El Procurador del Común, figura equivalente a la de Defensor del Pueblo pero en Castilla y León, ha incluido a nueve ayuntamientos de la provincia de Segovia en la lista de entidades no colaboradoras bien por incumplir la obligación de informar o por no contestar a resoluciones y recomendaciones de la institución.

Destacan los de Segovia, Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, Villacastín y Collado Hermoso porque, al incumplir la obligación de informar sobre los expedientes abiertos por quejas de la ciudadanía, han sido advertidos de que pueden incurrir  en responsabilidad penal.

En este sentido, además de su inclusión en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, el Procurador del Común traslada estos incumplimientos a la Fiscalía por si fuera constitutivo del delito de desobediciencia tipificado en el artículo 502 del Código Penal.

Este artículo establece una pena de suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años a la autoridad o funcionario que obstaculice la investigación del Defensor del Pueblo u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos soliciten o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para una investigación.

El último ayuntamiento segoviano incluido en ese registro, este mismo mes de abril, ha sido el de Collado Hermoso, donde el alcalde es precisamente Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación, por no facilitar información al Procurador del Común en un expediente sobre la existencia de barreras en un itinerario peatonal. La primera solicitud de información data del 12 de enero.

Sin embargo, el ayuntamiento más incumplidor en el último año es el de Palazuelos de Eresma, con cuatro advertencias de que puede cometer un delito de desobediciencia si no informa a la institución en distintos expedientes, desde acciones relacionadas con la retirada de amianto, a la contratación de un servicio de alquiler de una impresora multifunción, quejas de vecinos por instalaciones deportivas del núcleo de Tabanera y el funcionamiento de campamentos de verano.

En el caso del ayuntamiento de la capital segoviana, el apercibimiento se produce por un expediente sobre reserva de plazas para personas con discapacidad, con solicitud de información desde noviembre pasado. El del Real Sitio tiene que ver también con la retirada de amianto y el de Villacastín con una disconformidad por el consumo de agua facturado.

Los ayuntamientos no colaboradores en 2003 por no contestar a resoluciones o recomendaciones del Procurador del Común son siete y entre ellos se encuentran también los de Segovia, Palazuelos y Villacastín , además de los de Navas de Oro (con dos apercibimientos), Cabañas de Polendos, Fuentidueña y Riaza.

Quejas. Esta institución recibió 95 quejas procedentes de la provincia el año pasado, 8 más que en 2022. Las relacionadas con el medio ambiente fueron las más numerosas,  17, seguidas por el funcionamiento de la administración local con 14.

La Cortes de Castilla y León debatirán en las próximas semanas el Informe anual 2023 del Procurador del Común, figura que está representada por Tomás Quintana, quien entregó  el día 3 de este mes de abril al presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán, este  documento con 2.784 nuevos expedientes tramitados, entre ellos los abiertos a raíz de las 95 quejas recibidas  desde la provincia de Segovia.

Esas quejas abarcan una docena de áreas, destacando las medioambientales y el funcionamiento de las entidades locales, junto a cuestiones de sanidad y consumo, familia, igualdad de oportunidades y juventud y empleo público.

Entre las doce quejas que el año pasado recibió de toda la Comunidad Autónoma por vivienda pública (dificultad de acceso en régimen de alquiler social por el insuficiente número de inmuebles, excesiva demora en la tramitación de las solicitudes de alquiler social de vivienda a familias en situación de especial vulnerabilidad o el deficiente estado de conservación de algunas viviendas de titularidad pública), una de las reclamaciones iba dirigida al Ayuntamiento de Segovia.

El Procurador del Común resolvió un expediente de una queja múltiple (con 30 reclamaciones) procedentes de Santiuste de Pedraza por el estado de abandono de perros mastines que transitaban por espacios públicos, con recomendaciones a la Consejería de Agricultura y al ayuntamiento. En la misma localidad, otras quejas alertaban del estado de abandono de ganado vacuno, ovino, burros, cabras y también una colonia de gatos.