La lengua, ese sistema verbal que sirve para que los pueblos se comuniquen entre ellos, no solo es un conjunto de reglas y de palabras con significados concretos, sino que también es un compendio de conceptos recogidos a través de los siglos. Solo así el español o castellano es lo que es en la actualidad tras centurias de aportaciones y matices culturales de todo signo.

Precisamente, quien sabe mucho de todos estos asuntos es el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, quien puntualiza que el diccionario «no inventa las palabras», sino que anota todas aquellas que «el pueblo utiliza», ya que si no las empleara o una acepción concreta no se usase, la RAE la eliminaría, puntualiza el académico, que acaba de publicar el libro Fundamentos del lenguaje claro (Espasa).

Y pone un ejemplo práctico no exento de cierta polémica: la inclusión de ávaro como acepción de judío, que argumenta que está en el diccionario porque se utiliza. «Si desapareciera del texto, nada asegura que no siga empleándose», advierte.

Muñoz Machado explica que no han recibido aún notificación del juzgado argentino que ordenó este pasado septiembre suprimir «inmediatamente» la quinta acepción de la palabra judío/a: «Dicho de una persona: Avariciosa o usurera», un uso que el diccionario aclara que es «ofensivo o discriminatorio».

«Si esa palabra está ahí es porque hemos constatado que muchos ciudadanos usan esa acepción y no refleja en absoluto una intención de la Academia, que hace de puro notario», remarca su director.

En todo caso, en la RAE casi a diario se reciben protestas de colectivos que no están conformes con «las más diversas entradas», anota Muñoz Machado, pero «el diccionario no está para dar conformidad a los gustos del personal», advierte. Al mismo tiempo, también les llegan «muchísimas indicaciones a favor de que la RAE mantenga a ultranza los vocablos que están verificados», asegura.

A la vista de estas peticiones dispares lo que las academias tienen como guía, explica, son los grandes corpus lingüísticos -conjunto de textos- que recogen los usos que están vigentes en el idioma. Para elaborar estos corpus se cuantifican las veces que una palabra o expresión ha aparecido en periódicos, libros o medios audiovisuales.

Otro de los puntos controvertidos es una posible inclusión de la terminación e para dar cabida al género no binario -el de quienes no se sienten en exclusiva ni hombres ni mujeres-. A este respecto, el académico subraya que el diccionario incluiría esta nueva forma «sin ninguna duda, si se normalizaran esas voces nuevas». Aunque, de momento, «no parece que tengamos vocablos adecuados y adaptados a la situación», admite, por lo que se decanta por el empleo de la palabra persona para evitar el uso de un género concreto (por ejemplo persona trabajadora en lugar de trabajador).

Contra la descolonización

Muñoz Machado afirma que nadie les ha pedido «descolonizar el diccionario», que es una obra de 300 años, recuerda, y patrimonio de las 23 academias de la lengua española en el mundo. «Al contrario, fabricamos un diccionario en el que hay una gran incorporación de términos americanos». Pero también destaca que tras estos tres siglos regulando con América las grandes cuestiones lingüísticas, «resultaría una catástrofe que por la ocasión de lenguaje inclusivo, políticamente correcto o claro aparecieran 1.000 propuestas que lo que contribuyen es a la oscuridad».

«Si se establecen muchas regulaciones sobre cómo tienen que hablar los ciudadanos y qué es lo que tienen que decir, la consecuencia es que se confunden. Y de ahí resulta la oscuridad y la dificultad», reflexiona.

Así, uno de los objetivos principales del primer académico de la RAE es transmitir transparencia al lenguaje y que este sea comprendido por todos. Por eso ha escrito Fundamentos del lenguaje claro, al tiempo que reconoce que «la Academia hace lo que puede», entre otras cosas apoyando los movimientos ciudadanos con este mismo objetivo de claridad y facilidad.

«Si tuviéramos un poder de reglamentar, y detrás de él la posibilidad de sancionar a los infractores de nuestras normas, en este caso es posible que lo hiciéramos, porque realmente las comunicaciones a los ciudadanos que no se entienden son una ofensa y además impiden el ejercicio de los demás derechos», opina.

Una opacidad que se arrastra desde hace varias centurias -«en el Siglo de Oro se decía que era un subterfugio para que los abogados pudieran ganar más dinero y los legisladores hacer de su capa un sayo»- y ahora se ha extendido a otros ámbitos, principalmente a la administración.

A pesar de ello, el lenguaje, y en este caso el español, es el canal común con el que se comunican cerca de 600 millones de personas en todo el mundo, un gran poder  que une a sus hablantes.