Castilla y León votará mañana 'no' a la propuesta del Ministerio de Hacienda para condonar a la Comunidad 3.643 millones de euros de deuda pública en el marco de la quita general a todas las comunidades que asciende a 83.252 millones de euros. Y lo hará «por principios», tal y como aseguró a este periódico el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo: «Nosotros no podemos apoyar algo que se basa en que los partidos separatistas deciden y lo que sobra para los demás». Antes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había anunciado la oferta que este miércoles presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se enmarca en los pactos alcanzados por el Gobierno con ERC. De hecho, fue su líder nacional Oriol Junqueras, el encargado de anunciar esta quita de deuda que, previsiblemente, saldrá adelante ante la mayoría que ostenta el Ejecutivo central en el CPFF.

La propuesta consensuada de forma bilateral entre el Gobierno y la formación independentista implica que la Comunidad solo se beneficie de una de las tres variables que ha diseñado el Ministerio para esta operación y los 3.643 millones de deuda autonómica que asumiría el Estado apenas suponen en el 4,2 por ciento del total de 83.200 millones de euros que el Gobierno condonará a las autonomías. Un porcentaje que es inferior a la población ajustada que Hacienda calcula para Castilla y León, que asciende al seis por ciento. Es decir, la quita propuesta para la Comunidad es inferior al peso poblacional de Castilla y León que el propio Ministerio calcula.

«El diseño de la propuesta está hecho a la medida de los partidos independentistas», denunció Fernández Carriedo. Y es que las variables correctoras utilizadas por el Ministerio en la metodología se basan en criterios que perjudican a la Comunidad y se centra en aquellas regiones que han recibido menos fondos del modelo de financiación por habitante ajustado –un indicador ampliamente criticado desde Castilla y León por no contemplar criterios como la despoblación o la dispersión– o aquellas que hayan incrementado su tramo autonómico del IRPF. «Los separatistas despilfarran, Sánchez perdona y los españoles pagamos», denunció por su parte el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que lamentó que es «el precio» que pagan los españoles para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa.

La cifra puesta sobre la mesa por la ministra supone el 25 por ciento de los 14.000 millones de euros de pasivo que tiene actualmente la Comunidad, y serviría para liquidar los casi 1.800 millones que Castilla y León debe al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otros 1.800 para terceros acreedores. «Lo que afecta a todos tiene que pactarse o acordarse entre todos», sentenció Fernández Carriedo tras conocer la propuesta del Ministerio, que reiteró que esta quita «no es lo que queremos las comunidades»: «Queremos un nuevo modelo de financiación autonómica y de eso no se va a hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

«Es un derecho que se cuente con nosotros en condiciones de igualdad», aseveró, por lo que avanzó el rechazo de la Comunidad a esta propuesta dado que perjudica a Castilla y León porque tendrá que asumir más deuda de la que se va a condonar. «Los 83.252 millones no desaparecen, hay una mutualización a todas, aunque no se haya incurrido».

«Es un irresponsable»

Una posición radicalmente opuesta a la verbalizada por el nuevo líder del PSOE autonómico, Carlos Martínez, que en su primer acto tras ser elegido tachó de «irresponsable» la negativa, «sin tiempo para estudiarla», del Ejecutivo autonómico a la propuesta del Ministerio. «Rebajar la deuda supondría dejar de pagar en intereses 480 millones de euros», planteó Martínez, que añadió que se trata de «la mitad» del capítulo de inversiones de la Junta para todo un año. «No sé a qué familia de España que se le condonara el 27% de su deuda no se pararía a pensar si sí o si no», expuso el dirigente soriano, que cargó contra Fernández Mañueco por ser «un monaguillo que corre para ser el primero porque lo dice su jefe sin valorar los intereses de la ciudadanía». Además, aventuró que el PP y Núñez Feijóo finalmente «tendrán que recular» porque comunidades como Andalucía y Valencia, que se encuentran entre las más beneficiadas, «no van a renunciar».