En ese océano de palabras sobre Sánchez y los independentistas que nos envuelve, lo más sólido que tenemos son los 14 folios del acuerdo con ERC. La amnistía llegará cuando la inextricable voluntad de Puigdemont pulse el botón nuclear. Ya mismo. Entonces tendremos el texto y unos podrán rasgarse las vestiduras, otros rascar en la coraza ideológica para ver quién se deja más, y muchos determinarán el día uno de la muerte de España. Sin embargo, creo que el pacto con ERC nos ofrece la información necesaria para saber qué está pasando. No es que desprecie el relato, sino que en ese texto hay algo importante: números. 
No me refiero solo a la quita del 20 por ciento de la deuda viva, sino a compromisos financieros, unos valorados y otros no. Entre los valorados (aumento de la plantilla de los Mossos, becas e I+D, déficit tarifario de Rodalies) hay 2.000 millones comprometidos anualmente y los 15.000 de quita. Los no valorados son importantes. Contemplan inversiones y mejora de la financiación de los servicios traspasados. Destaca que la proporción de la inversión pública en Cataluña ha de ajustarse a su PIB nominal. Es decir, que si Cataluña representa el 19 por ciento del PIB español, idéntico porcentaje ha de recibir en inversiones. El artículo 38 de la Constitución, donde se habla del principio de solidaridad, se resiente.
Las demás comunidades ponen el grito en el cielo porque se realizan acuerdos bilaterales que afectan a todas, y ellas no han participado. Por ello, no podrán llevarse a cabo si no se moderniza, de una vez, el Sistema de Financiación Autonómica. Y no se podrá hacer sin la participación del resto, sin su estudio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Como otras veces, se acuerdan con Cataluña asuntos que luego hay que extender a las demás comunidades. En el caso de la quita se dice que será general, pero no expresa los criterios de reparto y no es justo que sea solo el de la deuda con el Estado. Y los que sean se tendrán que ver entre todas, pues deben entrar otros ratios para ver qué cantidad corresponde a cada una. 
La financiación autonómica está pendiente de actualización desde 2014. Es muy compleja, llevará tiempo y no será fácil. Volveremos a los debates de las variables (población, densidad, fiscalidad, dotación de servicios...), porque las ricas querrán pagar menos en solidaridad. Es lo que hay. 
Decía hace semanas Mas Colell, exconsejero de Hacienda catalán, que debido a deficiencias históricas de la financiación el Gobierno tendría que asumir la deuda y actualizar el Sistema de Financiación. Esta es la gran batalla, pues cada región se jugará el bienestar de sus ciudadanos. De momento, la Generalitat catalana ya ha expresado sus necesidades. Ahora queda que lo hagan las demás.