Apenas termine la tregua navideña la vida política nacional volverá a recuperar su carácter atronador alejado del llamamiento a la serenidad y a la recuperación de consensos básicos recomendados por el Jefe el Estado, por lo que el año entrante seguirá la misma tónica que el que está a punto de fenecer, aunque es de esperar que varios de los asuntos que han contribuido a aumentar la crispación y la polarización terminen resolviéndose a la espera que otros nuevos ocupen la atención de los políticos para que sigan sin tratar de llegar a acuerdos que faciliten la vida de los españoles sin que haya quien dé la razón a Felipe VI y se ocupe de "escuchar" el auténtico pulso de la ciudadanía.
Es de esperar que a lo largo de los primeros meses de 2025 se concluya la instrucción de tres de los cuatro casos judiciales más graves que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez, a no ser que la imaginación y las maneras atrabiliarias de instruir de algunos jueces estiren los procedimientos para que sigan en el candelero. Al juez Juan Carlos Peinado se le van acabando los testigos a los que llamar a declarar por el 'caso Begoña Gómez', y es preciso esperar a ver como hila las pruebas de los supuestos delitos cometidos por la esposa de Pedro Sánchez. Algo similar ocurre con el procedimiento abierto contra el hermano del presidente del Gobierno, cuya instrucción debiera encontrarse ya cerca de la conclusión, una vez que han decaído asuntos sustanciales por los que estaba siendo investigado. Y lo mismo tendría que ocurrir con la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el supuesto delito de revelación de secretos en relación con el presunto delincuente que ha confesado en el ámbito administrativo haber cometido delito fiscal, y en el que se está utilizando mucho aparataje investigador para un asunto que de no tratarse del novio de Isabel Díaz Ayuso habría pasado sin mayores diligencias, como ocurre con las frecuentísimas filtraciones de sumarios declarados secretos.
Son tres asuntos, que afectan a tres personas de los que se quiere inferir y transmitir la sensación de que responden a una situación de corrupción política generalizada cuando nada tiene que ver con otro asunto que, este sí, entraría dentro de esa definición, el "caso Koldo", con múltiples derivadas y que puede dar disgustos al PSOE y al Gobierno según sean la pruebas que presente el "nexo corruptor", el comisionista Víctor de Aldama, pero que resulta ser un único procedimiento y no una acumulación de ellos como ocurrió en la etapa que acabó con la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El verdadero reto para Pedro Sánchez, sin embargo, será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Si lo logra, tendrá más fácil cumplir su propósito de acabar la legislatura. Para ello deberá vencer los recelos de Carles Puigdemont, y en menor medida de Oriol Junqueras, cumplir algunos de los compromisos adquiridos con ellos, que se convenzan de que el 'procés' ha muerto tal y como lo impulsaron, y aceptar que la alternativa al Gobierno de Sánchez es peor para sus intereses. Para certificar la verdadera defunción de esa intentona habrá que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, prevista para mediados de año, que volverá a provocar un ruido atronador.