FESTUR, Agrupación de Fomento de Empresas Segovianas de Turismo, respalda la petición de suspender la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 sobre el nuevo registro de viajeros, y se suma a las reivindicaciones del Consejo de Turismo de la CEOE y a las demandas planteadas por las principales patronales del sector: alojamientos turísticos (Hoteles, hostales, albergues, apartamentos, viviendas turísticas, casas rurales, campings), agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos a motor y las OTA (Online Travel Agencies).
Según explica la agrupación integrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES), el Consejo de Turismo ha elaborado un informe donde admite su profunda preocupación y advierten de que la implementación de la norma podría tener consecuencias negativas significativas para el sector turístico en España al tratarse de una norma de imposible cumplimiento.
Entre las razones de la "profunda preocupación" de este órgano empresarial destaca su posible incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea, en tanto que se piensa que puede vulnerar las reglamentaciones comunitarias sobre protección de datos y privacidad al no respetar los principios de proporcionalidad y minimización. También considera que el RD implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios, además de carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, "lo que provoca inseguridad jurídica".
Gerardo Otero, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, forma parte del Consejo de Turismo de CEE como representante de FES y FESTUR, asociación integrada en la asociación nacional ASETUR (Asociación Española de Turismo Rural), que también suscribe la nota ejecutiva de CEOE. En su opinión, la normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a "dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios", lo que las puede exponer a "importantes sanciones", debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.
Otero recuerda que el Consejo de Turismo de la CEOE incide igualmente en la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación, pues la plataforma no está plenamente operativa, "lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento y añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados".
En el informe destacan las medidas que deben aplicarse deberían hacerse sólo en situaciones justificadas "respetando siempre el derecho a la privacidad". "Las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas)", añaden.
Finaliza el informe haciendo un llamamiento al "diálogo constructivo" entre las autoridades y los representantes del sector turístico, agrupados en l Consejo de turismo de la CEOE, para garantizar que las medidas sean viables, proporcionadas y que no afecten negativamente la competitividad del sector ni a la adecuación del empleo que genera".