Sin una fecha fija, el ministro de Agricultura anunció en la última reunión de la Conferencia Sectorial la próxima constitución de un grupo de trabajo para analizar la situación del seguro agrario con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas. En principio, no estarían en ese grupo las otras partes que tienen también protagonismo en esta importante herramienta desde la perspectiva normativa, cuyas competencias recaen en la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía.

Se puede decir que los debates sobre el seguro agrario han sido una constante en los últimos años, auspiciados tanto por la Administración como por las partes más importantes que forman parte del mismo, como las entidades aseguradoras y el sector -a través de las organizaciones agrarias-. En este momento, esos debates se desarrollarán sobre el análisis de la evolución y los datos referidos a los últimos ejercicios, de los que se deduce que es preciso actuar para ajustar algunos aspectos claves en su aplicación que se están viendo afectados por los cambios en el comportamiento de las condiciones climáticas, entre las que destaca la sequía.

En principio, se puede hablar de un seguro agrario en el que, en el último año, se han batido todos los récords. En lo que se refiere a la contratación, en 2023 creció un 16% las para superar por primera vez los mil millones de euros, concretamente 1.011. Este incremento sería consecuencia del volumen de las pólizas suscritas, que se mantiene en el entorno de las 400.000; pero, sobre todo, por los mayores precios y el valor de los productos asegurados. Datos del pool de las entidades aseguradoras señalan la contratación en más de seis millones de hectáreas, entre las que predominan las de cereal, con más de tres millones, con un volumen total de 37 millones de toneladas. En el caso de los seguros pecuarios, hablamos de 416 millones de animales cubiertos.

En la parte del capital asegurado hay igualmente otra cifra récord -y ya es el noveno año en constante crecimiento-: 16.918 millones de euros. Esto es consecuencia, fundamentalmente, del aumento en la contratación de subsectores muy importantes como las hortalizas, donde el crecimiento ha sido del 12%, los cítricos (un 3%), la uva para vinificación (un 3%) y los seguros pecuarios (un 6%). Cabe señalar que se trata de un capital asegurado muy lejos de los 65.000 millones que supone la Producción Final Agraria y de los 37.000 que suponen solamente aquellas producciones agrícolas en las que la actividad aseguradora tiene una mayor implantación.

Finalmente, en lo que afecta a la siniestralidad, el año pasado registró igualmente una cantidad nunca antes vista: 1.230 millones de euros, según datos provisionales, como consecuencia, especialmente, de la sequía. Esta cifra supone un incremento de más del 50% sobre los datos del año anterior (8.096 millones) y muy por encima de una siniestralidad en campañas precedentes con cifras de entre 620 y poco más de 700 millones de euros.

Con todos estos datos en la mano sobre la evolución de la actividad aseguradora en todos sus aspectos, desde la Administración, pero, sobre todo, desde el sector agrario y de las entidades aseguradoras, se viene reclamando un debate mediante el que se trate de buscar un mayor equilibrio entre las posiciones de todas las partes implicadas que faciliten el mantenimiento del interés por estas coberturas tanto para los agricultores y ganaderos como para las entidades aseguradoras. El sector entiende que debe ser una política aseguradora atractiva para la contratación por precios y coberturas; por su parte, las compañías aseguradoras buscan, lógicamente, unos resultados entre primas y pagos por indemnizaciones que interesen desde una perspectiva empresarial.

Hasta la fecha, según denuncian responsables del seguro en ASAJA, la principal vía para ajustar los resultados en el seguro agrario ha estado en el encarecimiento de las primas , el ajuste de las coberturas o el apoyo al aseguramiento por explotación en lugar de por parcela. En la misma línea, la organización apunta que serían necesarios más fondos desde las Administraciones en un momento, además, en el que se han disparado las indemnizaciones. ASAJA demanda, además, que se consideren como excepcionales los siniestros extraordinarios que solo distorsionan la política aseguradora a la hora de hacer balances.

Aumento de fondos.

La actividad aseguradora ha sido considerada tradicionalmente uno de los ejes de la política agraria desde su constitución hace ya más de cuatro décadas. En ese objetivo, año tras año se han ido ampliando los fondos para compensar el coste de las primas. La realidad, sin embargo, es que hasta las últimas legislaturas socialistas no se habían registrado los incrementos de fondos más importantes para apoyar la contratación de las primas.

En términos presupuestarios, por no hacer referencia a años anteriores, en 2020 el presupuesto para los seguros agrarios fue de 211 millones de euros. En 2023 ese presupuesto ascendía a 257 millones y, con esa cifra de base, se fue incrementando en 60 millones con fondos extraordinarios para llegar hasta los 317 millones y con otros 40 millones en ese mismo ejercicio por los efectos de la sequía y la invasión de Ucrania hasta alcanzar los 358 millones de euros.

En base a esa cifra extraordinaria, pero muy alejada del presupuesto inicial, COAG denunciaba recientemente que el presupuesto de 284 millones para 2024 suponía un ajuste del 21% sobre el total de los fondos reales de 358 millones dispuestos para el pago de primas en 2023. Aunque fueran unos fondos compuestos parcialmente por partidas extraordinarias sobre un presupuesto base, con un sector agrario marcado por la siniestralidad, más costes y en muchos casos precios a la baja como los cereales no era mucho el esfuerzo presupuestario que se debía hacer desde el Gobierno para apoyar a un sector donde están jugando tantos factores en contra. Menos apoyos pueden dar lugar a problemas más graves, como sería abandono de cultivos en zonas de alto riesgo a causa de primas demasiado elevadas, lo cual acarrearía una pérdida de producción.

De cara al año que acabamos de comenzar, el nuevo Plan mantiene la misma filosofía de los planes anteriores. La subvención mínima se mantiene por encima del 40%, con un tratamiento especial para los jóvenes, para quienes el incremento es de 18 puntos; este aumento se queda en ocho puntos para otros colectivos como los profesionales, las explotaciones prioritarias y las entidades asociativas.