Las tres formaciones de izquierda en el Ayuntamiento de Segovia: PSOE, Izquierda Unida y Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) han confirmado que pedirán explicaciones al gobierno municipal del PP en relación al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia que ha fijado en más de 905.000 euros la indemnización a pagar a la propiedad de una finca del barrio de San Lorenzo que ha perdido edificabilidad (metros cuadrados de superficie a edificar) tras la entrada en vigor en 2020 del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS).

Como avanzó El Día de Segovia, el citado auto judicial, del pasado 30 de septiembre, da 'un tirón de orejas' a los responsables del consistorio segoviano, al considerar que, en la ejecución de la sentencia, no se tuvieron en cuenta los criterios y limitaciones que se fijaron en esta última en octubre de 2022.

En el momento de fijar las costas, hasta 2.500 euros adicionales, el magistrado-juez señala que «no se ha efectuado una valoración pericial con los presupuestos de la sentencia… limitándose a reproducir el contenido del informe pericial aportado en el declarativo…» y añade: «no deja de sorprender que una administración pública, al efectuar la incorporación de la pericial del declarativo no incorpore, al menos, las determinaciones de la sentencia, como son el valor mínimo de la indemnización o la no aplicación del coeficiente de ponderación, dado que estos pronunciamientos de la sentencia no eran cuestionables».

Desde el actual equipo de gobierno del Partido Popular no han hecho declaraciones más allá de confirmar que el Ayuntamiento no está conforme con la fijación de esa indemnización y recurrirá el auto en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Los responsables del gobierno municipal prefieren esperar, por lo tanto, a conocer el pronunciamiento de la sala correspondiente y no harán más comentarios hasta entonces.

En el PSOE, la portavoz y exalcaldesa, Clara Martín, ha informado de que esta formación ha solicitado todo el expediente al equipo de gobierno para tener la documentación completa y poder hacer después una valoración del asunto. Mantiene, por lo tanto, una postura prudente, teniendo en cuenta que tanto la sentencia como la aprobación del PEAHIS se produjeron durante gobiernos socialistas, aunque la tramitación de este último se produjo con un amplio consenso y con la participación no solo del resto de grupos políticos sino también de la Junta de Castilla y León, tanto en cuestiones urbanísticas como de protección de patrimonio cultural, ya que es la normativa autonómica la que las regula aunque son los ayuntamientos quienes la aplican de forma más directa.

En este sentido, el pleno municipal aprobó a finales de 2019 esta planificación urbanística de los barrios históricos de la ciudad con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, la abstención de Podemos y el voto en contra de IU, ya que esta formación está en contra de la construcción de un aparcamiento subterráneo en la ladera del paseo del Salón, proyecto que sí terminó recogiendo el PEAHIS.

Precisamente, el portavoz de IU que, al igual que Martín, formaba parte del equipo de gobierno municipal cuando se dictó la sentencia, ha mostrado su sorpresa por la noticia y especialmente porque del auto del 30 de septiembre puede desprenderse que el gobierno del PP «no ha hecho bien las tareas» y «tiene que dar explicaciones». Así se las reclamará, añade, aunque, al no poder participar en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, con voz pero sin voto como ha solicitado en repetidas ocasiones la oposición, tendrá que ser en las comisiones informativas previas al próximo pleno.  

Por su parte, el portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, ha informado de que tiene previsto preguntar al gobierno municipal «sobre todo en lo referente al informe técnico de valoración que se hizo por parte del Ayuntamiento y las razones por las cuales no se aceptó en el procedimiento».

Las portavoces de Ciudadanos y VOX, Noemí Otero y Esther Santos, han indicado que estarán atentas a la información que pueda dar el gobierno municipal en relación con este asunto, previsiblemente en la Comisión Informativa de Urbanismo que normalmente se convoca a final de mes, antes del pleno ordinario de octubre. 

Otros precedentes. Cuando entró en vigor el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) estaban pendientes todavía siete reclamaciones contra el Ayuntamiento por parte de particulares que consideraban que este documento urbanístico lesionaba sus derechos. Otras discrepancias se resolvieron, con acuerdo o por sentencias judiciales, durante la tramitación del plan.

En relación con la pérdida de edificabilidad destaca la conocida en 2022, en relación con el inmueble donde se encuentra Radio Segovia, en la plaza de Cirilo Rodríguez. En esa ocasión, sin embargo, el juez estimó que la responsabilidad recaía a partes iguales en el Ayuntamiento y la Junta, que tuvieron que indemnizar al 50% a los propietarios.

Esa sentencia llevó al entonces gobierno municipal de PSOE-IU a solicitar al ejecutivo autonómico que actualizara su normativa urbanística y de patrimonio cultural para que en los planes especiales de protección de los conjuntos históricos quedara bien definida la prevalencia de la protección del patrimonio cultural, por el interés general del mismo, sobre los derechos de la propiedad privada.