Sin cita previa no se puede entrar. Si no le cogen el teléfono para solicitarla, «hágalo por internet», el mensaje más repetido entre ventanillas en los últimos meses. Y si la vía online tampoco resulta precisamente un camino de rosas, se pierde entre claves, certificados digitales u otras espinas telemáticas, o acaba encontrando al fondo un calendario de citas pero sin fechas disponibles, pruebe de nuevo al día siguiente; o al siguiente. Con un poco de suerte, o bastante, se dan casos de citas casi rápidas, aunque no es lo habitual. 

Muchos ciudadanos acaban por ello rendidos a las puertas de una gestoría, pero también los profesionales están chocando contra las gruesas puertas de esta nueva normalidad administrativa que se ha revelado como la normalidad más tópica gravemente amplificada. Bien lo saben los propios empleados públicos, impotentes en muchos casos por una extraordinaria demanda de asistencia imposible de abordar en estas condiciones con unos plazos razonables. Y bien lo sufren hasta los vigilantes de seguridad, una de esas profesiones en auge durante la era covid que, sin embargo, no se está llevando aplausos precisamente: «La gente está muy cansada y muchas veces nos toca aguantar el chaparron porque lo paga con nosotros», lamenta José Luis Marti, vigilante en activo y secretario de Organización y Administración de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT. Asegura que sus empresas no empezaron a facilitarles guantes y mascarillas de manera regular «hasta después del confinamiento» y su convenio debía revisarse este año, pero «sólo se ha podido acordar una subida salarial del 1% para 2021», mientras el resto de la negociación se ha pospuesto.

Más allá de la conocida situación de la Sanidad en general y los centros de salud en particular (asistencia telefónica para casi todo salvo casos sospechosos de covid u otras patologías muy concretas), y aparte de largas colas visibles a pie de calle como las de la central de Correos, donde no es difícil encontrarse con gente esperando pasado el quiosco, los colegios profesionales, empresarios y sindicatos señalan otros muchos servicios. El que más se repite en sus enumeraciones es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero también la Seguridad Social, Hacienda, Tráfico, Catastro, la Administración judicial en distintos niveles o Extranjería y la oficina de renovación del DNI en Comisaría. 

Demoras de hasta varios meses en trámites administrativos - Foto: Rosa Blanco

Ninguna de las fuentes consultadas cuestiona a los empleados públicos, escasos al menos en proporción con la cantidad de plazas sin cubrir que sufren. Un problema agravado en estos meses por la sobrecarga de trabajo y por las propias bajas temporales por covid u otras causas, según los sindicatos. Pero la situación agota a graduados sociales, arquitectos, abogados, Federación Empresarial Segoviana…

Acceder a la Delegación de Hacienda (calle Colón) puede llevar fácilmente tres semanas más los días que pasen antes hasta dejar de chocar contra un calendario sin fechas habilitadas a mes y medio vista, según el presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Luis Benito. Bastante más, «dos meses y pico», puede tardar en recibir la Comisaría de Ezequiel González para renovar el DNI, según el portavoz de UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo, que advierte además de la creciente llegada de madrileños en busca de ventanillas disponibles para diversos asuntos. «Madrid se ha colapsado y Segovia se está colapsando con gente de Madrid en servicios como el INSS o el SEPE», indica. 

«El INSS venía funcionando más o menos bien antes de la pandemia a pesar de que tiene un 40% de plazas sin cubrir o más, pero la semana pasada pedías cita por internet y ya no es que te diera para dentro de dos meses o tres, sino que directamente no te daba cita, se quedaba bloqueado», añade Mateo. Y en estas circunstancias, «hay casos de gente que ha tardado dos y tres meses en hacer el papeleo de la jubilación».

Trámites sencillos sobre el papel pero imposibles sin cita previa, como los requeridos para formalizar la compraventa de un vehículo, que se han llegado a alargar también más de un mes hasta franquear la entrada a la oficina de la Dirección General de Tráfico (calle San Agustín), según el presidente de la Unión Provincial de CSIF Segovia, José María Guerro. «El problema viene de hace años, de 30 plazas reconocidas en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) tienen 11 sin cubrir y han llegado a tener la mitad», apostilla.

«Nuestro resumen es que sigue habiendo demasiada burocracia, muchas ventanillas a las que llamar», considera el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. «Parece que el sector público no acaba de empatizar con el privado a pesar de lo mal que lo está pasando». En esa línea, el asesor jurídico de FES, Luis Pérez, insiste en que «el sector público está yendo tarde en general a todo y no está siendo consciente de que hay sectores enteros de actividad que están en auténtico peligro de desaparecer o reducirse muchísimo», pero piensa que en los organismos públicos «no son capaces de ponerse en la situación de empresarios y de trabajadores que llegan a fin de mes sin saber si cobrarán o no».

A las demoras se suma además la desorientación general. La propia FES contactaba recientemente con la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la Junta para hacer una consulta sobre medidas preventivas de cara a la organización de dos eventos y «los funcionarios, como personas, atendieron fantásticamente bien, pero no tenían claro de quién era la competencia o cómo gestionar la duda». Y esa desorientación se agrava en el ámbito laboral. «Ya te tenido consultas de distintas empresas que cuando han intentado contactar con el SEPE o la Seguridad Social, porque tienen un trabajador que ha estado en contacto con un positivo de covid, se han encontrado llamando de un sitio a otro para averiguar qué tipo de baja deben hacer», continúa el asesor jurídico de la patronal provincial. Sucede «parecido con comunicaciones de fines de ERTE, desafección o reafección de trabajadores que nadie atiende para aclarar trámites». Su servicio telemático no tiene suficientes pestañas para todas las singularidades que se dan, «ni alguien que aclare qué casilla marcar dentro de las disponibles», incide.

«Lo del SEPE no tiene nombre, se ha visto desbordado», afirma el presidente de la Unión Provincial del CSIF. «Posiblemente haya sido el servicio que más ha cerrado su ventanilla porque llegó a estar totalmente desaparecido», coincide en apuntar el presidente del Colegio de Graduados Sociales. Y también «posiblemente el más conflictivo para los vigilantes de seguridad, aunque al menos no se han dado agresiones como en Madrid u otras provincias», matiza el representante de este colectivo en UGT Segovia.

A vueltas con los ERTE. El aluvión de los ERTE ha marcado un servicio que ha tenido a empleados trabajando incluso en fines de semana en horas intempestivas. «Evidentemente nadie estaba preparado para una solicitud tan masiva de prestaciones online, ni el SEPE ni posiblemente nosotros», apunta ahora el representante colegial de los graduados sociales. Así se sucedieron primero retrasos de hasta más de dos meses en los cobros y después los errores en las cuantías de las prestaciones o los pagos indebidos a empleados que ya volvieron a sus puestos; problemas burocráticos que «muchas veces se habrían podido resolver rápido si hubiera existido un diálogo fluido con la Administración» para interpretar un marco normativo en constante cambio. «Al menos ahora estamos siendo capaces de comunicarnos con el SEPE vía email y que nos contesten con cierta regularidad», matiza, «pero durante un tiempo ni eso». 

El Colegio de Arquitectos, por su parte, lleva meses «en contacto con la Concejalía de Urbanismo para intentar mejorar la comunicación y el acceso a los técnicos», cuenta su presidenta, Susana Moreno. De nuevo un problema que viene de lejos y que se ha visto agravado con la pandemia. El portavoz de UGT señala también que en Urbanismo no se está recibiendo a casi nadie, si bien Moreno valora que «desde hace varias semanas» se ha facilitado un teléfono al Colegio para concertar citas con técnicos por videollamada para gestiones de proyectos y diligencias de obra, «lo cual es un avance».

«El Catastro o los trámites por las herencias también se han complicado mucho», añade el decano del Colegio de Abogados, Julián Sanz. «Muchos compañeros me trasladan la necesidad de que este tipo de servicios tenga en cuenta la situación de los profesionales. No hablo de privilegios, sino de atender la singularidad de casos en los que se necesitan aclaraciones rápidas», continúa. 

En materia judicial, Sanz considera además que no todas las declaraciones pueden resolverse de forma telemática porque «a la hora de valorar un testimonio, los gestos y actitudes también cuentan, y eso es imposible sin estar ante el juez».

«Al final es que parece que se quiere resolver casi todo por vía telemática y Segovia no esta precisamente a la vanguardia en eso», lamenta el secretario provincial de CCOO, Álex Blázquez. «Tenemos una población muy mayor y no puedes esperar que todos sepan moverse en internet, no toda la provincia tiene buena conexión y sobre todo está el problema de la cantidad de vacantes que hay en la Administración», resume. Un problema ya heredado de la vieja normalidad que en la nueva, evidentemente, no ha hecho más que empeorar.

DECLARACIONES

Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES). 

«Sigue habiendo demasiada burocracia y el sector público no acaba de empatizar con el privado a pesar de lo mal que lo está pasando».

José Luis Benito, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Segovia. 

«Estamos teniendo muchísimos problemas con casi todos los trámites y durante el confinamiento se podía entender, pero ya no».

Miguel Angel Mateo, portavoz de UGT Segovia.
«Madrid está colapsado y ahora los madrileños están contribuyendo a colapsar servicios en Segovia como los del SEPE o el INSS».

Julián Sanz, decano del Colegio de Abogados de Segovia.
«La Administración debería tener en cuenta la situación de los profesionales que tienen que resolver dudas rápidas con frecuencia».

José María Guerro, presidente de la Unión Provincial del CSIF.

«Lo del SEPE ya no tiene nombre y otros servicios también sufren ahora la cantidad de vacantes que llevamos años denunciando».

Álex Blázquez, secretario provincial de CCOO.
«Faltan empleados públicos, tenemos mucha gente mayor como para pretender que todo se haga por internet y falta cobertura en la provincia».

Susana Moreno, presidenta del Colegio de Arquitectos de Segovia.

«En Urbanismo hemos logrado un teléfono directo para citas por videollamada desde hace unas semanas, lo cual es un avance». 

José Luis Marti, representante de los vigilantes de seguridad en UGT Segovia.
«La gente está muy cansada y a los vigilantes de seguridad, en lugar de aplaudirnos, nos está tocando aguantar el chaparrón».