La Guardia Civil ha  sorprendido a una empresa agrícola de la provincia aplicando productos tóxicos sin autorización. En la investigación, realizada conjuntamente con inspectores de la Junta de Castilla y León, se localizó el producto fitosanitario almacenado sin las pertinentes medidas de seguridad.

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Coca, junto con inspectores del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, comprobaron en una zona agrícola la aplicación del plaguicida denominado metam-sodio, sustancia tóxica y perjudicial para salud, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Fue en las proximidades de la localidad de Mozoncillo, donde guardias civiles, junto a los funcionarios de la administración autonómica, sorprendieron infraganti a un tractorista aplicando, en suelo agrícola destinado al cultivo de fresas, un producto altamente tóxico sin la debida identificación.

El empleo de este fitosanitario solo se permite mediante autorización excepcional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en determinados periodos y lugares, así como bajo estrictas condiciones, sin que en la presente campaña haya sido aprobada la resolución que habilita su uso.

El metam-sodio es un fumigante de suelos con amplio espectro de acción (nematicida, fungicida, insecticida y herbicida). En su aplicación se generan gases tóxicos, por lo que hay que realizarlo con importantes medidas de seguridad, además de sellarlos con plásticos para evitar su dispersión y asegurar su función.

En este sentido, la Guardia Civil constató, además, que la persona encargada de aplicar dicho producto, carecía de la acreditación necesaria para llevar a cabo la fumigación.

Posteriormente, los agentes e inspectores se trasladaron hasta las instalaciones de la empresa responsable de la utilización del plaguicida, donde fueron hallados numerosos depósitos del mismo producto, que no contaban con los criterios de seguridad adecuados para su almacenamiento.

Por todas las deficiencias observadas, se han formulado las correspondientes denuncias por presuntas infracciones administrativas en materia de sanidad vegetal, que han sido remitidas a la Junta de Castilla y León, por ser el organismo competente para instruir el consiguiente expediente sancionador.