La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, razonó que la lucha contra la violencia vicaria precisa de un trabajo "conjunto" entre el sistema judicial, sanitario y educativo para llegar a comprender su impacto, con el objetivo de que, aunando distintas perspectivas, pueda erradicarse. 

La Junta de Castilla y León reforzará la protección de los menores frente a la violencia vicaria en la futura Ley de Violencia de Género, tal y como aseguró hoy Isabel Blanco en Burgos, donde participó en la jornada 'Stop Violencia Vicaria' organizada por la Universidad Isabel I junto a la Asociación Stop Violencia Vicaria.  Minutos antes de dar comienzo a la jornada, se guardó un minuto de silencio en memoria de Andrea Bejarano, la mujer presuntamente fallecida a manos de su pareja en Burgos. 

La consejera inició su intervención condenando los últimos ataques machistas, y se refirió especialmente al caso de la vecina burgalesa. "Tenemos que tener un compromiso todos, la sociedad y las instituciones, por trabajar para erradicar la lacra que supone la violencia machista", indicó Blanco, que destacó que también hay que tener un especial compromiso por proteger a los menores. 

Hizo alusión así a la situación que afronta el hijo de Andrea, que es hoy una de las "mayores preocupaciones" de la Junta. Indicó así que tanto el centro escolar como los servicios sociales están "coordinados" para prestar la "ayuda necesaria". Indicó así que por el momento está recibiendo la ayuda psicológica necesaria, y a partir de ese momento se irán ejecutando las "diferentes acciones necesarias". "Protejámoslo entre todos, es un menor con una situación especial. Le afecta la muerte de su madre y todo lo que ocurre en su entorno", dijo, a preguntas de los medios acerca del protocolo que se sigue ahora mismo con él. 

La consejera defendió además que las administraciones "deben garantizar una respuesta integral y multidisciplinar" a este tipo de violencia, en la que el interés superior del menor debe prevalecer. Explicó así que, si bien la Ley de Violencia de Género de Castilla y León que rige actualmente, aprobada en 2010, ya recogió, de manera pionera, a los menores como víctimas directas en este ámbito, la futura norma, hoy Proyecto de Ley, amplía y refuerza la protección y la prevención para evitar este tipo de situaciones, así como se tipifica la violencia vicaria como nueva forma de violencia de género. 

El texto recoge que esta se ejerce sobre los hijos, sean mayores o menores de edad, por quienes sean o hayan sido sus parejas o hayan mantenido una relación sin necesidad de convivencia, con el objetivo de perjudicarlas mientras se realiza un daño directo sobre los propios hijos.

"La Ley incide en la sensibilización y prevención. Nos estamos dando cuentas de conductas machistas que creíamos erradicadas y sobre las que tenemos que seguir incidiendo", apuntó Isabel Blanco, que reiteró la importancia de incidir en la prevención, la formación y la sensibilización. "Hay que atender a las mujeres, familias y entorno, pero también ser capaces de que los servicios sociales sean la puerta de entrada para las mujeres, pero también de salida y que puedan recuperar su vida", dijo. Una acción que pretenden lograr a través del empleo. 

Compromiso de la Junta

La responsable de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en valor también el "firme compromiso" de la Junta con la protección a la infancia como con la lucha contra la violencia de género y, bajo estas premisas, explicó el modelo de atención de la Comunidad. Una asistencia que, tal y como señaló, se realiza dentro de la 'Red de atención a víctimas de violencia de género' mediante la ayuda directa del profesional de referencia -coordinador de caso-, que es quien valora y determina los apoyos que el menor puede necesitar. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades presta y coordina un amplio conjunto de servicios y recursos adaptados a cada situación, con el objetivo de ofrecer una respuesta precisa y eficaz. En este punto, Blanco indicó que en 2024 de las 627 personas atendidas en los 18 centros de acogida de la Junta, cinco de emergencia y trece casas de acogida, 248 eran menores. 

En cuanto al 'Programa de apoyo psicológico a víctimas de la violencia de género', se prestó ayuda a 235 menores de las 1.412 personas que pasaron por él. "Un servicio esencial para que madres e hijos recuperen los vínculos afectivos, que pueden haber sido dañados tras los episodios de violencia". Asimismo, explicaron que la Junta concedió una vivienda para una mujer y dos menores dentro del programa de viviendas individuales mediante la declaración de actuación singular por la condición de víctima de violencia de género y otorgó nueve ayudas a hijos de víctimas mortales, un total de 5.000 euros al año hasta que cumplan la mayoría de edad.

Para prevenir tanto la violencia de género como la ejercida sobre los hijos de la pareja es muy importante la formación de profesionales en distintas áreas de intervención, como los psicólogos, profesionales jurídicos o del ámbito sanitario. La Junta promovió la formación de 3.000 personas el pasado año, lo cual se antoja fundamental para garantizar respuestas directas, integrales y eficaces.

Desde la Junta reiteran así la importancia de la prevención y la detección precoz, a través de protocolos y guías de actuación tanto en la Sanidad como en la Educación, en los que se establecen las pautas tanto para descubrir un caso como para actuar en función de la situación.