Desde que se lanzó a presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy que le llevó por primera vez a La Moncloa, Pedro Sánchez ha convertido a la aritmética parlamentaria -tan complicada en estos tiempos que tienen al bipartidismo muerto y enterrado- en su aliada. No siempre, eso sí, le han salido los números porque unir a una amalgama de partidos en torno a un proyecto o una ley no es sencillo. De hecho, a pesar de manejar con éxito la calculadora del Congreso, aquel célebre pactódromo que sale a relucir tras cada cita electoral, el líder socialista nunca ha logrado la bendición de la Cámara Baja al gran proyecto anual de cada Ejecutivo: los Presupuestos Generales del Estado. Por eso gobierna con las Cuentas elaboradas por Cristóbal Montoro para 2018. Unos Números que, curiosamente, fueron criticados duramente por el PSOE, que los enmendó en su totalidad.

Con España sumida en una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, el Gabinete de coalición tiene claro que hay que sacar adelante los Presupuestos que apuntalen la legislatura y encarrilen la reconstrucción. Lo que parece que no tienen claro es el cómo hay que llegar al beneplácito del Hemiciclo. De ahí que tanto PSOE como Unidas Podemos traten de jugar esta partida decisiva a varias bandas, sin cerrar la puerta a casi nadie. «Ahora que he perdido mi último descarte en la gran partida me queda la huida a ninguna parte», cantaba el recordado Manolo Tena. Ese «ninguna parte» de este juego político sería, sin duda, unas nuevas elecciones. Un escenario al que por nada del mundo quieren llegar socialistas y morados, sabedores de que las urnas les pueden quitar el poder del que ahora gozan.

A día de hoy, el proyecto de Presupuestos ni siquiera está pactado entre los dos partidos que forman el Gabinete de coalición. De hecho, muchas formaciones de la oposición han reclamado a Sánchez ver, al menos, un esbozo de esas Cuentas en las que parece que tendrá un peso importante el dinero que Europa ha destinado a que los países afronten la salida de la crisis. Desde Moncloa se repite como un mantra que serán unos «Presupuestos progresistas y de país». No aclaran cómo ni a qué se refieren con eso. Eso sí, tanto Sánchez como Pablo Iglesias pretenden presentar y aprobar en el Consejo de Ministros a finales de septiembre, con la intención de que pueda debatirse en el Congreso antes del 1 de octubre. Antes de eso, seguramente la tercera semana de septiembre, se llevaría a la Cámara la aprobación de la senda del déficit, un paso previo imprescindible para el proyecto de Presupuestos. Estas dos votaciones nunca han tenido lugar de manera tan seguida, pero con esta hoja de ruta, Moncloa buscaría evitar los vaivenes del resto de partidos.

Los vetos cruzados

Sin ese acuerdo previo entre el PSOE y Unidas Podemos, que se da por hecho porque ambos se juegan mucho, la ronda de contactos con el resto de fuerzas del arco parlamentario ya ha comenzado, tanto públicamente, con las reuniones que mantuvo el presidente de modo presencial y telemática, como privadamente, con interlocutores de confianza de las fuerzas políticas. De momento parece que solo hay una línea roja compartida: Vox. Los de Santiago Abascal, que anunciaron antes de vacaciones una moción de censura contra el Ejecutivo, no forman parte de esa «mayoría sin exclusiones» a la que se refirió Sánchez en el inicio del curso en el Senado. 

Tampoco parece que el PP vaya a sentarse a negociar, aunque Pablo Casado sí acudió a la cita con Sánchez en La Moncloa para tratar de retomar la relación entre ambos partidos, tanto para la elaboración de las Cuentas como para la renovación pendiente de la cúpula de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, Radio Televisión Española o el Tribunal Supremo. 

Fuentes parlamentarias dejan claro que aparentemente será más fácil negociar con Ciudadanos que con ERC, pues, con 10 diputados, la formación de Inés Arrimadas tiene menos que perder que los republicanos, que, además, están a expensas de unas elecciones catalanas que parecían inminentes, pero que se alejan tras los últimos cambios en el equipo de Quim Torra.

El sector socialista, asimismo, no oculta su simpatía por la formación de Inés Arrimadas, a quien la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha elogiado en público porque -asegura- antepone el interés de España al de su partido. Unos halagos que llegan también en privado, ya que desde Ferraz se apunta que los naranjas son los únicos que han entendido de verdad el reto al que se enfrenta España.

En ese escenario, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asumido que tendrá que aceptar a Ciudadanos como socio, aunque solo si no le queda más remedio. De hecho, sus declaraciones públicas de los últimas días van en la línea de la exclusión del partido de Arrimadas no ya de un pacto presupuestario, sino de las meras negociaciones. Desde la fuerza morada consideran a los naranjas «incompatibles» con las Cuentas del Gobierno de coalición.

La preferencia de Podemos en cuanto a socios está clara: la mayoría de la investidura. Una amalgama de siglas que también repudia a la formación liberal, con una excepción, el PNV, que se ha mostrado abierto a coincidir con Cs en el respaldo a las Cuentas. 

Guiños de moncloa

Desde el entorno del vicepresidente segundo del Gabinete recuerdan a que la calculadora daría un resultado positivo para los intereses de Moncloa sin Cs. Bastaría entonces con el sí del PNV, Más País-Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe, y la abstención de ERC y EH Bildu. Abren incluso otras posibilidades para aferrar más la mayoría, como que los cuatro diputados de Junts per Cat alejados de la dirección actual acaben por dar un sí a Sánchez, o de que los abertzales de Arnaldo Otegi se muevan de la abstención al voto positivo a cambio de alguna cesión. De momento, en un claro guiño a Bildu, el presidente del Gobierno asegurar el pasado martes en el Senado que lamentaba «profundamente» el fallecimiento del etarra Igor González Sola, que se suicidó hace unos días en prisión. También buscando el cariño de ERC, Sánchez abrió la puerta a cambiar en el Código Penal el delito de sedición, algo que beneficiaría a los líderes del procés que están en prisión. 

Y es que no hay que olvidar que para sacar adelante el proyecto, el Gobierno necesita en el Congreso mayoría simple, es decir, más síes que noes, pero los apoyos están muy ajustados y un mínimo movimiento podría ser determinante.