La dimensión de la masacre del 11 de marzo de 2004 unió al país en el dolor, incapaz de asimilar todavía que había sufrido el atentado más sangriento de su historia. El más cruento también nunca registrado en Europa. Dos décadas después es una herida que sigue sin cicatrizar. Tal vez nunca lo haga.

En una nación trágicamente acostumbrada a que el único sinónimo de terrorismo fuera la palabra ETA nadie dudó en un primer momento de que la banda terrorista era la responsable de la matanza. Todos los testimonios de condena iban aquella jornada en esa dirección y apelaban a la unidad.

Los partidos suspendieron la campaña electoral para los comicios que se iban a celebrar el fin de semana siguiente, y las muestras de repulsa y solidaridad con las víctimas llegaban unánimes desde toda España y desde el exterior.

El PSOE ganó las elecciones y logró 164 escaños frente a los 148 del PP; José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno. ¿Hasta que punto influyeron en los resultados electorales los atentados, la gestión de la información por parte del Gobierno, las protestas en las calles o las críticas de miembros del PSOE y otros partidos al Ejecutivo por la guerra de Irak? Hay versiones para todos los gustos, pero lo cierto es que persisten secuelas de esa desunión, aunque el paso del tiempo las ha dulcificado. No son pocos los que siguen opinando que se politizó el atentado hasta límites insospechados.

La autoría de la matanza sigue siendo tema de controversia. Poco antes de las 11 de la mañana de aquella aciaga jornada, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, (hoy líder de EH Bildu) aseguraba que la izquierda abertzale no contemplaba «ni como hipótesis» la firma de ETA. A medida que pasaban esas primeras horas, algunos expertos en terrorismo empezaron a mostrar también sus dudas. La primera comparecencia pública del Gobierno se produjo a las 13:15 horas y en ella el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguró que las Fuerzas de Seguridad no tenían «ninguna duda» de que ETA era la responsable de la masacre. Incluso muchas portadas de periódicos al día siguiente apuntaron también en esa dirección. 

Sin embargo, una nueva línea de investigación fue abriéndose paso a medida que fueron apareciendo nuevas pistas que señalaban, ya de forma más precisa, a un atentado cometido por una célula yihadista.

El mismo día 11 se localizó la furgoneta que utilizaron los terroristas. En su interior se halló una cinta con versículos del Corán, después se encontró un teléfono móvil en una de las mochilas que no explosionaron; este celular conduce a la Policía hasta un locutorio en el barrio madrileño de Lavapiés regenteado por marroquíes. El día 12 se detiene a otros tres marroquíes un portavoz militar de Al Qaeda, Abu Dujan Al Afgani, reivindica el atentado en nombre de esta organización terrorista.

La mochila-bomba que afortunadamente no estalló en el tren de la estación de El Pozo fue decisiva para determinar el tipo de explosivo que se utilizó en la masacre y el número de la tarjeta del móvil al que estaba conectado para su detonación a distancia.

 Gracias a ese hallazgo, las investigaciones concluyeron que el atentado fue obra del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), autor de la muerte de 45 personas en Casablanca un año antes. Sin embargo, todavía hoy hay quien sigue viendo vínculos de ETA con el 11 y abren interrogantes sobre los autores intelectuales. Las divergencias en cuanto a los ejecutores es otra herida sin cerrarse al igual que el debate sobre porqué se desguazaron con inusitada rapidez los vagones, donde podrían seguir investigándose posibles pruebas.

No había pasado un mes del atentado, cuando el 3 de abril la Policía localizó a siete de los terroristas en un piso de Leganés, también en Madrid. Cercados por los GEO, la célula decidió inmolarse haciendo estallar un potentísimo artefacto que también mató al subinspector Francisco Javier Torronteras, lo que elevó la cifra de víctimas a 193.

Tres años después del atentado se celebró el juicio. Comenzó el 15 de febrero de 2007 y quedó visto para sentencia el 2 de julio de ese mismo año. Se sentaron en el banquillo 29 acusados y 25 fueron condenados a distintos tipos de penas. Tres de ellos, Emilio Suárez Trashorras (el exminero asturiano que facilitó los explosivos y que en alguna declaración llegó a implicar a ETA aunque posteriormente se desdijo), Jamal Zougam y Otman el Gnaoui recibieron las sentencias más severas.

Los tres siguen en prisión con fechas de licenciamiento definitivo para su excarcelación en 2044, ya que tienen que cumplir 40 años en la cárcel antes de volver a pisar la calle.

La matanza en los trenes reveló con toda su crudeza el rostro de la amenaza yihadista. La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen trabajando a diario para que no se produzcan más atentados. Pero a nadie se le escapa que el riesgo cero no existe, máxime con la existencia de células durmientes o de los llamados lobos solitarios. Ese desafío sigue ahí, desgraciadamente ha venido para quedarse. Al igual que el 11-S en Nueva York, el 11-M marcó un antes y un después.