En un intervalo de apenas cuatro meses los ganaderos han ganado dos batallas judiciales a las grandes industrias lácteas. La primera a finales de febrero al confirmar la Audiencia Nacional la resolución de 2019 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que concluyó que ocho empresas lácteas formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible y coordinar la compra de leche en España. El segundo fallo judicial se produjo la semana pasada y en él el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por Fenil para intentar eliminar la obligación de que el precio pactado entre las partes de los contratos del sector lácteo cubra el coste de producción.
Estas dos sentencias han supuesto un balón de oxígeno para los ganaderos, que alertan de la grave crisis que atraviesa el sector. Según Unión de Campesinos (UCCL), en Segovia solo sobreviven unas 50 granjas de vacuno de leche tras la desaparición del 40 por ciento a lo largo de la última década. La sangría afecta a más de 7.000 explotaciones en toda España en lo que el sector ha calificado como su progresiva destrucción.
«Y sin visos de parar no es una reestructuración del sector, es su desaparición», ha remarcado el responsable de vacuno de leche de UCCL, Juan Carlos Montero. «Es su desaparición por actitudes irresponsables como presionar para pagar al ganadero por debajo del coste, lo que ni siquiera permite mantener abierta la granja», añade.
El precio se situó este pasado mes de abril en 47,38 euros/100 kilos, un 12,9 por ciento menos hace un año y un 4,5 por ciento menos que en marzo, aunque también un 28,4 por ciento más que el precio medio de los últimos cinco años en el acumulado entre enero y abril, según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca.
«Llevamos cinco meses consecutivos de bajadas que, desacompasadas de la bajada de determinados costes de producción (piensos y forrajes, principalmente, pero también otros como los laborales o los derivados de las normativas), amenazan con devolver al sector a una situación de números rojos. Creemos que la patronal necesita un cambio de rumbo, una renovación de cargos y que entiendan que, sin los ganaderos, la industria poco puede hacer», señala el responsable de vacuno de leche de UCCL, Juan Carlos Montero.
Su presidente, César Acebes, reconoce el miedo existente entre los ganaderos a rebelarse contra la industria, pero la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de febrero ha abierto la puerta a que reclamen indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por el pacto de precios por debajo de costes del cártel de la leche. Al menos una decena de granjas segovianas ha iniciado esta acción.
Nueve de ellas se han sumado a una reclamación de más de 900 explotaciones que solicitará a las grandes empresas transformadoras cerca de 375 millones de euros. Según el despacho BGI-LAW, que ejerce su representación, una explotación ganadera de unas 100 vacas podría recuperar en torno a 315.000 euros en el caso de que hubieran estado vendiendo la leche a a alguna de las empresas implicadas en el cártel. A esa cantidad habría que añadir los intereses legales a computar desde cada suministro, que podrían alcanzar el 80 por ciento de la indemnización.
Asaja se ha hecho cargo de las reclamaciones de algunas granjas segovianas. «Ahora mucha gente se echa las manos a la cabeza cuando tenemos escasez de leche en algún momento puntual del año, y la gran culpa de que tengamos escasez, de leche ha sido del bajo precio que ha pagado la industria en los últimos 15 años», remarca el secretario general de esa organización agraria en Segovia, Pablo Rincón, que apunta que la situación actual es de estabilidad: «Pero si sigue bajando el precio como en el último año se va a volver a producir un problema en el vacuna de leche. Principalmente por la falta de rentabilidad de explotaciones porque la gente no puede aguantar a pérdidas mucho tiempo».