En 2024 son cinco las empresas segovianas que hasta el momento han solicitado la contratación en origen de más de 700 trabajadores procedentes mayoritariamente de Marruecos y, en menor medida, de Colombia.

Éste fue uno de los datos que se han analizado hoy en la Comisión de Flujos Migratorios derivados de las campañas agrícolas de temporada, que se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno.

La reunión, presidida por la Subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, ha contado con la participación de representantes de la Administración General del Estado del Estado -AGE- (Subdelegación del Gobierno, Tesorería General de la Seguridad Social -TGSS- y Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE-), de la Administración autonómica (ECYL), asociaciones sindicales (CCOO), sindicatos agrarios (UCCL y ASAJA), asociaciones profesionales (VIFASE) y representantes las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene como objeto valorar el fenómeno de la inmigración laboral derivada de la necesidad de la cobertura temporal de puestos de trabajo para las campañas agrícolas.

En la sesión se presentaron los datos provisionales de la incorporación de trabajadores extracomunitarios para las campañas agrícolas de temporada, que se materializa a través del programa GECCO, de contratación colectiva en origen, y que se caracteriza por su consolidación en la provincia de Segovia, dado cada vez más trabajadores y empresas se acogen al mismo. 

Las autorizaciones de residencia y trabajo concedidas, conforme al modelo de migración circular, permiten al ciudadano extranjero trabajar en España hasta un máximo de nueve meses cada anualidad, con obligación de regreso a su país de origen a la conclusión de la actividad, y se materializan en la expedición de una tarjeta de identidad (TIE), con vigencia para cuatro años, que facilita y simplifica su llegada al país en las campañas de los años futuros.

En 2023 Segovia fue pionera en la emisión del TIE a estos trabajadores, lo que les está permitiendo incorporarse a la campaña de este año sin apenas trámites administrativos y costes asociados, dado que se prescinde del visado.

A la conclusión de la vigencia de sus autorizaciones (cuatro años), los trabajadores podrían acogerse a una autorización inicial de residencia temporal en España si dispusieran de una oferta de empleo adecuada.