Recorrer la carretera que lleva a Carboneras es penetrar en uno de los parajes más bellos y enigmáticos de Almería y de toda Andalucía, el Cabo de Gata, un parque natural instaurado en 1987 que traslada al visitante a un paisaje diferente, un lugar seco, de origen volcánico y con una singularidad especial. Sin embargo, toda esa belleza se derrumba al contemplar en mitad de esa nada y junto al litoral un enorme hotel sin terminar que esta cosido a la ladera de la montaña que baja hasta el mar.
El Algarrobico lleva allí desde hace ya dos décadas como si se tratase de otro elemento del paisaje, pero no lo es, es fruto de un maremágnum de leyes, normas, permisos, autorizaciones y sentencias que han permitido que esa mole fantasma siga allí todavía en pie.
Ahora, 20 años después del inicio de la construcción, el Gobierno central vuelve a tomar cartas en el asunto para expropiar los terrenos del edificio y demolerlo, algo que ya se ha intentado en el pasado sin éxito. Fue martes 11 cuando el Consejo de Ministros declaró de utilidad pública parte de El Algarrobico, como paso previo a su confiscación para el derribo del hotel ilegal que se ubica en esta playa.
De producirse, pondría fin a un largo camino de batallas judiciales y políticas, con decenas de sentencias contradictorias entre sí y que ni siquiera se han terminado de resolver.
Todo apunta a que podría empezar a verse el final del túnel de este largo y disparatado camino, aunque todavía puede volverse todo en contra. Un recorrido en que los ecologistas han reclamado la demolición con tanto ahínco como la promotora ha pedido una indemnización.
Todo empezó cuando la Junta de Andalucía declaró parque natural al Cabo de Gata-Níjar en 1987, sin incluir en él el paraje del Algarrobico. Un año después, entró en vigor la Ley de Costas, que creó una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar donde no se puede construir. En 1994, desde San Telmo se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que estableció que el Algarrobico no era un terreno urbanizable.
Una decisión que corrigió posteriormente, en 1997, cuando decidió cambiar la clasificación del Algarrobico sin someterlo a exposición pública ni publicar expediente alguno. Así, la Junta aprobó que ese suelo pasase a ser urbanizable.
Una vez hecho ese cambio fueron muchos los novios que quisieron adueñarse de ese espacio para construir, una opción entonces completamente legal. Fue la empresa Azafata del Sol quien solicitó en 2001 al Ayuntamiento de Carboneras la licencia para edificar un hotel, algo que recibió en 2003.
Dos años más tarde, el Ministerio de Medio Ambiente, con Cristina Narbona a la cabeza, comenzó los trámites para la expropiación del Algarrobico. En 2006, la Justicia decidió la paralización cautelar de las obras y al igual que ahora, el Consejo de Ministros declaró en 2007 la utilidad pública del paraje.
Nuevos enredos
Lejos de terminar el conflicto judicial, la Audiencia Nacional fijo una protección de 100 metros. Entretanto, la Junta cambió la calificación de los terrenos donde se asentaba la construcción, que pasaron de ser una zona de especial protección no urbanizable a un área degradada.
A todo esto, para enredarlo aún más, un juzgado provincial obligó a Carboneras a revisar de oficio la licencia sobre el hotel.
A partir de entonces, se han sucedido varias sentencias en contra del hotel. En 2018, el Supremo declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían una zona protegida y no un área urbanizable y en 2021, el Alto Tribunal de Andalucía (TSJA) se expresó a favor de que Ayuntamiento anulará el permiso de obras.
En este punto, la Junta de Andalucía comenzó a contemplar el derribo del hotel. Sin embargo, de nuevo el Supremo dictaminó en 2022 que el establecimiento no podía ser demolido por tener licencia. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía el fallo que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.
Recientemente, distintas asociaciones pidieron al TSJA que apercibiese al alcalde de Carboneras hasta que se produjese el cumplimiento de la sentencia, que clasificaba el paraje de El Algarrobico como no urbanizable. Al no producirse, Greenpeace solicitó el amparo el año pasado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que concluyó que debe investigarse la legalidad de la decisión del Supremo que dictó que el hotel no podía derruirse por contar con autorización para construir.
Está aún por ver si la reciente decisión del Consejo de Ministros de expropiar los terrenos para derribar el hotel ofrece algo de luz tras la profusión de litigios y de fallos en ambas direcciones o, por el contrario, embarra aún más la situación de El Algarrobico.