente a la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y de la liquidación del IVA del año 2017.
En la misiva con destino al Palacio de la Moncloa, Fernández Mañueco traslada a Sánchez su preocupación por la financiación autonómica, uno de los problemas «más acuciantes» para la Comunidad. De ahí que reclame el establecimiento de las fórmulas «más adecuadas» para garantizar el desarrollo de las competencias autonómicas y, por lo tanto, el bienestar de las personas. Mañueco recuerda a Pedro Sánchez que es «responsabilidad» del Ejecutivo de España la actualización de las entregas a cuenta y que es algo que debería haberse realizado antes de entrar en funciones.
En este sentido, transmite al presidente de España la preocupación de Castilla y León como consecuencia de no haberse procedido a la actualización de las entregas a cuenta correspondientes al año 2019, así como por no haber abonado, en la liquidación definitiva de 2017, los recursos compensatorios de la implantación del Suministro Inmediato del IVA. Esta cantidad suma 440 millones de euros, de los que 298 millones corresponden al incremento de las entregas a cuenta y 142 millones a la liquidación del IVA, según las cifras aportadas por la propia Consejería de Economía y Hacienda de la Junta.
Fernández Mañueco destaca que los gastos de las comunidades autónomas este año han seguido creciendo, en parte como consecuencia de las decisiones del Gobierno de España que resultan de obligado cumplimiento, y sin embargo, los ingresos procedentes del sistema autonómico de financiación no han experimentado variación respecto al ejercicio anterior.
Este problema, que es común al conjunto de las comunidades autónomas, está causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos que son competencia autonómica, añade el presidente del Ejecutivo castellano y leonés en esta primera carta enviada al presidente de España en funciones, al que también expresa su deseo de colaboración para dar impulso a las principales cuestiones que comparten el Gobierno nacional y el de Castilla y León.
El propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya expresó la semana pasada que no irían de forma conjunta con la Generalitat catalana a la vía judicial contra el Gobierno, pero anunció que no descartaban nada, ni siquiera acudir a los tribunales de justicia, para reclamar una financiación imprescindible para la prestación de los servicios públicos básicos en la Comunidad.
Esta situación afecta a la práctica totalidad de las autonomías, muchas de las cuales tienen que corregir a la baja sus presupuestos aprobados a principios de año en función de lo que el Gobierno de Sánchez anunció en su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que posteriormente no salieron adelante.
Partido Popular.
Ayer mismo, el Partido Popular en el Congreso denunció que «la parálisis del Gobierno está provocando un enquistamiento alarmante en los presupuestos de las comunidades autónomas, que inevitablemente acabará trasladándose a los ciudadanos en cada territorio», según informa Ical.
Además, la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz para asuntos económicos, Mario Garcés, destacaron que las desviaciones en el presupuesto de gastos producidas por la aprobación de «determinadas normas» está «desestabilizando» la previsión de cumplimiento del objetivo de déficit del Estado, «trasladando el problema imprudentemente a través de la inejecución presupuestaria a las comunidades autónomas».
«Su incapacidad declarada para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, como resultado de unas políticas fiscales indisciplinadas, no puede repercutirse a aquellas administraciones que se comportan con diligencia y responsabilidad», aseveraron.
Precisamente, la exigencia del presidente castellano y leonés adquiere mayor relevancia cuando todo apunta a que la situación política nacional impedirá nuevamente elaborar unos presupuestos autonómicos para el próximo año, con lo que las cuentas quedarían prorrogadas por segundo ejercicio consecutivo con unas consecuencias muy negativas.