El voto en contra de Vox a los presupuestos municipales de Burgos para 2025 desencadenó la ruptura del pacto de Gobierno que mantenían esta formación y el PP en el Ayuntamiento desde las últimas elecciones. Los populares no consiguieron sacar adelante las cuentas, ya que solo contaron con el respaldo de sus once concejales frente al rechazo de los cuatro ediles de su socio de gobierno y los doce de los socialistas. Unas cuentas vinculadas a una enmienda propuesta por los populares para restablecer las ayudas a las tres organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes en la ciudad.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se someterá el próximo jueves, 28 de noviembre, a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos, según anunció tras la celebración del pleno que acabó con el pacto de gobierno. Para la presentación de la cuestión de confianza es un requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no haya obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, que es lo que ocurrió en la sesión plenaria ordinaria de ayer.

Los cuatro concejales de Vox confirmaron que seguirán en el Consistorio, aunque en la oposición una vez que Ayala confirmó que había firmado el decreto de sus ceses.

El debate para la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para 2025, que asciende a 250 millones, comenzó pasadas las 13 horas, tras alterarse el orden del día del pleno para debatirse en último lugar, según informa Ical.

El proyecto estaba vinculado a una enmienda del Grupo Popular para restablecer las ayudas de 119.500 euros a las tres organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con los inmigrantes que llegan a la ciudad, Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural, tras rectificar debido al clamor de la calle.

El portavoz de Vox y vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, insistió en pedir a los populares que firmaran la adenda al pacto de gobierno en la que se expresa por escrito que no se destine el dinero a las ONG para inmigración «ilegal», condición para que votaran a favor de las cuentas.

Ruptura.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, lamentó la ruptura del pacto. «Es una lástima no poder dar estabilidad porque nuestra ciudad lo merece y lo necesita», manifestó. Sin embargo, remarcó que el equipo de Gobierno en minoría del PP «seguirá con los mismos objetivos y trabajará para sacarlos».

 Ayala dejó su rechazo al ofrecimiento del PSOE porque «siempre ha sido el no por sistema», por lo que confió, en referencia a Vox, en que «seamos capaces de seguir colaborando aunque el hecho de no haber apoyado el presupuesto suponga que tengáis que hacerlo fuera del equipo de Gobierno».

Finalmente, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, criticó a la regidora y al PP por haber causado «la mayor crisis de gobierno desde hace 23 años» y lamentó que no acepte la mano tendida de la formación.

Cuestión de confianza.

En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera la próxima semana el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, la alcaldesa cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo.

Si bien, según la Ley de Régimen Electoral, cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, que es el caso de Burgos, «se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo o si ésta no prospera».