La Fiscalía Provincial de Segovia solicita penas que suman nueve años de cárcel para el dueño de un taller de recambios y venta de motos y una exempleada de banco de Segovia por estafa y falsedad en documento mercantil. Entre 2019 y 2021 el dueño del taller formalizó presuntamente 63 préstamos al consumo para su propio beneficio utilizando la identidad de terceras personas, entre ellas familiares, amigos y clientes. Según la Fiscalía, a cambio de una parte de las cantidades estafadas contó con la ayuda de una trabajadora del banco en el que solicitaba los préstamos.

El acusado simulaba supuestamente la intervención de esas personas en la solicitud de los créditos a través de documentos que tenía de ellas y falsificando en algunos casos sus firmas. El dinero iba a una cuenta de su empresa. A pesar de saber que su origen era ilícito, remarca el ministerio público, la empleada bancaria tramitaba las operaciones.

A mediados de 2021, al conocer los hechos, la entidad financiera canceló los préstamos y asumió los perjuicios provocados a las personas a cuyo nombre solicitaba los préstamos el acusado, que consiguió apropiarse de 892.400,39 euros, según la Fiscalía.

Esta solicita para él cinco años de prisión, once meses de multa con una cuota diaria de quince euros y otra multa para su empresa de 2,7 millones de euros. La extrabajadora del banco se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel y diez meses de multa con una cuota diaria de quince euros. Además, de ser condenados, los acusados tendrán que indemnizar al banco con 892.400,39 euros más los intereses.

En el juicio, el dueño del taller reconoció una parte de los hechos. Admitió haber solicitado una decena de préstamos para su lucro a nombre de familiares, amigos y clientes, pero aseguró que muchos de los otros créditos de este caso fueron tramitados por la empleada del banco sin su conocimiento. Según su declaración, concertaba citas con la trabajadora bancaria para hacerla entregas de dinero en metálico que ella iba a utilizar para comprar teléfonos móviles y vídeoconsolas a sus hijos, según conversaciones de  WhatsApp entre ambos aportadas en el juicio.

El entramado se destapó después de que un abogado se presentara en la entidad financiera en representación de ocho personas. Una de ellas había solicitado un préstamo en otra entidad financiera y había descubierto que tenía una deuda con el banco que concedía los préstamos fraudulentos. Este abrió una investigación interna y comprobó -según declaró su directora de recuperación de activos- que la trabajadora acusada había concedido numerosos préstamos al consumo sin contrato, sin firmas y sin llevar a cabo las verificaciones previas preceptivas aprovechando que era la responsable de este tipo de créditos en la entidad.

En el juicio, la acusada negó su participación en esta estafa y en esta falsificación de documento mercantil a la entidad financiera. Por ello, su defensa solicita su libre absolución, una posibilidad real dado que no hay rastro de transferencias por parte del otro acusado al haberse producido supuestamente los pagos en metálico.

El abogado del dueño del taller admite su culpabilidad, pero pide rebajar la pena de prisión a seis meses por las atenuantes de dilaciones y de confesión al haber reconocido la estafa al comenzar la investigación. Fuentes conocedoras del acusado han apuntado a su alto tren de vida como causa de su comportamiento. En este caso creó una suerte de sistema piramidal. Con cada nuevo préstamo pagaba las cuotas de los anteriores en una huida hacia adelante que ha acabado en el juzgado y es posible que en la cárcel.

Como la Fiscalía, la acusación particular -ejercida por el banco que concedió los préstamos- también solicitan penas de prisión para su exempleada y el dueño del taller, pero ha retirado la acusación contra el taller como empresa, que de esta manera se libraría del pago de la multa de 2,7 millones de euros.