La administración autonómica, a través de la Dirección General de Función Pública, ha suspendido hoy martes el proceso de elecciones sindicales al que estaban llamados todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en la provincia, a excepción de los docentes, con una estimación en torno a las 3.500 personas, según el sindicato CCOO, teniendo en cuenta que más hay más de 2.700 en el ámbito sanitario, entre personal estatuario (funcionarios y laboral).

La decisión en Segovia ha tardado más de lo esperado, después de que la semana pasada un auto del Juzgado de lo Social decidiera la suspensión de las elecciones sindicales como medida cautelar hasta que se celebre un juicio pendiente ante una demanda presentada por tres sindicatos - CCOO, UGT y CGT - contra CSIF y otras organizaciones sindicales sectoriales como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla y León y el sindicato de enfermería Satse, en virtud de la ruptura de un acuerdo intersindical que pretendía retrasar este proceso electoral hasta 2026 para unificarlo en las nueve provincias de Castilla y León, según ha explicado el secretario general de Comisiones en la provincia, Alejandro Blázquez. 

De ese acuerdo, que también apoyaba la Junta, se han desmarcado los sindicatos demandados que, una vez transcurridos cuatro años desde las anteriores elecciones sindicales, hicieron el correspondiente preaviso para iniciar el proceso. Ahora habrá que esperar la sentencia para conocer si finalmente las elecciones sindicales se posponen dos años. En caso contrario, ya no podrán celebrarse el 7 de marzo, ya que ni siquiera se ha fijado la fecha para la celebracion del juicio. 

Requerimientos al consejero de Sanidad. Por otro lado, la presidenta de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en la Comunidad Autónoma, Ana Rosa Arribas, ha anunciado hoy en Segovia que el sindicato ha hecho un requerimiento al consejero, Alejandro Vázquez, para que cese "con la mala fe" en la negociación colectiva y vulneración de derechos fundamentales por parte de este departamento de la Junta. En este sentido, asegura que los responsables de Sanidad se niegan a llevar a la mesa de negociación los temas laborales que proponen los sindicatos mayoritarios y, sin embargo, al mismo tiempo, "estamos asistiendo a un montón de exposiciones públicas donde se firman acuerdos con los sindicatos corporativos, e incluso con algunos que no están en la mesa, o lo están coaliciones, con medidas que no cumplen, por lo que engañan a los trabajadores, es una publicidad engañosa".

Si la Consejería no responde a ese requerimiento en un plazo de 10-15 días, Arribas afirma que "tendremos que acudir a la vía contenciosa administrativa por falta de negociación" como marca la normativa y el Estatuto Básico del Empleado Público. 

De la misma forma, dentro del proceso electoral ahora paralizado, el sinndicato había iniciado impugnaciones contra lo que considera injerencia y parcialidad de la Administración con alguna de las citadas coaliciones sindicales, una práctica que considera discriminatoria y desleal.

Para esta responsable de CCOO, la Consejería de Sanidad "ha hecho de los pseudo acuerdos de despacho su forma de actuar, como así hemos ido observando a lo largo de este mandato, especialmente agravado en este periodo -casualmente de elecciones sindicales en SACYL- cuando hemos sido testigos por los medios de comunicación de las fotos del consejero o la gerente firmando incluso con organizaciones que no tienen representación en las mesas de negociación".

Se trata ademas, según Arribas, de acuerdos extraoficiales y sin validez, porque "no han pasado ni probablemente pasen por la Mesa sectorial, Mesa general y/ o Consejo de la Función pública, que son los ámbito legítimos y legales donde tiene que residir la negociación de las condiciones de trabajo del personal público y los pactos y acuerdos". 

Ha recordado que CCOO ha presentado propuestas más ambiciosas para todas las categorías y califica los acuerdos con sindicatos sectoriales como "un insulto a la inteligencia de los profesionales y por ende, a la ciudadanía".

Arribas ha explicado que algunos de esos acuerdos llevan meses y años en los cajones de la Consejeria y en los tablones de las organizaciones sindicales que los suscriben pero el personal afectado no ha visto reflejadas las medidas  en sus nóminas o calendarios. Ha destacado, entre ellos,  la subida de remuneraciones por la hora de guardia del personal en formación, un acuerdo de salida de huelga en 2020 (cuando también se celebraron elecciones sindicales en SACYL), pero que en estos últimos cuatro años los firmantes no han reclamado ni ejecutado, no se ha hecho efectivo y ahora, con nuevas elecciones convocadas, han vuelto a escenificar con una nueva firma.

Algunas y algunos de los profesionales residentes de 2020 ya han acabado, la mayoría se han ido de la Comunidad sin haberlo visto reflejado en sus nóminas, pero los creyeron en aquel momento. "Estos incumplimientos y tomaduras de pelo también inciden en el éxodo de profesionales", ha subrayado esta responsable sindical. 

Arribas asegura que aunque el consejero dice que la falta de profesionales en medicina y enfermería no es una cuestión de dinero, "la gente se va porque se siente engañada. Es una cuestión de credibilidad, de condiciones de trabajo y económicas, por supuesto".

Los responsables de CCOO recalcan su función de sindicato de clase, representante de todas las categorías profesionales existentes en SACYL, y aseguran que trabaja de manera transversal, "implicando a todos y cada uno de los actores en la atención sanitaria, que deben actuar como un todo para dar respuesta a las necesidades de la población".