El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales conforme al texto pactado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos el pasado mes de diciembre, del que se descolgó la patronal. Más allá de sus implicaciones económicas y laborales, la medida ha entrado de lleno en el terreno de la negociación política, con Junts, de nuevo, como actor clave en su tramitación parlamentaria.

Esta reforma no solo divide a los agentes sociales, sino que también afronta un futuro incierto en su tramitación parlamentaria. Junts, cuyos votos pueden resultar determinantes, reprocha que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se haya sentado a negociar con ellos, mientras mantiene la presión sobre el PSOE con la exigencia de materializar compromisos pendientes, desde la oficialidad del catalán en la UE hasta el traspaso de competencias en inmigración. Al mismo tiempo, la presión de la patronal catalana sobre Junts se ha intensificado, con empresarios viajando a Waterloo para reunirse con Puigdemont y trasladarle su oposición a la medida.

La incertidumbre sobre el desenlace parlamentario refleja cómo la reducción de jornada tiene visos de pasar de ser un debate económico-laboral a convertirse en moneda de cambio en la pugna política, al igual que ocurrió con el decreto ómnibus y las pensiones. La posibilidad de que Junts termine alineándose con la patronal catalana introduce un factor que el Ejecutivo intenta contrarrestar buscando otros apoyos. No lo va a tener fácil. De momento, la patronal, encabezada por Antonio Garamendi, ha reiterado su rechazo, denunciando que ha sido aprobada en un «monólogo social» sin contar con la voz de los empresarios que, sin modificaciones, no podrán absorber los costes adicionales sin trasladarlos al consumidor o reducir contrataciones.

El Partido Popular, por su parte, ha sido emplazado directamente por Díaz a «reconciliarse con los trabajadores», un llamamiento que puede interpretarse también como un síntoma de la incertidumbre del Gobierno sobre el apoyo de Junts, que hasta el último momento ha mantenido ambigüedad en su postura. La fuerte presión de la patronal catalana sobre la formación independentista podría decidir la balanza en contra del Ejecutivo, y es posible que Díaz esté buscando una alternativa de negociación con el PP ante el temor de que Junts termine priorizando los intereses empresariales en la votación final.

En resumen, que esta medida, en lugar de basarse en un amplio consenso político y social, ha quedado atrapada en el difícil y dañino juego de equilibrios de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.