El gobierno municipal de Segovia prevé aprobar en el pleno del Ayuntamiento de este mes de febrero, previsto para el día 23, la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, confirmando que sus límites serán los del recinto amurallado, afectará a 140 calles y plazas y se implantará de manera progresiva hasta el año 2030 para algunos vehículos. 

El equipo del alcalde, José Mazarías, ha puesto en marcha este lunes 12 de febrero un periodo de información y debate con los grupos políticos sobre la propuesta de esta ordenanza municipal a través de una reunion informal de presentación que ha celebrado con miembros de todos los partidos con representación en la corporación municipal.

Este encuentro informativo ha precedido a las comisiones informativas en las que será dictaminado el proyecto de ordenanza para su inclusión en el orden del día del pleno del 23 de febrero para su aprobación inicial.

El documento, elaborado con el concurso de tres concejalías: Movilidad y Transporte, Seguridad Ciudadana y Sostenibilidad Ambiental, contiene la normativa aplicable para la creación, implantación y regulación de la ZBE en el recinto amurallado de la ciudad, una medida que restringirá el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la contaminación acústica y proteger la salud pública.

La implantación de esta Zona "repercutirá también en la racionalización y reordenación de los usos de los espacios públicos, la mejora de la calidad de vida de los residentes en la zona acotada, la potenciación de usos de modos de transporte sostenible e incluso la aceleración del proceso de renovación del parque de vehículos de Segovia", según afirman desde el equipo de gobierno del Partido Popular.

La propuesta de ordenanza prevé una implantación progresiva y contará con mecanismos de control de acceso mediante cámaras capaces de identificar las matrículas y otros medios, de manera que sólo puedan acceder, circular y aparcar los vehículos con clasificación O, ECO y C, además de los vehículos de movilidad urbana como patinetes y bicicletas, o ciclomotores, quedando restringidos los accesos de vehículos contaminantes (etiquetas B) y muy contaminantes (con etiqueta A).

No obstante, incluirá prorrogas y excepciones que llegarán al 1 de enero de 2026 para vehículos con etiqueta A, y a 2030 para los que tienen la etiqueta B, así como para los pertenecientes a residentes empadronados y con el coche inscrito en Segovia antes de la entrada en vigor de la ordenanza, los pertenecientes a personas que disponen de garaje, las que transportan colectivamente escolares, turistas o visitantes, o los usados para transportar pacientes de centros médicos o veterinarios.

También disfrutarán de estas exenciones temporales los que pertenezcan a empresas o autónomos con oficina en el recinto acotado, al igual que los de mercadillos municipales, los vehículos de reparto, mudanzas, construcción y autoescuelas, entre otros.

Por otra parte, estarán exentos de la norma los vehículos pertenecientes a personas empadronadas dentro de la zona; los de emergencias y seguridad, los de servicios municipales y servicios básicos, los históricos, los ciclomotores, o los de modalidad urbana (VMU, patinetes y bicis) entre otros.

La ZBE de Segovia coincide con el recinto amurallado de Segovia abarcando 140 plazas, calles y travesías.

Trabajo previo. El concejal de Movilidad y Transporte, José Luis Horcajo, ya explicó a principios de diciembre, cuando finalizó el plazo de consulta pública previo a la elaboración de la ordenanza, que el gobierno municiopal preveía un periodo de transitoriedad hasta su aplicación completa.

La Ley de Cambio Climático de 2021 establece que los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes, entre los que se encuentra Segovia, tenían que adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos, entre otras, el establecimiento de ZBE. Esta última figura no se reguló, sin embargo, hasta más de un año después, en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, lo que ha contribuido al incumplimiento de ese plazo por la gran mayoría de ayuntamientos afectados.

El de Segovia, al igual que otros, ha solicitado aplazar la declaración de la ZBE hasta el 1 de enero de 2025 pero Horcajo comentó que el equipo de gobierno trabaja «más rápidamente para avanzar en la contratación de las inversiones necesarias para su implantación, que cuentan con fondos europeos y conllevan unos procedimientos administrativos que llevan tiempo.  

Horcajo recalcó entonces que el bloque principal de la futura ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del municipio se corresponderá con el documento tipo que ha elaborado la Federación Española de Municipios y Provincias aunque con las adaptaciones necesarias y la citada transitoriedad para algunos vehículo, que esa ordenanza tipo ya recoge hasta 2030.  

Representantes del gobierno municipal han mantenido reuniones con los de organizaciones de comerciantes, hosteleros,  del movimiento vecinal y de colegios profesionales.  

Recinto amurallado. El gobierno municipal ha trabajado en delimitar la ZBE coincidiendo con el recinto amurallado, en virtud de la memoria técnica elaborada en el anterior mandato corporativo para acceder a la convocatoria de ayudas a su implantación, con fondos europeos, por parte del Ministerio de Transportes.

Horcajo insiste en que «durante un tiempo los ciudadanos van a poder acceder al recinto amurallado con sus vehículos; no es algo que haya que limitar de la noche a la mañana. No todo el mundo que vive en el casco histórico puede comprarse un coche nuevo no contaminante, hay que dar soluciones a toda esa gente».

Sugerencias. Durante el periodo de consulta previa, que finalizó el 1 de diciembre, el Ayuntamiento recibió más de 70 sugerencias y aproximadamente la mitad fueron de vecinos que pedían que  se incluya la calle de San Gabriel en la declaración de la ZBE porque consideran que es una vía con exceso de tráfico, lo que motiva problemas derivados de emisiones contaminantes, ruido, atascos, afección a la salud de los residentes y problemas de seguridad vial, incluyendo la de los peatones.

Buena parte de ellas abogan también por regular el tráfico en el entorno del Acueducto, de manera que la avenida de Padre Claret y la propia calle de San Gabriel tengan sentido único, la primera de salida y la segunda de entrada a la zona centro.

Reclaman, además, la prohibición del paso de grandes autocares y vehículos pesados por esta cuesta.

El resto de sugerencias son muy variadas pero un número destacado, sobre todo de vecinos o propietarios de viviendas o negocios del recinto amurallado, reclaman que se tenga en cuenta un sistema ágil de autorizaciones para visitantes (familiares, clientes, servicios, etc.) y que dentro de la zona no haya más delimitaciones de aparcamiento y circulación.

Algunas proponen medidas muy restrictivas, otras mejora del transporte público, aparcamientos disuasorios o tener en cuenta a residentes del alfoz que trabajan en la capital.

Sectores económicos más afectados. Más suerte que los vecinos de San Gabriel han tenido los sectores económicos. En Este sentido, desde la Federación Empresarial Segoviana (FES) presentó un amplio documento fruto de una reunión de representantes de cinco sectores: transporte, comercio, hostelería y turismo, inmobiliarias y autoescuelas, donde hacía un llamamiento a que las medidas adoptadas no generen un trastorno económico y social, aludiendo al elevado número de sectores afectados, así como también al conjunto de la sociedad.

Reclamaba FES que se consulte a los diferentes sectores económicos afectados por las futuras medidas, como finalmente se está haciendo con reuniones convocadas desde el gobierno municipal, según han informado el propio alcalde, José Mazarías, y el concejal de Movilidad, José Luis Horcajo.

Proponía adoptar «posibles exenciones, o flexibilizar las medidas para determinados sectores, o tipos de vehículos; o incluso, la adaptación de moratorias».

Para ello adjuntó por un lado una instrucción de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, de la Dirección General de Tráfico (DGT), que incluye una serie de recomendaciones para el establecimiento de moratorias, exenciones y autorizaciones de acceso a vehículos a la ZBE, y por otro la Ordenanza Tipo que ha elaborado la Federación Española de Municipios y Provincias, que también contempla posibles exenciones y excepciones, junto a otras recomendaciones «que deberán ser tenidas en cuenta por el Ayuntamiento de Segovia», concluía la organización empresarial de la provincia.

ASETRA. Por su parte, la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte aportó, a mayores, una solicitud para conocer el tipo de distintivo ambiental que se exigirá en la ZBE y reclamaba consensuar las medidas a aplicar en el área declarada para facilitar la distribución de mercancías y el transporte colectivo de viajeros.

La Asociación de Radio Taxi pidió libertad de movimiento de los vehículos de esta modalidad de transporte público de viajeros por la futura Zona de Bajas Emisiones.