El Ministerio de Agricultura ha iniciado la cuenta atrás para la aprobación de una nueva Ley de Agricultura Familiar con el objetivo de redefinir y, fundamentalmente, apoyar el mantenimiento y potenciación de este modelo de explotación como una pieza clave en el conjunto de la actividad en el campo, muy especialmente en algunos sectores menos extensivos. Igualmente, desde Atocha se considera que la explotación familiar es una estructura básica tanto por desarrollar una importante actividad económica como por su papel en el sostenimiento de la población en el medio rural. Esta disposición irá acompañada de diferentes medidas directas e indirectas en materias como financiación, fiscalidad o nuevas normativas en aspectos claves como relevo generacional, jefes de explotación, el papel de la mujer, arrendamientos, etc. Todo ello encaminado al apoyo de este modelo mayoritario en todo el mundo, ya que supone el 95% de las explotaciones y produce el 80% de los alimentos.
España, no es una excepción en el papel y en el peso de este tipo de estructuras si se considera que, (de acuerdo con los datos manejados en el último censo) de las 915.000 explotaciones existentes, las familiares, considerando como tales aquellas donde el trabajo de los miembros ajenos es inferior al desarrollado por el núcleo familiar, suponen algo más del 80%, con unas 750.000, aunque en la práctica su número sea mucho más reducido. Su presencia se halla generalizada en todos los territorios, si bien son una figura dominante en las estructuras más minifundistas.
El interés teórico de la Administración central por la explotación familiar en el sector agrario, al margen de las disposiciones emanadas en la mayor parte de las comunidades autónomas, viene de muy atrás. Al margen de las disposiciones del viejo régimen, desde la Transición cabe señalar ya el protagonismo en la defensa de este modelo en los Pacto de La Moncloa y, a finales de los años setenta, en el Programa legislativo de Lamo de Espinosa en Atocha con el Estatuto de la Explotación Familiar y de los Jóvenes Agricultores.
La iniciativa actual de Agricultura responde a la necesidad de actualizar la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995 con la vista puesta en la nueva realidad social y económica. Esta disposición se explica en el contexto de un sector agrario que ha sufrido y padece la edad avanzada de los agricultores y ganaderos: más del 40% supera los 65 años, un 67% ya pasó de los 55 y solamente un 4% tiene menos de los 35. Esta falta de relevo generacional, que sobre el papel podía aumentar las posibilidades de labrar explotaciones familiares de una mayor dimensión, choca sin embargo con otras disposiciones que frenan su desarrollo.
Nuevos retos.
A esas dificultades emanadas del propio sector se suman hoy otras como la competencia que supone el desembarco en el campo de los fondos de inversión. Esta nueva realidad en el campo, con nuevas estructuras de poder, supone más dificultades para ampliar y consolidar el peso de la explotación familiar desde la perspectiva de la producción. Como consecuencia de ello también surgen más obstáculos para operar en los mercados frente a las economías de escala de los grandes grupos, que operan tanto en la industria como en la distribución.
El asociacionismo en sus diferentes fórmulas, tanto desde la perspectiva de la producción como para la compra de insumos o para la comercialización de sus producciones, supone la posibilidad de tener una posición de fuerza en los mercados y con ello defender también la rentabilidad de las explotaciones familiares, que son las más débiles en la cadena alimentaria. Sin embargo, aunque el cooperativismo es un fenómeno importante en número y en el volumen económico que maneja, tiene un desarrollo muy desigual en los diferentes sectores y un largo camino por recorrer. En muchos casos, esos movimientos asociativos no han sido capaces, no han generado la confianza suficiente para atraer e integrar en los mismos a una gran parte de esas explotaciones familiares que siguen funcionando por libre con menor capacidad para operar en los mercados.
Desde el sector agrario se denuncia el escaso interés público para atender las demandas y potenciar la figura de las explotaciones familiares en el campo, tanto por su función socioeconómica como por su papel para sostener el medio rural y frenar el despoblamiento. UPA reclama que esta nueva disposición no sea solamente papel mojado con planteamientos técnicos y sin unos presupuestos acordes a los objetivos marcados, entre los que juegan un papel fundamental aspectos económicos ligados a los apoyos directos, medidas de fiscalidad, impulsos para el relevo generacional, etc.
Desde el Ministerio de Agricultura, con la nueva ley en la mano, entre los principales objetivos destaca estimular al sector para la formación de explotaciones agrarias familiares con unas dimensiones suficientes que permitan el desarrollo de una actividad rentable y con ingresos decentes para sus titulares. Atocha pretende definir los tipos de explotaciones a las que se destinen las ayudas públicas previstas, así como favorecer el relevo generacional para los jóvenes como titulares de las explotaciones. Se quiere favorecer el asociacionismo en el objetivo de llegar a explotaciones familiares dimensionadas y viables, así como frenar el fraccionamiento de las fincas rústicas, incrementando a la vez la movilidad del mercado de la tierra en propiedad o en arrendamiento. Finalmente, entre otras medidas, se plantea facilitar el acceso al crédito, especialmente cuando se trata de modernizar las explotaciones.