Un retroceso dramático de los derechos de las mujeres y las minorías étnicas y religiosas, un incremento de la inseguridad y una pobreza alarmante. Esa es la herencia que dejó en Afganistán el Acuerdo de Doha, firmado en Catar hace cinco años entre Estados Unidos y los talibanes, y que dio vía libre a los fundamentalistas para acceder al poder.

El acuerdo, suscrito el 29 de febrero de 2020 durante la primera Administración del presidente norteamericano, Donald Trump, incluía la retirada de las tropas de la Casa Blanca del país asiático y se presentó como la semilla del diálogo entre el Gobierno de la República y los talibanes. Sin embargo, este nunca sucedió y, en su lugar, desembocó en la caída de Kabul en agosto de 2021.

Casi un lustro después de su firma, el panorama es desolador para la población afgana. Durante el Gobierno de la depuesta República, la situación ya era angustiosa, pero la crisis económica y humanitaria no ha hecho más que agravarse bajo el nuevo régimen, conocido por atroces medidas que la comunidad internacional ha denunciado.

Durante este tiempo, las mujeres han sido la cara más visible de este retroceso, tras ser despojadas de sus derechos más básicos y recluidas casi por completo al ámbito privado, como sucedió en el primer régimen de los fundamentalistas (1996-2001).

«Las mujeres afganas habían alcanzado un buen estatus en el Gobierno anterior gracias a sus incansables esfuerzos. Eran activas en la política, la economía, la educación, los deportes y todos los aspectos de la vida», señala la activista Hamta Dawood, que recuerda que un 37 por ciento del Parlamento estaba compuesto por mujeres. «Pero ahora todos estos logros han sido destruidos», lamenta.

Al ascenso de los talibanes le siguió un goteo de restricciones contra la población femenina, a la que vetaron el acceso a la educación secundaria y superior, a salir a la calle sin estar acompañadas por un tutor masculino o a trabajar en la mayoría de empleos.

Esto desató las condenas de la comunidad internacional, que se incrementaron aún más cuando los fundamentalistas prohibieron el pasado agosto la voz de las mujeres en público. «Doha les ha quitado todo a las mujeres afganas. Hoy no tienen voz ni posición. Son víctimas de las políticas inhumanas de Trump», manifiesta otra activista, Mina Rafiq.

Amenaza candente

La represión de los talibanes también ha alcanzado a otros estratos de la sociedad, como las minorías étnicas y religiosas, que denuncian que el Gobierno de facto pone trabas a sus reuniones y no hace nada para protegerlos de los atentados del Estado Islámico (EI) de Khorasan, la rama afgana de ese grupo yihadista.

«Anteriormente, notificábamos a las agencias de seguridad sobre nuestros encuentros religiosos. Ahora, no solo están restringidos, sino que incluso para las ceremonias importantes debemos pasar por un largo proceso para obtener el permiso», asevera un erudito religioso chiita de Kabul.

Los ataques del EI, enemistados con los talibanes, se han multiplicado desde agosto de 2021. Además de estar dirigidos contra las fuerzas de seguridad del Gobierno de facto, la minoría hazara, formada principalmente por musulmanes chiitas, es otro de sus objetivos habituales.

Según los registros de la ONU, más de 1.000 personas han muerto por la violencia armada en Afganistán en los tres últimos años, la mayoría de ellas en ataques atribuidos al grupo suní EI, a pesar de que los talibanes llegaron al poder con la promesa de poner fin a la inseguridad. Esta se ha trasladado a los países vecinos, que acusan al actual régimen de cobijar a grupos insurgentes que preparan sus ataques desde Afganistán. 

Una pobreza alarmante

El índice de pobreza era alto en Afganistán antes de la llegada de los talibanes (47,1 por ciento). Sin embargo, Naciones Unidas advirtió recientemente que 23 millones de ciudadanos -cerca de la mitad de la población- requerirán ayuda humanitaria para sobrevivir en 2025.

El aislacionismo que vive la nación asiática desde agosto de 2021 ha profundizado su crisis económica, víctima de sanciones internacionales, sin acceso a los mercados y sistemas financieros globales, y testigo de una reducción de las ayudas.