El compromiso del Gobierno de España de elevar hasta el dos por ciento del PIB el gasto en Defensa antes de 2029 ha suscitado un terremoto político ante la decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez de detraer los fondos necesarios para cumplir el acuerdo con los líderes europeos en este ámbito después del giro que la administracion norteamericana ha dado a la política conjunta de defensa con sus aliados europeos. Sin mucha precisión por el momento, a la espera de que se concrete el complicado encaje de cifras y proyectos necesarios para aumentar el presupuesto en materia de seguridad,  la industria de Defensa se asoma a esta oportunidad de dinamizar un sector que en Castilla y León alberga a 65 centros de trabajo relacionados con las empresas que trabajan en este ámbito,  el 4,4 por ciento del total nacional, y sus empresas están atentas al impacto que esta nueva política puede tener para ellas y sus distintos centros de trabajo.

El anuario 'Spain Defence and Security Industry', publicado por Infodefensa y Grupo Metalia pone de manifiesto la importancia económica de una industria que cuenta a nivel nacional con  cerca de 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que facturó algo más de 7.000 millones de euros. Empresas como Indra, Santa Bárbara o Accenture se sitúan en el mascarón de proa de la industria de la Defensa, que lideran el tejido empresarial tramado en este sector, del que Segovia cuenta con una mínima parte con un total de cuatro centros de trabajo vinculados a este epígrafe, por lo que según los expertos, el impacto del incremento en el presupuesto de seguridad será prácticamente residual en términos económicos.

Pese a ser una provincia con más de tres siglos de vinculación militar con instituciones como la Academia de Artillería o centros fabriles como el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2, Segovia no ha conseguido en este tiempo generar un tejido industrial vinculado a la defensa, mientras que otras provincias de la región si han conseguido atraer proyectos y empresas del sector, por lo que la repercusión que pueda tener el progresivo aumento del gasto militar será escasa.

Desde los grupos políticos, la posición no está aún claramente definida, porque tampoco existe una concreción en lo que supondrá en términos económicos el aumento del presupuesto de Defensa. El diputado socialista por Segovia José Luis Aceves, asegura que el Gobierno «está comenzando a dar los primeros pasos para elaborar un proyecto que haga posible cumplir el compromiso con Europa sin que ello suponga el recorte en proyectos sociales, por lo que aún es pronto para determinar cómo y cuánto podría afectar en Segovia la aplicación de estas medidas».

Por su parte, el Partido Popular asegura por boca de su diputado Pablo Pérez que «todo lo que sabemos hasta la fecha de la intención del Gobierno es a base de rumores», pero abre la esperanza a nuevas posibilidades de iniciar una incipiente industria que pudiera dar satisfacción a las nuevas necesidades logísticas  de la defensa.

Pérez asegura que lo más inmediato y notorio del incremento del presupuesto de Defensa será la subida salarial que experimentarán los militares en sus nóminas, fruto también de una necesaria actualización que ahora será posible por este motivo.  De igual modo, la posibilidad de que el Gobierno pueda establecer una línea de ayudas para el desarrollo de proyectos de startups y de tecnología de doble uso abre una oportunidad para las empresas segovianas que puedan tener interés en este campo, aunque la puesta en marcha del futuro Centro Logístico de la Defensa en Córdoba prevista para 2027  vaya a centralizar la gran parte de iniciativas en este ámbito.

Con respecto a la Base Mixta, Pablo Pérez asegura que el trabajo realizado en los últimos tres años ha permitido que el centro fabril militar se abra un hueco como baluarte en la aplicación de tecnología de logística inversa basada en la logística 4.0 y la sostenibilidad, que contempla alternativas como el estudio de un prototipo de hibridación ligera que podría reducir el consumo de carburantes hasta un 7% o el rediseño del vehículo de transporte M113 para el mantenimiento de sus capacidades; así como el reciclaje de los vehículos de las flotas que vayan causando baja y la adaptación de procesos para la desmilitarización de materiales obsoletos.