Sólo lleva cuatro meses al frente de la alcaldía de Fuentesaúco de Fuentidueña, un pueblo de apenas 237 habitantes situado al nordeste de la provincia, y Javier Polo ha heredado una difícil situación, fruto de la despoblación de la 'España vaciada' que clama por no ser olvidada a la hora de recibir servicios.

Desde hace tiempo - quizá mas del deseado por los vecinos - el puesto de la Guardia Civil que hasta hace no mucho contó con cinco efectivos, hoy es atendido únicamente por un cabo que llega al pueblo una vez por semana para recoger las posibles denuncias y consultas de los ciudadanos, y el resto de la semana tiene que llevar a cabo las labores de patrulla con un compañero del cuartel de Cuéllar, compañía de la que depende administrativamente su puesto.

No es una situación nueva para los vecinos de este pueblo ni para otros muchos que viven una situación muy similar, con puestos abiertos una vez por semana que languidecen a la espera de recibir nuevos agentes, y una carencia de efectivos que obliga al Instituto Armado a multiplicar su trabajo para tratar de prestar servicio a todas las zonas, a veces de manera infructuosa.

El ejemplo de Fuentesaúco de Fuentidueña ha servido como excusa para que la pasada semana un grupo de nueve municipios de la comarca  - Olombrada. Aguilafuente, Aldeasoña, Cozuelos de Fuentidueña, Frumales, Fuentepiñel, Mambibre de la Hoz, Perosillo y el propio Fuentesaúco de Fuentidueña- pusieran públicamente de relieve la precaria situación que viven los pueblos que albergan alguno de los 31 puestos repartidos por la provincia, donde la reducción de efectivos se hace patente y siembra la incertidumbre sobre la seguridad entre los vecinos de las zonas afectadas.

Javier Polo suscribe el comunicado enviado desde el Ayuntamiento de Olombrada, y aunque reconoce que «el nivel de delincuencia es pequeño en la zona, no podemos evitar la sensación de inseguridad, porque si (los delincuentes) saben que no hay Guardia Civil y que el tiempo de actuación va a ser largo, puede incrementarse; porque los efectivos más cercanos al pueblo están a media hora de coche».

A apenas 25 kilómetros, y en la misma comarca, Aguilafuente  sufre también las consecuencias de esta reducción de efectivos, y su alcalde Luis Mariano Polo señala que «llevamos bastantes años de decadencia, porque en el cuartel hemos llegado a tener hasta cinco efectivos, y ahora sólo tenemos un agente, que cuando termina su jornada de trabajo, nos quedamos vacíos».

«El cabo es una persona extraordinaria y hace lo que puede, pero no da más de sí - asegura- y la gente echa en falta la presencia de la Guardia Civil con patrullas en los pueblos».

En este sentido, pone de manifiesto un ejemplo concreto ocurrido este verano en la piscina municipal, donde se produjo un aviso a la Guardia Civil por un caso de acoso e intimidación, que gestionó el propio alcalde. «Cuando llamamos a la Guardia Civil, nos comunicaron que estaban en un aviso y tenían otro más, por lo que nos dijeron que cuando pudiesen ir, irían; y al final aparecieron hora y media después, lo que nos hace pensar que si hubiera sucedido algo, sería inevitable».

El problema comienza a trascender, y desde la Diputación Provincial el eco de la preocupación llega a sus máximos responsables, aunque a la hora de evaluar la situación, la cautela es la nota dominante. El presidente Miguel Angel de Vicente señala que el hecho de que no se cubran las plazas en la provincia «es una cuestión que deberá explicar la Subdelegación del Gobierno, y nuestra competencia es nula».

En el seno de la Guardia Civil, colectivos como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha venido denunciando esta situación en los últimos años. Su delegado en Segovia Raúl Lobato asegura que Segovia, al igual que otras muchas provincias del interior «sigue siendo un mal destino para los guardias civiles»,  por lo que las dificultades para cubrir las plazas vacantes en la provincia se incrementan.

En este sentido, valoró el esfuerzo de los mandos de la comandancia para dar cobertura a todos los servicios en la provincia con la incorporación puntual de efectivos de provincias limítrofes, pero precisó que la tasa de reposición de plazas está aún muy lejos del ideal en la plantilla de Segovia. «En las compañías de Segovia y Cuéllar podemos estar hablando de un 40 por ciento menos, y en la de Sepúlveda en torno al 15%», señala.

La falta de incentivos para los guardias que comienzan a trabajar a la hora de solicitar un destino es una de las causas fundamentales que, en opinión de la AEGC, limitan las plantillas en provincias como Segovia. «La oferta de vacantes en destinos más golosos es muy escasa, mientras que en provincias de interior salen muchas que no llegan a cubrirse, porque ¿quién quiere ir a un pueblo para estar solo y lejos, y además en un cuartel que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad?», señala Lobato.

El portavoz de la AEGC comprende la preocupación de los municipios ante esta situación, y asegura que «nosotros nos multiplicamos en el trabajo, pero no llegamos, porque a veces tenemos que atender varios servicios con un radio de acción de decenas de kilómetros»;  algo que no es sólo perjudicial para los vecinos, sino para la propia seguridad de los agentes, al no contar con cobertura suficiente en el caso de una intervención directa.