El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el exministro de Transportes, ex secretario de Organización del PSOE y diputado por Valencia José Luis Ábalos, al apreciar indicios de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación por su papel en el caso Koldo.

La Sala de lo Penal ha acordado este jueves asumir solo la investigación de Ábalos y mantener el resto de la causa en la Audiencia Nacional, salvo cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados respecto al exministro. El instructor será el magistrado Leopoldo Puente.

Tras analizar la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Sala concluye que "los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación". Este último no estaba en la exposición razonada, sino que lo incorpora el Supremo a la causa.

"Resulta, pues, imprescindible continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada José Luis Ábalos Meco, siendo competente para ello esta Sala", añade.

En base a ello, la Sala pide a la Audiencia que remita "cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con los hechos atribuidos provisionalmente" a Ábalos.

De esta forma, el Supremo asume la investigación contra Ábalos, tras los "indicios fundados y serios" que apuntó el juez Ismael Moreno, quien atribuyó al exministro una "imputación clara y concreta" por su "papel principal" en el caso Koldo.

Aludiendo a esa exposición razonada, el Supremo destaca que la trama "aprovechando la condición de aforado, de secretario de organización del partido político PSOE, participó en las contrataciones de otras administraciones" de material sanitario durante la pandemia.

El Supremo da cuenta de los indicios sobre la adquisición y disfrute de una vivienda en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), que sería disfrutada por Ábalos como "compensación económica" por sus actuaciones dentro de la organización, al igual que el pago de un alquiler en Madrid a una mujer con la que se la relacionaba.

Dice el Supremo que esta mujer "trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del Ministerio" y que acompañó al exministro en "16 vuelos" sufragados "con cargo al erario público".

Esos pagos, continúa, permiten considerar que "eran realizados por cuenta de la organización en interés y beneficio del aforado", que desarrolló una "intermediación y gestión de intereses de la organización" que "deben ser investigadas".

La asunción de la investigación se realiza por medio de la reapertura de una causa del 2021, en la que se analizó la denuncia del abogado Ramiro Grau contra Ábalos, que el Supremo archivó.

En marzo de este año, dicho abogado pidió la reapertura de la causa, y se le contestó en septiembre que se estaría a la espera del resultado de la investigación que por los mismos hechos se seguía en la Audiencia Nacional.