Sabe el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que debe proyectarse como una alternativa de gobierno si pretende llegar algún día a la Moncloa, y eso pasa por no limitar su acción de oposición al desgaste del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que para eso se basta el presidente sin ayudas externas. Los populares deben ser propositivos y, sobre todo, creíbles. Plantear qué tipo de país quieren y cómo piensan llevar a cabo su plan en un contexto cada vez más polarizado y cainita cuando se trata de repartir la riqueza para el justo progreso de todos los ciudadanos, y no sólo de aquellos que residen en los territorios con una determinante capacidad de decisión en el Parlamento.
Ayer, Feijóo clausuró en Zaragoza un foro de alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes en un acto al que acudió el vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso. Fuera o no una forma de dar la bienvenida a la ministra Alegría como nueva baronesa de Sánchez en Aragón, sirvió para hacer una serie de promesas que sí tienen impacto directo sobre las preocupaciones de los ciudadanos, como por ejemplo el rampante ascenso de la ocupación ilegal o de la presión fiscal. Dijo Feijóo que los alcaldes del PP bajarán el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los residentes en las ciudades que gobiernan. Bien, puede empezar por Burgos, donde el nuevo gobierno en minoría del PP asintió en su momento al caramelo envenenado de un 'tasazo' que ha subido el precio del agua casi un 15% en dos años (aunque una parte está pendiente de aplicación por la inoperancia municipal para dar cobertura legal a la subida) y tendrá que encajar el aumento del recibo de la basura, en este caso por imperativo estatal, a lo largo de este año. Pero el presidente popular pretendía más. Concretamente, llevar la labor de oposición al Ejecutivo nacional a los ayuntamientos, algo que ya sucede de forma clara con las comunidades autónomas -aunque de forma menos intensa desde la torpeza de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana- y que en cierto modo ya existe en los municipios. Se trata, por tanto, de acentuar el choque PP-PSOE en todas las administraciones, pero eso, en el caso de los ayuntamientos, tiene sus riesgos. Uno muy claro se llama Vox, y lo es por dos motivos.
El primero, que el partido de Abascal ya ha demostrado con saña que los cuadros territoriales no pintan nada salvo someterse la orden de lo que dicte el mando nacional, así que como socio no es muy fiable. Los programas territoriales no van con Vox. Tampoco los de ciudad, como ha quedado demostrado. El segundo riesgo es precisamente el de acabar pareciéndose a Vox y que la ciudadanía no vea en sus concejales a un aliado, sino a un instrumento del partido. Otro más.