Doce de la mañana del miércoles. Separados por apenas cien metros se concentraban los funcionarios de Justicia (menos jueces, fiscales y LAJ) y los abogados. Los primeros, para solicitar mejoras retributivas y de sus condiciones laborales. Los segundos, "hartos" de la paralización de la Justicia tras seis meses en los que se han encadenado una huelga de los LAJ y ahora de los funcionarios de Justicia.

La Justicia es hoy un servicio público roto. "Es insostenible, insoportable, angustiosa esta desidia que hay respecto al funcionamiento de la Justicia y a la que nadie pone coto. No terminamos los asuntos, los ciudadanos están indignados, nadie pone remedio y los profesionales estamos sin cobrar nuestro trabajo y en una situación desesperada algunos compañeros, que se plantean cierres parciales y suspensiones de actividad", ha lamentado el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja, que no recuerda una situación similar: "Se está produciendo una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva como nunca habíamos visto. Respetamos el derecho a la huelga y no identificamos a los culpables, pero esto no puede seguir así. Tenemos derecho a trabajar y los ciudadanos a que se les atienda".

En Segovia ya hay juicios que se están señalando para 2025. Las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativo son las más afectadas. "Necesitamos un pacto de Justicia. Nuestros políticos tienen que ponerse a trabajar por una justicia plena del siglo XXI. Necesitamos inversión en medios materiales y personales. La Justicia es la gran olvidada de la democracia. Por mucho que se hagan nuevos edificios, no sirve para nada si tenemos una Justicia del siglo XIX", ha remarcado Fuentetaja yendo en su análisis más allá de la actual coyuntura de huelgas.

Concentración de los funcionarios de Justicia ante la Subdelegación, este miércoles. - Foto: Rosa Blanco

Para los abogados, el turno de oficio es el paradigma de esta precariedad. "Es lamentable. Nos subvencionan una ridícula cantidad por trabajar 24 horas al día durante 365 días al año y en una situación deplorable porque nos pagamos nuestros gastos", ha criticado el decano, quien pide que mientras se resuelve la huelga se les respete: "Por lo menos que se nos avise con tiempo suficiente para no preparar la vista o evitar desplazamientos. Se puede evitar. Pedimos respeto para los profesionales".

Los huelguistas reivindican su derecho a realizar paros. Ya han superado los 70 días y comienzan a acusar la fatiga. "Es que somos mileuristas", apunta el secretario provincial del sindicato STAJ. "Ha bajado el seguimiento de la huelga. Ahora estamos hablando de que la están haciendo un 50 por ciento de los compañeros cuando antes estábamos cerca del 80 por ciento. [El Ministerio de Justicia] está utilizando tácticas de los años 80 para minarnos la moral. No nos dejaban coger vacaciones y había compañeros preocupados por cómo iban a conciliar cuando sus hijos acabaran el colegio. Parece mentira que utilicen estos métodos un gobierno progresista y un secretario de Estado que luego da cursos en UGT sobre negociación colectiva".

Según datos de la Subdelegación del Gobierno, el seguimiento de la huelga se quedó este miércoles en el nueve por ciento, aunque un 31 por ciento de la plantilla está obligado a hacer servicios mínimos. Y la negociación no avanza. "Desde que el comité de huelga se encerró en el Ministerio y nos convocaron la última vez a una reunión hace ya tres semanas no ha vuelto a ver ninguna negociación. No han vuelto a llamar y simplemente nos llamaron para convalidar el Real Decreto que subía los sueldos a los letrados. Como se dieron cuenta de la barbaridad que era negarnos a nosotros la posibilidad de subir nuestro sueldo en base a que no podían adoptar ninguna iniciativa legislativa y al mismo tiempo convocarnos para subir el sueldo a los letrados, suspendieron esa reunión y no se ha vuelto a saber nada", explica Martín, quien no cree que la disolución de las Cortes impida que el Gobierno atienda sus peticiones: "En el último Consejo de Ministros aprobaron muchas disposiciones a través de reales decretos. Desde becas para los jueces al famoso Interrail, publicidad institucional…".

A pesar del perjuicio que la huelga supone para la ciudadanía, los funcionarios de Justicia se sienten respaldados ("Los ciudadanos han entendido el mensaje que hemos enviado, que realmente es muy sencillo. A todo el mundo le pasa en su trabajo. Si haces unas funciones que no te corresponden, tienes derecho a que se te retribuya de una u otra manera"), pero lamentan la escasa valoración que tiene para el Gobierno la Justicia. "Los abogados están hablando de que van a cerrar despachos profesionales y a nosotros el Gobierno nos ha convocado a tres reuniones en 72 días que solo han sido un paripé para salir en los medios. que han sido realmente un paripé para luego salir a los medios. La Justicia les importa un carajo, hablando mal y pronto", remacha el secretario provincial de STAJ.