Acudiré este miércoles, un año más, a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Constitución de 1978 en el Congreso de los Diputados. Un Congreso cuya composición política nada tiene que ver con la de hace cuarenta y cinco años, como ni la situación política, económica o social de España, de Europa, del mundo, guarda la menor relación con el panorama de hace medio siglo. Inútil enumerar las diferencias, abismales, que a mi juicio justificarían ir, sin prisa pero sin pausa, preparando una reforma importante (agravada) a no muy largo plazo de nuestra Carta Magna. Una reforma urgente en según qué aspectos, inaplazable en otros, conveniente en los más.

En los últimos días, he podido consultar con algunos especialistas las posibles variables de una hipotética modificación parcial -pero de varias partes- de la Constitución. Todos ellos ven la conveniencia de la reforma, todos coinciden en su imposibilidad por la misma cuestión por la que no se tomó esta iniciativa en los últimos diez años, cuando ya las insuficiencias de la ley de leyes, su inadecuación a las circunstancias actuales, eran un clamor: las fuerzas políticas españolas, las nacionales, jamás se pondrán de acuerdo para la mejora de la Carta Magna. "Y ahora", me dice un ex ministro que da clases sobre la cuestión "con los pactos de gobierno, con fuerzas que abominan de la Constitución y del Estado, menos que nunca".

El caso es que nuestra Constitución de 1978 pervive en su base, pero difícilmente resulta de plena y eficaz aplicación en varias de sus partes, comenzando por el Título VIII dedicado a las autonomías. Alguna vez he señalado la treintena larga de artículos que, a mi juicio, van resultando ya excesivamente polémicos como para que la Constitución, y el Tribunal Constitucional, desempeñen su labor fundamental: servir de guía acerca de lo que es o no tolerable en la acción política. Véase, como ejemplo, la enorme polémica sobre la constitucionalidad o no de la amnistía.

Así, de todas las celebraciones de los aniversarios constitucionales a las que ha asistido -y creo haber asistido a todas, si el recuerdo no me falla--, la de este año es la más desconcertada, aquella en la que se pronunciarán con menor convicción y veracidad las protestas de estar cumpliendo fiel y escrupulosamente la letra y el espíritu del texto. Así, creo que los fastos que este año tendrán lugar en un Legislativo 'diferente' serán especialmente insinceros: aquel 'espíritu del 78' ha saltado en pedazos y de ninguna manera podemos pretender que el valor de las instituciones, de la separación de poderes, el respeto a la Corona o a la integridad territorial del Estado son los mismos, que no han cambiado. Simplemente, eso no es cierto.

Alguna vez he escrito que esta Constitución de ninguna manera podrá permanecer inalterada cuando, dentro de quizá veinte años, Leonor I tenga la posibilidad de acceder al trono de España, si es que nada se tuerce perversamente. Confío en que los retoques -o algo más que eso- a una norma que de una manera tan detallada regula hasta las mínimas parcelas de la vida política y social no hayan llegado, para entonces, demasiado tarde. Porque hay algunos cambios deseables que me parece que ya llegan tarde por culpa de la pereza y la cobardía de sucesivas generaciones políticas, reticentes a 'abrir el melón' de unas reformas que podrían llevarnos, temían, demasiado lejos. O, simplemente, generaciones de nuestros representantes empeñados en vetar cualquier asomo de pacto transversal como aquel que, hace cuarenta y cinco años, posibilitó la apertura democrática y económica de la nación.

No, afortunada/desgraciadamente los tiempos son distintos y distantes, para lo bueno y para lo malo. Pretender que la misma regulación, incluso electoral, que imperaba hace casi medio siglo siga vigente en estos tiempos de mudanza acelerada es, simplemente, una manera de desvirtuar esta Constitución, en cuyos cimientos cabrían y sobran muchos elementos. No admitirlo, amparándose en que en España no cabe el acuerdo necesario para la reforma, y menos para abrir un período constituyente, nos condena a repetir mucho de lo peor de nuestro pasado y puede que resulte hasta insultante. Y peligroso, porque cuanto antes hay que ponerse a la tarea de fortalecer a la Corona y precisar mejor la territorialidad, dos bases de nuestro régimen político que están siendo sutilmente puestas en cuestión por fuerzas minoritarias, pero ahora más influyentes que nunca.